El elemento “interés” se satisface con la acreditación de un interés propio o de terceros, de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, derivado de la celebración del contrato estatal. No es jurídicamente exigible demostrar una ventaja electoral efectiva ni una incidencia concreta de la contratación sobre la contienda política.
El texto legal no exige acreditar que la contratación estatal haya producido ventajas electorales efectivas, que haya influido materialmente en la voluntad de los electores o que haya alterado las condiciones de igualdad de la contienda política.
Para tener certeza sobre la configuración de la inhabilidad y su vigencia, la entidad debe verificar la sentencia condenatoria y la constancia de su ejecutoria, que es la fecha desde la cual se cuentan los cinco (5) años; consultar el certificado de antecedentes judiciales y el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, en el que se registran las sanciones penales y las inhabilidades; y exigir la manifestación del aspirante sobre la inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades prevista en el artículo 1 de la Ley 190 de 1995.
i) ¿La inhabilidad prevista en el literal d) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que recae sobre la persona natural sancionada disciplinariamente con destitución, se extiende a la persona jurídica de la cual aquella es representante legal, y cuál es su alcance temporal?; ii) ¿Qué diferencia existe entre la celebración de un contrato estatal por la persona natural a título personal y su suscripción en calidad de representante legal de una persona jurídica, y qué efectos tiene la designación de un representante legal suplente o de un apoderado para dicho fin?; y iii) ¿ Cuál es el alcance del régimen de inhabilidades e incompatibilidades frente a entidades sometidas a regímenes contractuales exceptuados y qué consideraciones generales resultan aplicables cuando el negocio jurídico se relaciona con el reconocimiento y transferencia de subsidios de servicios públicos domiciliarios?
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades es de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, por lo que solo procede su aplicación cuando el supuesto de hecho se subsume en alguna de las causales previstas expresamente en la Constitución o en la ley. Para el caso objeto de consulta, ni la Constitución ni la ley prevén actualmente una causal cuyo supuesto de hecho configure la inhabilidad de quien es socio de dos sociedades distintas que presentan propuesta en un mismo proceso de contratación.
C 1501 2026 En el Capítulo V del Título IV de la Ley 2056 de 2020 se establecen disposiciones específicas frente a la Asignación para la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación. En lo que respecta a la ejecución de los proyectos de inversión que se financien con cargo a los recursos de la Asignación […]
“… el haber sido servidor público en el nivel directivo es causal de inhabilidad para celebrar contratos en los casos que señala la Ley 80 de 1993, en el artículo 8, numeral 2, literales A), E) y F).”
La inhabilidad es una circunstancia previa que impide a la persona acceder a la contratación; la incompatibilidad, en cambio, es una prohibición que surge de una calidad, cargo o función que el sujeto ostenta simultáneamente y que resulta incompatible con la celebración del contrato. La financiación de una campaña política, por su naturaleza, se ubica en la primera categoría.
“… el literal f) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, dispone que no pueden contratar con el Estado directa o indirectamente “(…) las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios(…)”. De acuerdo con esto, si la directora administrativa va a prestar servicios relacionados con el sector al que perteneció, está inhabilitada para celebrar ese contrato durante los dos (2) años siguientes al retiro del cargo.”
La existencia y representación de las personas jurídicas se acreditan, por regla general, mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la autoridad competente. No obstante, cuando dicho certificado no contenga de manera expresa la información relativa a la fecha de constitución o duración de la entidad, esta podrá acreditarse mediante los documentos constitutivos debidamente registrados o mediante los actos de creación y demás certificaciones expedidas por las autoridades competentes, según la naturaleza jurídica de la entidad correspondiente.
“… debe diferenciarse la falta de actualización de la información registrada, la vigencia de la inscripción profesional y las condiciones de expedición y vigencia del certificado aportado. La primera circunstancia genera la anotación regulada por el artículo 25 de la Resolución D-0035 de 2024, pero no equivale, por sí sola, a la cancelación o pérdida de vigencia del registro ni a la existencia de antecedentes disciplinarios. Por su parte, las condiciones del certificado presentado deben examinarse de acuerdo con las normas aplicables y con las exigencias contenidas en los documentos del proceso. En esa medida, la entidad estatal debe establecer si la observación advertida corresponde únicamente a la anotación derivada de la falta de actualización o si el documento presenta una deficiencia diferente, como su falta de aportación, el vencimiento del término de vigencia o la imposibilidad de comprobar mediante este la situación profesional o disciplinaria del contador.”
