Document Tag: Garantías contractuales

Consejo de Estado. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. Los perjuicios reclamados correspondían a gastos causados antes de la expedición de los actos administrativos demandados. El término de caducidad debía contarse desde la liquidación del contrato o, respecto de los gastos posteriores, desde su causación. CONTRATO DE COMPRAVENTA. Aunque es, por regla general, un contrato de ejecución instantánea, las partes pueden pactar obligaciones cuyo cumplimiento se extienda en el tiempo, como ocurre cuando el precio se paga en varias cuotas o la entrega de los bienes se difiere o escalona. GARANTÍAS Y AMPAROS. Garantía técnica. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL. Las partes suscribieron acta de liquidación bilateral declarándose a paz y salvo. No se registraron salvedades. CONTRATO DE SEGURO. Naturaleza. Carácter estrictamente indemnizatorio. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. TIPOS DE AMPARO. Aunque el seguro de cumplimiento a favor de entidades públicas recibe la denominación de garantía única de cumplimiento, los amparos que lo integran son diferentes y se distinguen según la naturaleza de las obligaciones cuyo cumplimiento respaldan. Así, se diferencian los relativos al cumplimiento de las obligaciones principales del contrato estatal de aquellos asociados a las obligaciones de garantía y seguridad a cargo del contratista. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Diferencia. El recibo a satisfacción y la liquidación del contrato no impedían hacer efectivo el amparo por defectos de funcionamiento manifestados posteriormente. CAUSA DE LOS DEFECTOS DE FUNCIONAMIENTO. La prueba del defecto de funcionamiento corresponde al acreedor de la garantía; la de los hechos que excluyen la imputación jurídica por no obtenerse el resultado garantizado, al deudor. La Unión Temporal tenía la carga de probar que las condiciones locativas, ambientales o eléctricas de las aulas causaron los defectos posteriores del simulador (2026)

Esta Corporación ha distinguido, adicionalmente, entre el amparo de calidad del bien y el de correcto funcionamiento. Ha señalado que el primero cubre los perjuicios patrimoniales derivados del incumplimiento de las obligaciones del contratista relativas a las especificaciones y requisitos mínimos pactados en el contrato, mientras que el segundo amparo cobija los perjuicios asociados al deficiente funcionamiento de los bienes o equipos suministrados. No obstante, también ha reconocido la complementariedad entre ambos, pues la calidad de los bienes o equipos suministrados incide directamente en su correcto funcionamiento”.

Consejo de Estado. NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO. La decisión de declarar la nulidad absoluta del contrato no fue objeto de apelación. El aquo declaró la nulidad absoluta del contrato tras advertir que el negocio jurídico resultaba inejecutable desde su celebración, debido a una deficiente planeación contractual —que atribuyó a ambos extremos contratantes— y a la ausencia de condiciones mínimas para su ejecución. FACULTAD DE DECLARAR OFICIOSAMENTE LA NULIDAD ABSOLUTA CUANDO ESTA APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA. Procedencia. Habilitación. La posibilidad de revisar de oficio una nulidad ya declarada por el a quo no encuentra consagración legal específica. COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA. Se encuentra delimitada por los reparos concretos formulados en el recurso de apelación y por el principio de congruencia. AUTONOMÍA DEL CONTRATO DE SEGURO FRENTE AL CONTRATO AMPARADO. La nulidad absoluta del contrato estatal garantizado no comporta, por sí sola, la invalidez del contrato de seguro ni priva de eficacia el pago efectuado en ejecución de la garantía, pues se trata de negocios jurídicos principales e independientes, sometidos a sus propias normas y estipulaciones. CONSECUENCIAS PATRIMONIALES DE LA NULIDAD ABSOLUTA. No procede mantener la condena de reintegro del anticipo cuando la obligación patrimonial correspondiente ya fue satisfecha a favor de la entidad estatal mediante el pago efectuado por la aseguradora en ejecución de la garantía de cumplimiento. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. El pago efectuado por la aseguradora por concepto del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo extingue, hasta concurrencia del valor pagado, la obligación patrimonial correspondiente frente a la entidad estatal beneficiaria (2026)

“… la declaratoria de invalidez del contrato principal no extingue, por sí misma, las obligaciones surgidas del contrato de seguro ni priva de eficacia los pagos efectuados en ejecución de la garantía, máxime cuando el desembolso produjo un resultado cierto y verificable, esto es, el ingreso efectivo de los recursos al patrimonio municipal.”

