El elemento “interés” se satisface con la acreditación de un interés propio o de terceros, de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, derivado de la celebración del contrato estatal. No es jurídicamente exigible demostrar una ventaja electoral efectiva ni una incidencia concreta de la contratación sobre la contienda política.
El texto legal no exige acreditar que la contratación estatal haya producido ventajas electorales efectivas, que haya influido materialmente en la voluntad de los electores o que haya alterado las condiciones de igualdad de la contienda política.