BOLETINES DE ACTUALIZACIÓN

ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN

ÍNDICE TEMÁTICO

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Consejo de Estado. PROCESO EJECUTIVO. TÍTULO EJECUTIVO. Requisitos. Dbe ser claro, expreso y exigible para que preste mérito ejecutivo. TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO. La obligación se deriva de varios documentos que, en conjunto, resultan suficientes para acreditar su exigibilidad. TÍTULO EJECUTIVO CONTRACTUAL – es por regla general un título ejecutivo complejo. EXCEPCIÓN DE MÉRITO EN PROCESO EJECUTIVO. INEXISTENCIA DEL TÍTULO BASE DE EJECUCIÓN. Puede ser declarada a petición de parte o de oficio. DEBER DEL JUEZ. Verificar que el título reúna los requisitos para que preste mérito ejecutivo. EXISTENCIA Y VALIDEZ DEL TÍTULO EJECUTIVO. Competencia del ad quem para revisar el título base de ejecución. ACEPTACIÓN TÁCITA DE FACTURAS PARA CONSTITUIR TÍTULO EJECUTIVO DERIVADO DE UN CONTRATO ESTATAL. Improcedencia. Deber de cumplir lo acordado en el contrato, pues este es ley para las partes (2022)

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Corte Suprema de Justicia. Confirma absolución. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. La conducta es dolosa cuando el sujeto agente conoce los hechos constitutivos de la infracción y quiere su realización. Aunque se reconoció que los contratos de interventoría y de prestación de servicios requerían estudios previos propios, independientes y anteriores a los contratos de obra, por lo que se encontraba acreditado el componente objetivo de la conducta, concluyó que ello no era suficiente para declarar la responsabilidad penal. Este delito solo admite la modalidad dolosa y, por tanto, exigía demostrar que el servidor público conocía los requisitos esenciales de la contratación y decidió omitirlos conscientemente (2026)

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Corte Suprema de Justicia. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. Es irrefutable la carencia de planeación adecuada en los contratos cuestionados, lo que conllevó a la inejecución de la obra por parte de la Gobernación. Los contratos se celebraron sin la debida planeación, sin los estudios técnicos y diseños respectivos, ya que inicialmente se contrató el techo de la cubierta, sin haber construido las estructuras sobre las cuales se iba a colocar la misma. PLANEACIÓN CONTRACTUAL. CONTRATACIÓN DIRECTA. FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS. Autonomía de la entidad territorial (2025)

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Corte Suprema de Justicia. Revoca sentencia. Absuelve. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. Contrato de consultoría. El contrato celebró sin elaboración previa de estudios de conveniencia y necesidad que justificaran acudir a una interventoría externa.  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INTERVENTORÍA.  La interventoría es una modalidad del contrato de consultoría destinada al control, vigilancia y supervisión de otro contrato estatal. El interventor no sustituye a las partes ni puede modificar por sí mismo el negocio vigilado. ESTUDIOS PREVIOS. Cumplen una función sustancial de planeación. PRINCIPIO DE CONFIANZA. En materia de contratación estatal, el titular de la función contractual no puede desprenderse de sus obligaciones porque las actuaciones previas hayan sido adelantadas por otros funcionarios. Su función «no se agota con el examen formal de la actuación, ni con la firma mecánica de los contratos», pues debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales antes de tramitar, celebrar o liquidar el negocio jurídico. La confianza depositada en las revisiones realizadas por sus asesores es compatible con una actuación negligente, pero no basta para estructurar el comportamiento doloso exigido por el artículo 410 del Código Penal. Subsiste, por consiguiente, una duda razonable respecto del elemento subjetivo del tipo que debe resolverse en favor del procesado (2026)

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Corte Suprema de Justicia. PECULADO POR APROPIACIÓN. Al disponer de esos cuantiosos recursos y entregárselos a la Unión Temporal en calidad de anticipo, el acusado despojó al ente territorial de una porción de su patrimonio y facilitó su apropiación por parte del contratista, pues las condiciones en que se celebró el contrató determinaron su suspensión y el objeto contractual nunca se llegó a materializar. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN. LICENCIA AMBIENTAL. GESTIÓN PREDIAL. El acusado celebró el contrato de obra y giró un anticipo del 50% para el contratista, cuando todavía no se contaba con la licencia ambiental y el municipio no era el propietario del predio en que se llevaría a cabo la construcción; lo que prontamente determinó la suspensión de la ejecución de la obra y la imposibilidad de que el objeto contractual se materializara. El problema es que la entidad territorial comprometió importantes recursos públicos, sin haber cumplido una mínima labor encaminada a conocer la titularidad del inmueble en que debía ejecutarse la obra contratada (2026)

