BOLETINES DE ACTUALIZACIÓN

ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN

ÍNDICE TEMÁTICO

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Consejo de Estado. PLANEACIÓN CONTRACTUAL. Los defectos de planeación no constituyen, por sí mismos, situaciones imprevistas susceptibles de afectar la ecuación económica del contrato, pues sostener lo contrario conduciría a confundir las instituciones del incumplimiento contractual y del desequilibrio económico del contrato. IMPUESTOS MUNICIPALES. PLANEACIÓN CONTRACTUAL. DEBER DEL CONTRATISTA. Deber de información. Debida diligencia DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL. ACUERDOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS POR LAS PARTES. Tanto en el acta de suspensión como en sus sucesivas prórrogas, el Consorcio y el Municipio regularon los efectos económicos derivados de estos actos (2026)

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Consejo de Estado. COASEGURADORAS. Están legitimadas para pretender la nulidad de los actos administrativos contractuales por medio de los cuales se adoptaron decisiones que impactaron directamente su situación jurídica. No tienen, en cambio, legitimación para pretender la declaratoria del incumplimiento del contrato de concesión. INTERÉS DIRECTO DE LAS COASEGURADORAS PARA SOLICITAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL OTROSÍ. Este acuerdo modificatorio se celebró con el único objeto de que el Distrito no perdiera la competencia para proferir las resoluciones enjuiciadas, por lo que la eventual nulidad absoluta del otrosí traería consigo la nulidad, por falta de competencia temporal, de los actos administrativos a través de los cuales se adoptaron decisiones que afectaron directamente los intereses de las coaseguradoras. En ese orden de ideas, es claro que las demandantes alegaron la nulidad absoluta del otrosí en la medida en que las decisiones que se adoptaran al respecto incidían directamente en su situación jurídica, mas no porque pretendieran cuestionar en abstracto la legalidad de este negocio jurídico, caso en el cual no tendrían legitimación en la causa. NULIDAD ABSOLUTA DE OTROSÍ. Niega pretensión. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. DEBIDO PROCESO. Los actos fueron proferidos por el Distrito con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. Negación de prueba pericial que tenía por objeto demostrar el porcentaje de ejecución del contrato de concesión y controvertir lo señalado al respecto en un informe de interventoría. La irregularidad que se presenta en el procedimiento administrativo contractual impide a los contratistas o a los garantes el ejercicio de garantías y derechos asociados al debido proceso, como las garantías relativas a “aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad” y el derecho de defensa y contradicción (2026)

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Consejo de Estado. Régimen privado. CONTRATO A PRECIO GLOBAL. Excluye la posibilidad de reclamar mayores cantidades de obra o actividades adicionales. Excepciones. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. MATRIZ DE RIESGOS. En principio no es procedente que el contratista alegue un incumplimiento contractual por la entrega defectuosa o incompleta de los estudios y diseños de la estructura y la arquitectura del proyecto, ni por la falta de entrega de diseños sobre aspectos técnicos exigidos por la normativa, que el contratista, como profesional experto, debía tener en cuenta al presentar su oferta. EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. Mayores costos por la pandemia COVID-19. Retención de contribución especial. Estampilla pro universidad nacional. NO accede porque no se cumplen los presupuestos del artículo 868 del Código de Comercio para la revisión del contrato por hechos imprevistos. ACUERDOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS POR LAS PARTES. Conforme a los acuerdos celebrados durante la primera etapa del contrato, las partes afrontaron y superaron de mutuo acuerdo los problemas relativos a la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, en especial las falencias sustanciales de aquellos relativos a la estructura y arquitectura de la obra. SILENCIO O AUSENCIA DE SALVEDADES. El silencio o la ausencia de salvedades del contratista en los acuerdos modificatorios, adiciones o prórrogas no puede ser interpretado por el juez del contrato como una declaración dispositiva de intereses, con la capacidad de enervar automáticamente las posteriores reclamaciones relativas al reequilibrio de la ecuación económica del contrato o la indemnización plena de perjuicios. deberá estudiarse, en cada caso, si esas pretensiones judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y según lo que resulte probado. EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVENIDA. No resulta procedente analizar el reajuste de las prestaciones pactadas a favor del contratista por hechos imprevisible sobrevenidos durante la ejecución del contrato con fundamento en el principio de buena fe. PATRIMONIO AUTÓNOMO. Las entidades no responden directamente por las obligaciones contractuales asumidas por el patrimonio autónomo, salvo que exista una causal específica de responsabilidad propia y autónoma (2026)

