En el arrendamiento de maquinaria, el contratista se obliga a conceder a la entidad el goce temporal de unos equipos a cambio de un precio, en los términos del artículo 1973 del Código Civil. En el suministro de agregados, pétreos, granulares o asfaltos, se obliga a entregar bienes de forma periódica o continuada, conforme al artículo 968 del Código de Comercio. En ninguno de los dos casos ejecuta un trabajo material sobre un bien inmueble, y tampoco se trata de consultoría o interventoría. Por eso estas actividades no aparecen en las matrices de experiencia de los documentos tipo vigentes, y no es obligatorio aplicarlos.
“… es necesario precisar que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no prohíbe que las entidades estatales señalen marcas en las especificaciones técnicas de sus procesos de selección. Conforme a los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades pueden contratar como lo permite el derecho privado, salvo norma en contrario, y ninguna disposición vigente de rango legal o reglamentario contiene esa prohibición. Esta Agencia ha acogido esa tesis, que es también la del salvamento de voto a la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad absoluta de un contrato por haberse exigido una marca de motocicletas. La facultad no es, sin embargo, ilimitada. El primer límite proviene de…”
En conclusión, corresponde a cada entidad estatal efectuar una valoración integral y debidamente justificada de las actividades que conforman el proyecto, considerando su alcance, finalidad, presupuesto, complejidad técnica y relación con las demás obligaciones contractuales. A partir de ese análisis, deberá establecer cuáles actividades resulta pertinente exigir como experiencia específica, procurando que los requisitos definidos guarden relación directa con el objeto por contratar y sean adecuados y proporcionales a su naturaleza, cuantía y complejidad, sin generar restricciones injustificadas a la pluralidad de oferentes ni desconocer las reglas aplicables de selección objetiva. En todo caso, cuando resulten aplicables los documentos tipo, la entidad deberá sujetarse a las condiciones y parámetros allí previstos, y la identificación de las actividades representativas no podrá utilizarse para eludir las reglas legales que determinan la modalidad de selección correspondiente.
“… la necesidad de que la experiencia contractual sea expresada en SMMLV se utiliza como un parámetro técnico para evaluar y comparar la capacidad de un contratista en procesos de contratación estatal, posibilitando establecer un estándar objetivo frente a la fluctuación del valor de la moneda dentro del mercado. Esto facilita la comparación justa de la experiencia de diferentes oferentes, ya que el valor de los SMMLV cambia anualmente, estandarizando la experiencia requerida en un momento determinado.”
“… no se advierte la viabilidad de exigir la existencia de un establecimiento de comercio registrado en un departamento o municipio específico como condición habilitante para participar en un proceso de contratación estatal. El establecimiento de comercio —definido en el artículo 515 del Código de Comercio como un conjunto de bienes organizados para realizar los fines de la empresa— es un activo mercantil cuya titularidad no está ligada a la capacidad jurídica del proponente para contraer obligaciones”
los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, al estar no estar obligados a inscribirse en el RUP y no estar sometidos al derecho colombiano, deben presentar sus estados de acuerdo con la legislación de su país de origen, sin perjuicio de las conversiones, traducciones y/o homologaciones a la que haya lugar, de conformidad con las reglas establecidas en pliego de condiciones.
Si el proceso ya ha culminado con el respectivo acto de adjudicación, la omisión de la proporcionalidad en la asignación de puntajes puede configurar una causal de nulidad del acto de adjudicación, al tratarse de un acto administrativo que decide la selección del contratista con base en criterios que son contrarios al ordenamiento jurídico. En este caso, aplica en principio la nulidad y restablecimiento del derecho contemplada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 permitiría cuestionar la legalidad del acto de adjudicación, alegando la violación de normas superiores que regulan la contratación estatal y la afectación del principio de selección objetiva.