Concepto CCE. GARANTÍAS CONTRACTUALES. Exigencia. Obligación del proponente. Obligación del contratista. Finalidad. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Vigencia. Liquidación del contrato. Falta de ampliación. ¿La falta de ampliación de la garantía de cumplimiento para cubrir el período de liquidación constituye un impedimento jurídico para adelantar o suscribir la liquidación de un contrato estatal cuando las obligaciones contractuales fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción y no existen incumplimientos atribuibles al contratista?;  ii) ¿Cuál es el alcance de la obligación de mantener vigente la garantía de cumplimiento durante la etapa de liquidación y cuáles son los deberes de la entidad estatal frente a la exigencia de su ampliación? (2026)

“…. cuando las obligaciones contractuales han sido ejecutadas y recibidas a satisfacción y no se evidencian incumplimientos atribuibles al contratista, la entidad estatal deberá analizar las circunstancias particulares del caso, la existencia de obligaciones pendientes, los riesgos subsistentes y los efectos que pueda generar la ausencia de cobertura, antes de adoptar la decisión correspondiente.

Lo anterior no significa que la falta de ampliación de la garantía resulte jurídicamente irrelevante, sino que su ocurrencia no aparece regulada, por sí sola, como un impedimento automático para adelantar el trámite de liquidación.”

Concepto CCE. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Concepto. Naturaleza jurídica. Finalidad. TIPOS DE LIQUIDACIÓN. Bilateral, unilateral y liquidación judicial. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS. ÓRDENES DE COMPRA. Liquidación. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. Amparos. Definición. Coberturas. Vigencia mínima. Definición de amparos. Reglas sobre suficiencia y vigencia. ¿Cuál es el marco jurídico aplicable a las garantías contractuales y a la liquidación de los contratos estatales, y cuáles son sus implicaciones frente al vencimiento de los amparos y los términos legales para liquidar? (2026)

En el caso de la liquidación de las órdenes de compra derivadas de un Acuerdo Marco de Precios (AMP) o Instrumento de Agregación de Demanda (IAD), la entidad compradora debe atenerse prioritariamente a lo establecido en las cláusulas y condiciones particulares del respectivo Acuerdo Marco de Precios y a los plazos fijados en la Orden de Compra generada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En subsidio o ante vacíos en el Instrumento de Agregación de Demanda, aplicarán las reglas generales de liquidación contractual y los términos consagrados en la Ley 1150 de 2007.

Concepto CCE. GARANTÍAS CONTRACTUALES. Exigencia. Procesos de contractuales. Clases. AMPARO DE CUMPLIMIENTO. Finalidad. Vigencia. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Exigencia. Vigencia. ¿La vigencia de la garantía de cumplimiento debe extenderse hasta la liquidación del contrato estatal y dicha extensión aplica para todos los amparos contenidos en la garantía única de cumplimento? ¿Cuál es la vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual? (2026)

“… el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, señala expresamente que “[l]a garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato”. Sin embargo, es de menester aclara que, la anterior disposición no se refiere a la garantía única de cumplimiento en su totalidad, sino exclusivamente al amparo de cumplimiento, al que se viene haciendo referencia, lo cual explica que los artículos anteriores y subsiguientes establezcan términos diferentes para los demás amparos que conforman la garantía única de cumplimiento. Así, por ejemplo, el artículo 2.2.1.2.3.1.13 ibidem prescribe que la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años adicionales y, a su vez, el artículo 2.2.1.2.3.1.14 establece un término no inferior a cinco (5) años para la garantía de estabilidad de la obra.”