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Consejo de Estado. CESIÓN DE CONTRATO. Las partes acordaron la cesión de la posición contractual del Consorcio a la aseguradora. PAGO DE RETENCIÓN EN GARANTÍA. El pago de la retención en garantía del contrato se encontraba sometido a condición. Las partes acordaron en relación con la retención en garantía una cesión, denominada impropiamente endoso. Esta cesión es una transferencia de crédito que implica otorgar al cesionario los mismos derechos que tenía el cedente y en las mismas condiciones. REAJUSTE DE PRECIOS. CONTRATO A PRECIO GLOBAL. CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS. Las partes pueden pactar un contrato a precio global, uno a precios unitarios, o cualquiera de las otras modalidades de pago propias del contrato de obra, o también, como se hizo en este caso, pactar que algunas obligaciones serán remuneradas a precios unitarios, como las de obra, y otras se pagarán por un valor global, como se hizo para las gestiones objeto de controversia. SOBRECOSTOS. La asunción de obligaciones de origen contractual encuentra límite cuando los sobrecostos son causados por ciertos eventos. Por ejemplo, cuando estos derivan de falencias en la planeación atribuibles a la entidad o en causas que generan la ruptura del equilibrio económico del contrato, como la imprevisión. No obstante, en uno y otro caso, es necesario determinar el origen del mayor valor en el cumplimiento de las obligaciones para poder determinar si se trata de costos derivados de una obligación asumida por el contratista o de una causa externa, bien sea fallas de planeación o la configuración de la teoría de la imprevisión. PAGO DE INTERVENTORÍA POR EL CONTRATISTA. El contratista se comprometió contractualmente con la entidad a pagar los costos derivados de la interventoría a partir del mes 4.5. Adicionalmente, es preciso hacer notar que este pacto era producto de unos incumplimientos del Consorcio, por lo que las partes acordaron que parte de los costos de la interventoría serían asumidos por la aseguradora. Las partes pueden pactar diferentes mecanismos de remuneración del interventor y ello incluye la posibilidad de que los recursos provengan de recursos del contratista. Lo anterior no implica que los deberes del interventor como persona independiente de las partes del contrato dejen de existir. Es preciso añadir que, si se siguiera la línea de pensamiento del apelante, los pagos del interventor tampoco podrían venir de la entidad contratante, pues tal conducta sería contraria a la independencia en relación con la entidad (2021)

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Consejo de Estado. AFECTACIÓN DE DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS POR OBRA PÚBLICA. Falta de ejecución o la ejecución incompleta, imperfecta o defectuosa de las obras. Le ordena al Municipio realizar las actuaciones, contrataciones, gestiones y demás actividades administrativas que se requieran para EJECUTAR hasta su culminación los estudios previos finales, inversiones, trabajos públicos necesarios para garantizar los derechos colectivos de la comunidad (2026)

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Consejo de Estado. NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN. Niega. PLIEGO DE CONDICIONES. RECHAZO DE LA OFERTA. PRESENTACIÓN DE ESTADO FINANCIEROS CERTIFICADOS. Si bien el pliego de condiciones no obra en el plenario, lo cierto es que a partir del contenido del informe de evaluación y del acta de la audiencia de adjudicación, es posible establecer que se exigió la presentación de los referidos estados financieros suscritos, certificados y dictaminados y, asimismo, que la no presentación de estos documentos daría lugar al rechazo de las propuestas, aspectos que no fueron objeto de discusión en este proceso. El hecho de que tales estados estuvieran suscritos por los responsables no relevaba a la demandante de la exigencia de que estuvieran certificados como se había exigido (2026)

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Corte Constitucional. ALCALDE. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Acción de tutela contra providencia judicial que declaró la nulidad de la elección de un alcalde al considerar configurada la inhabilidad por celebración de contrato estatal. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. La causal de inhabilidad por celebración de contratos prevista en el numeral 3° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL ELEMENTO “INTERÉS” COMO COMPONENTE SUBJETIVO DE LA CAUSAL DE INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS. Prevalece la tesis de la sección quinta del Consejo de Estado. El elemento “interés” se satisface con la acreditación de un interés propio o de terceros, de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, derivado de la celebración del contrato estatal. No es jurídicamente exigible demostrar una ventaja electoral efectiva ni una incidencia concreta de la contratación sobre la contienda política. EL DERECHO FUNDAMENTAL A SER ELEGIDO Y LOS CRITERIOS CONSTITUCIONALES DE INTERPRETACIÓN DE LAS INHABILIDADES ELECTORALES. la nulidad electoral como mecanismo de control de validez democrática del acceso a cargos de elección popular. Las finalidades constitucionales de las inhabilidades electorales y la definición legislativa anticipada del riesgo de ventaja electoral (2026)