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Corte Suprema de Justicia. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. Contrato de prestación de servicios para apoyo financiero y gerencial. PREVARICATO POR OMISIÓN. RELACIÓN CONYUGAL ENTRE SERVIDOR PÚBLICO/INTERVENTOR Y CONTRATISTA. El prevaricato por omisión se consumó cuando la servidora pública suscribió el primer documento sin manifestar el impedimento. La interventora tenía un deber concreto de declarar el impedimento, conocía el interés directo de su esposo, podía cumplirlo y decidió ejercer la interventoría sin informar el conflicto de interés. La conducta configuró el delito de prevaricato por omisión. Tenía el deber jurídico de declararse impedida ante el conflicto de intereses derivado de la relación conyugal con el contratista y omitió hacerlo. INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS. No se configuró. Elementos. Sujeto activo: título de participación de interviniente. Gestionar el pago de una obligación válida no contradice el interés general si el contratista prestó los servicios y la administración aplicó los controles previstos. La licitud del pago no excluye el delito cuando el servidor altera el trámite para favorecer al contratista; pero, ante la ausencia de ese acto, el beneficio familiar no permite inferir la desviación. El artículo 409 Cp sanciona el desplazamiento de la finalidad pública, no la coexistencia de un interés particular con el cumplimiento correcto del contrato. Las instancias valoraron los testimonios y documentos, pero construyeron una falsa regla de experiencia: toda servidora pública que interviene en el trámite de un pago a su cónyuge actúa con interés indebido. Esa proposición carece del carácter general, reiterado y verificable propio de las máximas de experiencia. INTERVINIENTE. En delitos especiales o de sujeto activo calificado: aspectos que debe valorar el juez (2026)

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Consejo de Estado. CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS. La delimitación del objeto contractual no releva al contratista del cumplimiento de las especificaciones técnicas ni de la calidad de las obras efectivamente ejecutadas. El contratista debía determinar técnicamente las intervenciones que proponía y garantizar que las actividades ejecutadas, los materiales y los procedimientos constructivos cumplieran las especificaciones técnicas y las condiciones de calidad y estabilidad exigibles. CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS. La remuneración dependía de las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas conforme a los precios pactados, y con un monto agotable que delimitaba los recursos disponibles para su ejecución. CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS. ÍTEMS ADICIONALES. Debía probarse que se siguió el procedimiento contractual para su reconocimiento, que las actividades reclamadas constituían prestaciones distintas de aquellas remuneradas mediante los precios pactados, las cantidades y valores que sustentarían el reconocimiento pretendido. Las pruebas aportadas no permitieron establecer que las variaciones alegadas hubieran ocasionado costos extraordinarios no cubiertos por los precios unitarios pactados ni demostraron su incidencia económica neta. La sola presentación de nuevos análisis de precios no subsanaba esa insuficiencia probatoria, no transformaba las mayores cantidades ejecutadas en ítems no previstos ni demostraba una obligación de pago. Para obtener la condena, el Consorcio debía acreditar cuáles actividades adicionales ejecutó efectivamente, sus cantidades, el recibo por parte de la entidad, el precio aplicable y el vínculo entre esos valores y la suma reclamada. FALSA MOTIVACIÓN. Para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos que declararon el incumplimiento debía acreditarse que las patologías y no conformidades que los sustentaron no eran imputables al contratista. INTERVENTORÍA. Su participación en la definición y seguimiento de las actividades no exonera al contratista de los defectos derivados de la ejecución de las actividades a su cargo. INTERVENTORÍA. EL CONTARTISTA NO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PEDIR QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO. El contratista no es parte en el contrato entre la entidad pública y la interventoría. EQUILIBRIO ECONÓMICO. No se acreditó una alteración extraordinaria de la ecuación económica que justifique el restablecimiento solicitado. La variación de las cantidades de obra exige acreditar su incidencia económica efectiva y una alteración extraordinaria de la ecuación contractual. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Procedencia del término de 10 días para presentar alegaciones (2026)

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Concepto CCE. REQUISITOS HABILITANTES. Noción. Fundamento normativo. REQUISITO HABILITANTE. Experiencia. Verificación. REQUISITO HABILITANTE. Experiencia. Código Clasificador de Bienes y Servicios. Acreditación del Valor de los Contratos. EXPERIENCIA. Expresada en SMMLV. Estandarización. REQUISITO HABILITANTE. Experiencia. Rubros Presupuestales. Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP). Límites para su utilización como criterio de acreditación (2026)

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Concepto CCE. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. Ley 2056 de 2020. Artículo 37. RÉGIMEN CONTRACTUAL. Entidades ejecutoras. Régimen especial. Aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. DECRETO 092 DE 2017. Fundamento. Contratos de colaboración y convenios de asociación. SGR. Contratación con ESAL.  i) ¿De conformidad con el parágrafo del artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación es el Sistema General de Regalías, en adelante SGR, cuando la entidad ejecutora se rige por el derecho privado?, y en este sentido, ii) ¿Es procedente celebrar, con cargo a los recursos del SGR, los contratos de colaboración y los convenios de asociación regulados por el Decreto 092 de 2017?, y iii) ¿las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías deben publicar su actividad contractual en el SECOP? (2026)

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Fiscal y disciplinario

Actualización normativa

Directiva sobre el uso correcto de los contratos de prestación de servicios. Numeral 3. Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

La Directiva refuerza el carácter excepcional y temporal del contrato de prestación de servicios. Su propósito es que las entidades estatales revisen la necesidad real de estas contrataciones, eviten cubrir funciones permanentes mediante contratistas, garanticen su autonomía y fortalezcan la planeación, supervisión y defensa judicial para prevenir la configuración de relaciones laborales encubiertas. Directiva 18 […]

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