Concepto CCE. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Concepto. Naturaleza jurídica. Finalidad. Tipos de liquidación. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. Amparos. Concepto. Coberturas. Vigencia mínima. ¿la exigencia de mantener o ampliar la vigencia de las garantías constituye un requisito para suscribir la liquidación de los convenios y contratos estatales —incluidos los interadministrativos— cuyo objeto se ejecutó en su totalidad, y ii) qué amparos deben permanecer vigentes durante la etapa de liquidación conforme al régimen del Decreto 1082 de 2015 y a los términos legales para liquidar? (2026)

Cuando resulte aplicable el régimen general de garantías, el amparo de cumplimiento debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación, y el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 impone exigir la extensión o ampliación que corresponda para las obligaciones posteriores. Por ello, la entidad debe requerir esa ampliación cuando resulte legal y contractualmente procedente y documentar sus actuaciones, de modo que no es exacto afirmar, en abstracto, que la ampliación nunca constituye una exigencia legal. Ahora bien, su ausencia no suspende ni amplía los términos para liquidar o demandar, ni autoriza una espera indefinida: la liquidación debe reflejar el estado real de las obligaciones y coberturas, sin extender un paz y salvo a los asuntos pendientes que deban reservarse.

Consejo de Estado. LICITACIÓN PÚBLICA. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Es el idóneo para cuestionar la legalidad de actos administrativos contractuales. No toda irregularidad formal o procedimental que se presenta en la expedición de un acto administrativo tiene la connotación de erigirse en un vicio anulatorio del mismo. FACULTAD DE LAS ASEGURADORAS PARA COMPARECER A LOS PROCESOS JUDICIALES COMO LITISCONSORTES CUASINECESARIOS. Las aseguradoras que amparan riesgos derivados de contratos estatales están facultadas para comparecer en los procesos en los que, entre otros, se declara la ocurrencia del siniestro o en aquellos en los que estas participan en el desarrollo de actuaciones administrativas contractuales, en calidad de litisconsortes cuasinecesarios del contratista. FACULTAD SANCIONATORIA CONTRACTUAL DE LA LEY 1474 DE 2011. No corresponde acudir al CPACA salvo que haya una ausencia total de regulación sobre algún aspecto. No es dable variar dicho procedimiento a capricho de los interesados. DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. Concepto. Alcance. SALVEDADES. Consisten en efectuar reparos durante el iter contractual sobre aspectos que no se comparten. No proceden respecto al uso de prerrogativas de la Administración. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL. No se trataba de una simple presentación formal de documentos, sino del cumplimiento material de la obligación de elaborar y presentar estudios y diseños que reunieran las exigencias técnicas previstas en el contrato. Debía ajustarse a los parámetros técnicos establecidos en el contrato. FALSA MOTIVACIÓN COMO VICIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Concepto. COMPETENCIA TEMPORAL PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Puede declararse el incumplimiento hasta la liquidación del contrato siempre y cuando la medida se adopte para hacer efectiva la cláusula penal compensatoria o resarcitoria más no para imponer multas pues esta última prerrogativa debe ser ejercida durante la ejecución del contrato como sanción para compeler al contratista al cumplimiento de las obligaciones a su cargo. LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. Es subsidiaria a la liquidación bilateral. La finalización del plazo de ejecución del contrato marca el inicio de la etapa de liquidación del contrato estatal, comenzando a correr el término para que la misma tenga lugar de mutuo acuerdo, cuando las partes no hubieren convenido el plazo para llevar a cabo la liquidación de manera bilateral. RENUNCIA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR INHABILIDAD SOBREVINIENTE. La entidad pública no impidió la cesión del contrato, por el contrario la promovió para garantizar la ejecución del objeto contractual (2026)

COMPETENCIA TEMPORAL PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Puede declararse el incumplimiento hasta la liquidación del contrato siempre y cuando la medida se adopte para hacer efectiva la cláusula penal compensatoria o resarcitoria más no para imponer multas pues esta última prerrogativa debe ser ejercida durante la ejecución del contrato como sanción para compeler al contratista al cumplimiento de las obligaciones a su cargo

