“… a financiación de la contratación con recursos del Sistema General de Regalías no desplaza ni modifica el mecanismo especial de control establecido en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, ni la regla de competencia prevista para su ejercicio, sin perjuicio del ejercicio de las funciones constitucionales y legales de vigilancia y control fiscal que correspondan respecto de la gestión fiscal de dichos recursos.”
i) ¿Puede la contratación de un nuevo programa de seguros mediante contratación directa por urgencia manifiesta considerarse una actuación directamente vinculada con la atención de la calamidad y la protección del patrimonio público, cuando la entidad afectada requiere garantizar la continuidad de la cobertura respecto de bienes e intereses patrimoniales impactados por el evento, subsisten las circunstancias excepcionales y la contratación ordinaria no resulta materialmente viable de manera oportuna?; ii) ¿Cuáles son los criterios jurídicos que pueden orientar la selección del asegurador y la determinación del alcance objetivo de un contrato de seguros celebrado mediante contratación directa por urgencia manifiesta, de forma que se garantice la satisfacción de la necesidad excepcional, la protección del patrimonio público y el cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal?; iii) ¿Cómo debe determinarse la duración de un contrato de seguros celebrado mediante contratación directa con fundamento en una urgencia manifiesta, y si su plazo debe coincidir necesariamente con la vigencia formal de la declaratoria o puede extenderse por el período objetivamente necesario para garantizar la protección del interés público y la continuidad de la cobertura asegurativa?
“… la obligación de realizar estudios y documentos previos, no es extensible a la contratación directa por urgencia manifiesta que realicen las Entidades Estatales. Esto, por cuanto, al definirse la urgencia manifiesta en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 como circunstancia que exige, con carácter apremiante, preservar la continuidad del servicio, cuando se afecta por situaciones de fuerza mayor, desastres, calamidades o hechos relacionados con los estados de excepción, la norma permite, como se observará, que el proceso de contratación se surta de manera ágil e inmediata y sin la realización de procedimientos previos a la celebración del futuro contrato.”
Desde el punto de vista formal, la Resolución examinada contiene los elementos requeridos para la efectiva expresión de una voluntad unilateral emitida en ejercicio de la función administrativa, en tanto que en ella aparece el objeto, la causa, el motivo y la finalidad de su expedición y los sujetos destinatarios finales de la medida de Urgencia Manifiesta adoptada, esto es, la población vulnerable que ha sido cobijada bajo la denominación de “Jóvenes en Acción”, a quienes se procura proteger en sus derechos a la vida, prevención del contagio, y a la educación, estimulando a través de beneficio económico, la permanencia en sus estudios de educación superior. Aunado a lo anterior, la citada resolución cumple con los demás elementos formales de todo acto administrativo, tales como: el encabezado, número, fecha, epígrafe o resumen de las materias reguladas, la competencia o la referencia expresa de las facultades que se ejercen, el contenido de las materias reguladas u objeto de la disposición, la parte resolutiva y la firma de quien lo suscribe.
“… Si la calamidad o desastre genera una necesidad que debe ser atendida de manera inmediata y que imposibilita acudir a los procedimientos ordinarios de selección, podrá configurarse la urgencia manifiesta, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993. En cambio, si las circunstancias permiten desarrollar un procedimiento de selección sin comprometer la atención oportuna de la necesidad pública, la entidad no queda obligada a utilizar la contratación directa por urgencia manifiesta, sino que deberá aplicar la modalidad de selección que corresponda conforme al objeto y demás condiciones de la contratación.”
Al analizar la solicitud cautelar, el Tribunal advirtió, de manera preliminar y sin anticipar la decisión definitiva sobre la controversia, la existencia de elementos que ponen en evidencia una planeación improvisada, un escenario de incertidumbre respecto de la ejecución técnica, operativa y financiera del nuevo modelo, así la participación de terceros que desnaturalice el propósito de transferencia de conocimiento y fortalecimiento de las capacidades técnicas a la Imprenta Nacional de Colombia.
“… para declarar la urgencia manifiesta es imprescindible que el presidente de la república o el gobernador o el alcalde, según el caso, hayan declarado la situación de desastre o la declaración de calamidad. Tratándose de estos funcionarios, ambas declaraciones pueden realizarse en un mismo acto administrativo; es decir, el presidente, el gobernador o el alcalde declara el desastre o la calamidad y, como consecuencia, decreta la urgencia manifiesta en un único acto.
Cuando se trate de autoridades diferentes al presidente de la república, al gobernador y el alcalde –por ejemplo, los ministros, directores o presidentes de agencias, directores de establecimientos públicos, de sociedades de economía mixta, etc.–, deberán esperar a que se dicten los actos de declaratoria de situación de desastre o de calamidad pública por las entidades competentes de forma previa a declarar la urgencia manifiesta. En esta segunda hipótesis, se expiden dos (2) actos administrativos separados: i) por un lado, el presidente, gobernador o alcalde declaran el desastre o la calamidad; por otro, ii) los ministros, directores o presidentes de agencias, directores de establecimientos públicos, de sociedades de economía mixta, entre otros, decretan la urgencia manifiesta, por otro.”
la carga de motivación prevista en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 se orienta, principalmente, a demostrar la relación directa entre los contratos celebrados bajo el régimen excepcional y las actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción necesarias para superar la situación de calamidad o desastre. Corresponde a las autoridades competentes, a través de sus manuales de contratación, definir los criterios operativos que permitan verificar el cumplimiento de los principios de la función administrativa y estructurar adecuadamente la motivación exigida para acudir a este régimen excepcional.
El órgano de control fiscal competente para ejercer el pronunciamiento establecido en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, sobre los contratos financiados con recursos de la Nación (por ejemplo, SGP, FONPET, PGN), con ocasión de una declaración de calamidad pública, es la Contraloría General de la Republica.
El régimen especial de contratación previsto en los artículos 65 y 66 de la Ley 1523 de 2012 constituye un mecanismo excepcional orientado a permitir la adopción de medidas inmediatas de respuesta, rehabilitación y reconstrucción frente a situaciones de desastre o calamidad pública, razón por la cual su utilización debe interpretarse de manera restrictiva y encontrarse directamente relacionada con la situación extraordinaria declarada.
