“… el adelantar procesos contractuales para la prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión o de ejecución de trabajos artísticos mediante una modalidad de selección diferente a la contratación directa, no solo implicaría una mala práctica contractual, sino también el desconocimiento de los principios que rigen la contratación pública y el marco normativo dispuesto previamente para ello.”
La Contralorías Territoriales tienen la función de refrendar las reservas presupuestales, ya que, de conformidad con el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
A lo largo del tiempo, los Procesos Fiscales de Cobro coactivo han tenido varias normas aplicables que establecían su procedimiento, incluso, en su evolución normativa, con la expedición del Decreto Ley 403 de 2020 y hasta la expedición de las sentencias de inexequibilidad de varios de sus artículos, dicho procedimiento contó con un cuerpo normativo aplicable durante la ese periodo de tiempo y que, debido a las sentencias de inexequibilidad, operó el fenómeno de la reviviscencia dejando como marco actual para regular su procedimiento los artículos 90 al 98 de la Ley 42 de 1993, el artículo 108 del Decreto Ley 403 de 2020, artículos 12 y 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 103 de la Ley 1474 de 2011 y el trámite consagrado para el proceso ejecutivo, dispuesto en la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso.
““La asignación de funciones adicionales debe respetar lo establecido en el Manual Específico de Funciones y no contradecir la Constitución ni la ley. Asimismo, dichas funciones deben guardar relación directa con la naturaleza y nivel del cargo, evitando desbordar sus competencias. Aunque los jefes pueden asignar tareas adicionales según las necesidades del servicio, estas deben mantenerse dentro del marco funcional del empleo.”
“el sujeto pasivo de dicho gravamen es el tercero contratista, de manera que es de sus recursos obtenidos como retribución de su servicio debe sufragar, bajo esa óptica, el impuesto no se paga con recursos del Sistema General de Participaciones, siendo la entidad pública quien obra como agente retenedor, conforme al Estatuto Tributario territorial.”
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado.
“… la Sala concluye que la suspensión provisional decretada en el auto del 22 de octubre de 2025, confirmada en consulta en auto del 13 de noviembre de 2025, no desconoció los presupuestos formales y sustanciales previstos en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, toda vez que se identificó el funcionario en ejercicio de su cargo; los hechos investigados pueden constituir una falta gravísima; existen serios elementos de juicio que permitieron inferir que la permanencia en el cargo podía permitir que continuara la falta; y la medida fue idónea, necesaria y proporcional”.
La regla fijada por la administración en la Nota 11 del numeral 4.22 del pliego de condiciones consagró una causal de rechazo de aplicación inmediata y directa, frente a cualquier inconsistencia que evidenciara el Distrito respecto de la información contenida en la carta de compromiso, sin que resultara necesario adelantar valoraciones adicionales, en tanto la sola constatación de la inexactitud o falta de correspondencia con la realidad bastaba para excluir la propuesta del proceso de selección.
De acuerdo con el marco jurídico colombiano, la existencia de un proceso de responsabilidad fiscal no constituye, por si misma, una causal de suspensión de la liquidación. Esto en la medida que el proceso contractual – incluida la liquidación – y el proceso de responsabilidad fiscal son actuaciones independientes, con naturaleza jurídica, finalidades y competencias distintas. Mientras que la liquidación del contrato es un deber legal que buscar determinar el estado final de las obligaciones, definir saldos a favor o en contra, y dejar claridad sobre el cumplimiento de las prestaciones a cargo de las partes. Por su parte, la responsabilidad fiscal persigue la recuperación del patrimonio público eventualmente afectado, sin que tal actuación, en principio, tenga efectos suspensivos automáticos sobre la liquidación.
“…. el artículo 38 frente a la prohibición de celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos no establece excepciones como el artículo 33, para que puedan adelantarse sin ninguna dificultad. Así mismo, el Consejo de Estado señaló que el concepto de convenio interadministrativo no es aplicable a los contratos interadministrativos, pues son instituciones totalmente diferentes.”