Consejo de Estado. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO. Aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) cuando se celebra el negocio jurídico para el cumplimiento del objeto institucional de la entidad. PÓLIZAS DE SEGURO COMO GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ESTATALES.  Son instrumentos que respaldan la ejecución adecuada del contrato estatal y permiten a la administración exigir la indemnización por los perjuicios derivados del incumplimiento. Las garantías contractuales no pueden confundirse con las potestades sancionatorias de la Administración ni con las penas convencionales. Evolución normativa desde la Ley 80 de 1993. ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS EN LA DECLARATORIA DE SINIESTROS. Posturas jurisprudenciales divergentes al respecto – su alcance depende de la normativa vigente. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA. Esquema en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad contratante, asume la ejecución del objeto convenido con recursos que este le suministra, bajo la obligación de rendir cuentas – modalidad de pago dentro los contratos de obra pública. EL ANTICIPO BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA. NO existe como tal porque los recursos que la entidad transfiere al fondo rotatorio no constituyen un adelanto del pago de los honorarios del contratista, sino que son dineros de la Administración destinados a la ejecución directa de la obra, respecto de los cuales el contratista actúa como mero gestor.  La cobertura de la garantía «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio» se activaba frente a la indebida administración o falta de legalización de los recursos, y no frente a la sola medida física del avance de la obra. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. La cobertura no fue extendida de manera indebida, pues el amparo referido no se limitaba a garantizar el cumplimiento de la ejecución física de la obra, sino a asegurar la destinación correcta de los recursos públicos administrados, lo que incluía la devolución de los rendimientos generados por el capital girado al fondo rotatorio. FALSA MOTIVACIÓN. Causal de nulidad que denota una divergencia entre la realidad y las consideraciones fácticas y/o jurídicas en las que se funda el acto administrativo. ALCANCE DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN Y SU COBERTURA. Debe atender a lo expresamente pactado en el contrato de seguro y a las condiciones particulares del riesgo amparado, así como a la naturaleza del negocio jurídico celebrado. RÉGIMEN DE LOS COASEGUROS. Mecanismo previsto en el Código de Comercio en virtud del cual varias aseguradoras asumen un mismo riesgo en proporciones determinadas. las obligaciones son independientes y proporcionales al riesgo garantizado, sin que exista solidaridad entre ellas, salvo pacto expreso en contrario. ESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – en virtud del inciso 3° del artículo 187 del CPACA, los jueces administrativos tienen la potestad de estatuir disposiciones nuevas en remplazo de las acusadas, con el fin de restablecer el derecho particular (2026)

“… se declarará la nulidad parcial del referido ordinal, toda vez que, si bien no se advierte la vulneración del derecho al debido proceso de la aseguradora, sí se configura una falsa motivación por la omisión de considerar el régimen de coaseguro que regía la póliza de cumplimiento al momento de calcular el porcentaje que correspondía sufragar a cada compañía por concepto de la indemnización amparada.

En cuanto al debido proceso, como se desarrollará más adelante, se estima que no le asiste razón al a quo al sostener que la actuación administrativa desconoció las garantías de defensa de la aseguradora, bajo la premisa de que esta se habría visto privada de una participación real y efectiva en la etapa previa a la declaratoria del siniestro. Lo anterior porque, en criterio de la Sala, los actos administrativos cuestionados fueron expedidos en el año 2014, bajo la vigencia del Decreto 1510 de 2013, normativa que circunscribió el alcance del debido proceso, en materia de efectividad de garantías contractuales, a la expedición de un acto administrativo debidamente motivado y notificado contra el que proceden los recursos en sede administrativa o la acción contenciosa correspondiente, sin que fuese imperativa la implementación de un procedimiento previo especial de contradicción y de defensa para las aseguradoras.”

