Esta Corporación ha distinguido, adicionalmente, entre el amparo de calidad del bien y el de correcto funcionamiento. Ha señalado que el primero cubre los perjuicios patrimoniales derivados del incumplimiento de las obligaciones del contratista relativas a las especificaciones y requisitos mínimos pactados en el contrato, mientras que el segundo amparo cobija los perjuicios asociados al deficiente funcionamiento de los bienes o equipos suministrados. No obstante, también ha reconocido la complementariedad entre ambos, pues la calidad de los bienes o equipos suministrados incide directamente en su correcto funcionamiento”.
“… el contenido de la liquidación bilateral del contrato, en tanto negocio jurídico, reviste obligatoriedad para las partes excepto cuando se alega y demuestra, de modo específico y fidedigno, que el consentimiento otorgado se encuentra viciado por error, fuerza o dolo o cuando se han consignado en esta salvedades expresas y concretas que permiten identificar que sobre un determinado aspecto no hay acuerdo de las partes y, por ende, está excluido del cruce de cuentas correspondiente.”
“… la Sala considera que le asiste razón al recurrente en cuanto a la posibilidad que tienen las partes de formular una pretensión de liquidación judicial en ejercicio del medio de control de controversias contractuales cuando en el acta de liquidación bilateral dejaron constancia o salvedad expresa y concreta de los daños, inconformidades y conceptos que no se entienden incluidos en el finiquito de cuentas, sin que para el efecto sea determinante un cuestionamiento principal o subsidiario sobre su validez, toda vez que la intangibilidad propia de los pactos se predica de lo efectivamente saldado y no respecto de los asuntos que las partes hayan excluido expresamente mediante la salvedad, razón esta que justifica que tales aspectos puedan ser sometidos a juicio para lograr su definición.”
“Desconocer estos acuerdos resulta contrario al principio constitucional de buena fe y al artículo 1602 del Código Civil, que dispone que el contrato es ley para las partes. Contrario a lo manifestado por el Consorcio, no está acreditado haya suscrito los acuerdos “para asegurar la culminación exitosa del proyecto, pero no para asumir los impactos económicos”. Tampoco está probado que, con esos acuerdos, la Universidad recibiera una ventaja indebida a partir del silencio del contratista y de “un mero formalismo”, pues el Consorcio no guardó silencio, por el contrario, expresó su consentimiento y aceptó las consecuencias económicas que ahora pretender desconocer en el escenario judicial”.
“La jurisprudencia y los conceptos del Consejo de Estado han sostenido que la liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de constituir un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que los cuestionamientos sobre su validez están sujetos a la existencia de vicios que deriven en su nulidad absoluta o relativa.
Por lo tanto, ante la ausencia de cuestionamientos iniciales en torno a la validez del acta bilateral del 23 de octubre de 2019 y dado que no prosperó ningún cargo relativo a los descuentos efectuados por el Municipio por concepto de recurso humano, gastos de desplazamiento y suministro de papelería y dotación, para efectuar un nuevo corte de cuentas, la Sala concluye que las pretensiones dirigidas a obtener el reconocimiento y pago de la suma descontada no están llamadas a prosperar”.
La Sala recuerda que la caducidad, en su dimensión bifronte, es un derecho de los sujetos procesales para acceder a la administración de justicia, pero también trae consigo un deber de hacerlo dentro de los plazos legales
“… para la Sala es claro que Ecopetrol SA logró acreditar que las partes zanjaron las discusiones relacionadas con la ingeniería básica del proyecto 2, los avances de la ingeniería de detalle del proyecto 1 y la mayor permanencia en obra antes de suscribirse el otrosí no. 1 como consecuencia de la política de austeridad de Ecopetrol SA, razón por la cual no resulta probado el supuesto incumplimiento de Ecopetrol en la ejecución del contrato no. xxx de 2013.
“… el documento firmado por la interventoría y el contratista no constituye un acta bilateral de liquidación, pues fue suscrito por quien carecía de competencia interna y externa para representar a la entidad contratante, razón por la cual no puede tenerse por demostrado que el contrato fue bilateralmente liquidado ni que allí el municipio reconoció una obligación en favor del contratista”.
“… no significa que el mencionado documento carezca de valor probatorio”
“A este respecto vale la pena agregar que los razonamientos presupuestales a partir de los cuales el Tribunal edificó la tesis de la inaplicabilidad del precitado artículo no son de recibo para la Subsección. En este particular no debe perderse de vista que la aplicación analógica del artículo 1653 del Código Civil al cumplimiento de los créditos judiciales parte de una premisa fundamental, que no es otra distinta a brindar un mismo tratamiento ante una misma situación jurídica como lo es la mora del deudor de una obligación.”
“… en los convenios interadministrativos, los cuales se encuentran exceptuados de la aplicación de la Ley 80 de 1993, las facultades convencionales de carácter unilateral deben ser pactadas de manera expresa y con una claridad suficiente que evidencie el consentimiento explícito, que no dé lugar a equívocos y que no suponga el ejercicio de una posición dominante de una parte hacia la otra. En otras palabras, la adopción de decisiones unilaterales en relaciones jurídicas en igualdad es válida únicamente si se produce en virtud de la anuencia previa de los contratantes31, circunstancia que en el caso concreto no se presentó.”
