“cuando la garantía no haya sido ampliada, la entidad estatal deberá examinar las circunstancias particulares del caso antes de adoptar una decisión. Para ello, deberá considerar, entre otros aspectos, si existen obligaciones contractuales pendientes, cuáles son los riesgos que subsisten al momento de la liquidación, la naturaleza de las obligaciones amparadas, la existencia de reclamaciones o controversias pendientes y las consecuencias que podrían derivarse de la ausencia de cobertura. De igual manera, deberá evaluar las medidas contractuales y administrativas que resulten procedentes frente a la omisión del contratista de mantener vigente la garantía exigida por la ley y por el contrato.

En consecuencia, la garantía de cumplimiento debe permanecer vigente hasta la liquidación del contrato y la entidad estatal tiene el deber de verificar y exigir el cumplimiento de esta obligación. Sin embargo, la falta de ampliación de la garantía no constituye, por sí sola, un impedimento legal automático para efectuar la liquidación bilateral, dado que dicha consecuencia no se encuentra expresamente prevista en la normativa aplicable. Por tanto, la entidad deberá determinar la procedencia de la liquidación y las medidas que correspondan atendiendo a las particularidades del contrato, las obligaciones pendientes y los riesgos jurídicos y contractuales identificados.”

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