Consejo de Estado. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. La dirección y control en la celebración y ejecución del contrato que detenta la administración se desarrolla, entre otras -y cuando a ello haya lugar-, a través del ejercicio de las cláusulas excepcionales al derecho común -enunciadas en los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993. MODIFICATORIOS CONTRACTUALES. Son expresión genuina de la libertad contractual y de la autonomía negocial. PACTA SUNT SERVANDA Y BUENA FE OBJETIVA. Impiden, en principio, separarse del contenido de los acuerdos celebrados en el marco de la relación negocial. NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL Y SUS MODIFICATORIOS. CAUSALES. Artículo 44 ley 80 de 1993. La invalidación judicial de aquellos acuerdos, incluso si no media pretensión anulatoria, está sujeta a la plena demostración del vicio que erosiona su legalidad, además de la intervención en el proceso de las partes o sus causahabientes. ACTOS ADMINISTRATIVOS. FALSA MOTIVACIÓN. El concesionario tenía la obligación procesal de acreditar que lo considerado y decidido por la administración configura el vicio de nulidad invocado en su escrito introductorio, en este caso, la falsa motivación. Sin embargo, se aprecia que ese ejercicio demostrativo no se cumplió. CADUCIDAD DEL CONTRATO. La caducidad fue declarada restando solo 2 días para que expirara el plazo contractual. Potestad de orden público, inalienable, irrenunciable e intransmisible. Reiteración de jurisprudencia. DEBIDO PROCESO. No presupone la obligación de decretar todas las pruebas que soliciten el contratista o el garante, como soporte de su defensa. GRAVEDAD DEL INCUMPLIMIENTO. El contratista alega que ejecutó el 95% del contrato. La gravedad no deriva exclusivamente de que quedara pendiente una porción del objeto contractual al vencimiento del plazo pactado. Lo determinante es que las actividades faltantes impedían la culminación integral del proyecto y frustraban la finalidad pública perseguida con el contrato, circunstancia que comprometió de manera directa la ejecución del objeto concesionado e hizo inviable su terminación dentro de las condiciones previstas por las partes.   ESTADO DE AGRAVACIÓN DEL RIESGO.  En los términos del artículo 1060 del C.Co., la omisión en su notificación no se proyecta como un vicio de nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento del contrato principal. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Exige consonancia entre los hechos, lo pretendido, lo excepcionado, las declaraciones que deben efectuarse de forma oficiosa, lo considerado y lo decidido. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Alcance. Reiteración de jurisprudencia. Cálculo anticipado de los perjuicios que para la entidad se derivan del incumplimiento del contratista. A pesar de que la cláusula penal comporta una tasación anticipada de perjuicios, es posible que el monto estipulado no cubra la totalidad de los irrogados por el incumplimiento, o que aquella afectación haya sido de una magnitud inferior al valor fijado en dicha penalidad. Cuando se ha pactado la cláusula penal, la entidad no está obligada a acreditar el monto de los perjuicios sufridos y podrá cobrar el monto total de la cláusula penal, pero si considera que los perjuicios fueron superiores al mismo, deberá demandar ante el juez del contrato para acreditarlo dentro del respectivo proceso. REDUCCIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL (2026)

“… la Sala encuentra que los requisitos normativos para la declaratoria de caducidad del contrato de concesión objeto del sub examine, materia de análisis en esta instancia, fueron satisfechos, en tanto: (i) se acreditó el incumplimiento del contratista; (ii) se probó su relación directa con el objeto pactado; (iii) se demostró la afectación grave a la ejecución del pacto, a tal punto que (iv) derivó en su paralización, en tanto a la expiración del plazo de ejecución el proyecto quedaría inconcluso.

Concepto CCE. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Amparos. Riesgos cubiertos. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Naturaleza. Elemento accidental. Autonomía de la voluntad. AMPARO DE CUMPLIMIENTO. Suficiencia. Regla general del diez por ciento. AMPAROS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. Cobertura. Vigencia posterior al recibo. ¿El monto de la cláusula penal pecuniaria pactada en un contrato estatal debe coincidir con el valor asegurado del amparo de cumplimiento de la garantía única, y los amparos de calidad del servicio y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes cubren hechos ocurridos durante la ejecución del contrato o defectos que se advierten después de su terminación? (2026)

Ninguna norma del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública exige que el monto de la cláusula penal pecuniaria sea equivalente al valor asegurado del amparo de cumplimiento ni que corresponda al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El diez por ciento es, por regla general, el valor mínimo de suficiencia del amparo de cumplimiento, mientras que la cláusula penal mantiene la libertad de pacto: su monto lo definen las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, atendiendo los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Ahora bien, como el amparo de cumplimiento cubre, entre otros riesgos, el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria, y esta puede hacerse efectiva, entre otros mecanismos, a través de las pólizas otorgadas para asegurar el riesgo de incumplimiento (parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007), la circunstancia de que el amparo de cumplimiento cubra el pago del valor de las multas y de la cláusula penal no implica que exista identidad normativa entre el monto de esta última y el valor asegurado. La suficiencia del amparo se determina conforme a las reglas del artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, sin perjuicio de que la entidad, en atención al análisis de los riesgos del contrato y dentro del marco normativo aplicable, determine una cobertura superior al mínimo exigido.