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Concepto CCE. PODER ESPECIAL. OTORGAMIENTO. Modifica posición. La presentación personal no es el único mecanismo admisible para acreditar el poder especial, pues también se admite su otorgamiento verbal en audiencia o diligencia y mediante mensaje de datos con firma digital. OFERENTES. Audiencia de adjudicación. Representación del oferente por un abogado. PODER ESPECIAL. Formas de otorgamiento. PODER ESPECIAL. Reglas. Aplicación. Artículo 5. Decreto Ley 019 de 2012. Interpretación sistemática. Formas de otorgamiento del poder. FORMAS DE OTORGAMIENTO PODER. Posturas Institucionales. SUBSANABILIDAD DE LAS OFERTAS. Alcance de la regla. Ley 1882 de 2018. Ámbito temporal. Criterio material. SUBSANABILIDAD. Procedencia. Poderes. i) ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al otorgamiento, acreditación, presentación y valoración de los poderes para actuar en las diferentes etapas de la contratación estatal, y las formalidades exigibles según la naturaleza de la actuación y los efectos de la representación conferida?; ii) ¿Puede conferirse y acreditarse válidamente un poder especial mediante mecanismos electrónicos o mediante manifestación expresa realizada ante la entidad administrativa, y el alcance de las reglas sobre mensajes de datos?; iii) ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la ausencia o irregularidad de los poderes en la contratación estatal, y si dichos defectos son susceptibles de aclaración, subsanación o ratificación? (2026)

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Concepto CCE. PODER ESPECIAL. Cambio de posición. La Agencia admite tres modalidades de otorgamiento del poder especial. PODER ESPECIAL. Etapas. Procesos de Contratación Pública. PODER ESPECIAL. Formas de otorgamiento. Posturas Institucionales. Postura de la Agencia. Cambio de criterio doctrinal. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO. Potestad Sancionatoria del Estado. Actuaciones Contractuales. Ley 1474 de 2011. Artículo 86. Etapas. i) ¿Cuál es el criterio institucional vigente respecto de la validez y requisitos de los poderes especiales otorgados para actuar en la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y cómo se armoniza el contenido del Concepto C-1247 de 2026 con lo establecido en el numeral 7.4.1 de la Guía para Adelantar el Proceso Sancionatorio Administrativo Contractual?; ii) ¿Cuál es el fundamento jurídico que sustenta la exigencia de autenticación o presentación personal de los poderes especiales en los procedimientos sancionatorios contractuales, y qué actuaciones institucionales se han adelantado para comunicar, justificar o implementar dicho criterio? (2026)

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Consejo de Estado. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. NO EXIGE, PARA SU PROCEDENCIA, LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POSTCONTRACTUALES. Tiene por objeto garantizar la reparación de los daños que se manifiesten con posterioridad a su entrega y recibo a satisfacción, siempre que tales afectaciones no hayan sido ostensibles al momento de dicha entrega, ni constituyan situaciones conocidas por la Administración antes de la finalización del vínculo contractual. La efectividad de esta garantía no exige, para su procedencia, la declaratoria del incumplimiento de obligaciones postcontractuales, bastando en consecuencia la acreditación objetiva de la ocurrencia del daño en la obra y la correspondiente estimación de los costos requeridos para su reparación. SINIESTRO DE CALIDAD. No tiene carácter sancionatorio (2026)

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Consejo de Estado. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. RENOVACIÓN DEL RUP. EXIGENCIA DE FIRMEZA. NO hay una posición unificada en el Consejo de Estado. La inscripción en el RUP es un acto administrativo registral. Se analiza si es nula la resolución de adjudicación a un proponente plural en el que uno de sus integrantes no contaba con RUP en firme al cierre de la licitación. EXIGENCIA DE LA FIRMEZA DE LA RENOVACIÓN. El hecho del cual depende la cesación de efectos es la fecha de presentación de la información y no la de su inscripción. La Sala hace una diferenciación entre la fecha de radicación de los documentos y los actos de inscripción el día en que se efectúa la anotación por parte de la Cámara de Comercio. La fecha de la anotación es, por ello, posterior a la de radicación La lectura que exige la firmeza de la renovación en curso excluiría al proponente que cumplió en tiempo su carga registral por la sola duración de un trámite ajeno a su control y, en un escenario de esa naturaleza, se tornaría de imposible cumplimiento la regla del pliego para quien presentó la solicitud de renovación del registro oportunamente, pero en las semanas previas al cierre del proceso de selección, con lo que se generaría, por la vía del pliego, una causal de pérdida de efectos del registro que el reglamento no contempla. CONSORCIO. Pese al pacto de los integrantes del consorcio sobre la terminación de la figura asociativa, aún cuenta con capacidad para ser parte del presente trámite (2026)

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Fiscal y disciplinario

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