En este contexto, el argumento del Consorcio no resulta procedente, pues no puede excusar su falta de diligencia y sagacidad negocial bajo el entendido de que el Municipio no realizó una adecuada estructuración de costos del AIU al no incluir en debida forma un impuesto; en la medida en que, en atención a su calidad de experto, tenía el deber de examinar los documentos precontractuales incorporados al proceso –entre ellos, el presupuesto planeado–, y estructurar una propuesta que reflejara un AIU acompasado con la realidad de los impuestos municipales.
“… como los actos a través de los cuales se produjo la liquidación del vínculo negocial no fueron objeto de cuestionamiento en sede judicial -por razón de la caducidad en punto del contenido de la reforma de la demanda-, la presunción de legalidad que los cobija no fue desvirtuada. Así, en tanto las manifestaciones de voluntad que pretendieron censurarse en el caso concreto no integraron el objeto de la litis, tal presunción no puede ser despojada oficiosamente por la Sala, pues el control de validez que efectúa la jurisdicción sobre actos administrativos es de carácter rogado.”
“… las entidades estatales contratantes deben tener en cuenta que, si sus contratistas las demandan con base en unos hechos y fundamentos de derecho a partir de los cuales pretenden declarar unilateralmente un incumplimiento del contrato, las demandas son admitidas y esta actuación procesal les es notificada, no pueden posteriormente ejercer la facultad unilateral en cuestión, y, en esa medida, si pretenden obtener la declaratoria de incumplimiento de sus contratistas, así como la efectividad de la cláusula penal o la condena al pago de perjuicios, tienen que demandarlos en reconvención en el mismo proceso o presentar por separado una demanda en contra de ellos.
Ahora bien, la anterior regla encuentra una excepción cuando el incumplimiento contractual del contratista es de una entidad suficiente para dar paso a la declaratoria de caducidad del contrato estatal, en atención a las consideraciones de continuidad en la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado que guían el ejercicio de esta y de las demás cláusulas excepcionales al derecho común de que tratan los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993.”
“No puede asumirse, como parece hacerlo el Consorcio, que el juez posee los conocimientos propios del ámbito de la construcción que le permitan interpretar y validar, por sí mismo, las memorias de cálculo y los documentos técnicos que las sustentan. En consecuencia, ante la ausencia de otros elementos de juicio que permitan establecer, con el necesario respaldo técnico, que las excavaciones referidas fueron efectivamente ejecutadas en la cantidad indicada, la Sala concluye que el Consorcio no acreditó la realización de las cantidades de obra que afirma haber ejecutado”.
“… esa autonomía para estructurar el precio no implica una facultad irrestricta para modificarlo después de celebrado el contrato. Al formular su propuesta, el contratista determina los componentes económicos necesarios para ejecutar las obligaciones y asume los riesgos inherentes a las condiciones pactadas, según lo definido en la matriz de riesgos”.
Esta regla no varía cuando lo que se pretende es el reconocimiento y el pago de los costos en los que haya incurrido un contratista con ocasión de la mayor duración del contrato, punto con el cual se señala que, el hecho de que alguna iniciativa de suspender o prorrogar el contrato haya provenido del contratista no trae aparejado el fracaso de sus pretensiones pues, se insiste, lo determinante en este tipo de juicios consiste en establecer si existe una obligación a cargo del contratante.
