Los documentos tipo no contienen una regla especial sobre los efectos de la fusión y de la escisión, y las entidades no pueden agregarla en virtud de la inalterabilidad que los rige. En esos procesos las entidades verifican la experiencia con el RUP y los formatos previstos, y aplican las normas generales conforme a los criterios aquí expuestos.
En conclusión, corresponde a cada entidad estatal efectuar una valoración integral y debidamente justificada de las actividades que conforman el proyecto, considerando su alcance, finalidad, presupuesto, complejidad técnica y relación con las demás obligaciones contractuales. A partir de ese análisis, deberá establecer cuáles actividades resulta pertinente exigir como experiencia específica, procurando que los requisitos definidos guarden relación directa con el objeto por contratar y sean adecuados y proporcionales a su naturaleza, cuantía y complejidad, sin generar restricciones injustificadas a la pluralidad de oferentes ni desconocer las reglas aplicables de selección objetiva. En todo caso, cuando resulten aplicables los documentos tipo, la entidad deberá sujetarse a las condiciones y parámetros allí previstos, y la identificación de las actividades representativas no podrá utilizarse para eludir las reglas legales que determinan la modalidad de selección correspondiente.
“… la necesidad de que la experiencia contractual sea expresada en SMMLV se utiliza como un parámetro técnico para evaluar y comparar la capacidad de un contratista en procesos de contratación estatal, posibilitando establecer un estándar objetivo frente a la fluctuación del valor de la moneda dentro del mercado. Esto facilita la comparación justa de la experiencia de diferentes oferentes, ya que el valor de los SMMLV cambia anualmente, estandarizando la experiencia requerida en un momento determinado.”
“… una sociedad puede acreditar, como integrante de un proponente plural, la experiencia de uno de sus socios únicamente cuando esta haya sido incorporada a su RUP en virtud de la excepción prevista para las personas jurídicas con menos de tres (3) años de constitución. Una vez registrada en el RUP, la sociedad podrá hacerla valer mientras el registro conserve sus efectos, sin que su participación posterior en un proponente plural implique una nueva transferencia de la experiencia.
Así, no basta con que una persona tenga la calidad de socio o accionista para que su experiencia pueda ser acreditada por la sociedad; es necesario que se configure el supuesto legal o reglamentario que autoriza dicha acreditación y que la experiencia haya sido debidamente registrada y verificada en el RUP.”
La Sala comparte el entendimiento del juez de primera instancia de que se computara el tiempo desde la iniciación del contrato, en consideración a la naturaleza pública de la entidad, como el acta de iniciación del contrato, esta fecha debió incorporarse como inicio de la experiencia específica y no el tiempo precontractual en el que estuvo vinculado el profesional en comento.
“… el hecho de que un profesional hubiera ejecutado de manera simultánea varios contratos no implica que el tiempo de experiencia pueda contabilizarse más de una vez, pues ello conduciría a reconocer un período de experiencia superior al efectivamente transcurrido.”
“… como la contratación estatal es una actividad reglada y los requisitos habilitantes son de interpretación restrictiva, no cabe integrar por analogía el artículo 20 del Decreto 1529 de 1990 para crear una excepción a la regla de intransferibilidad de la experiencia no prevista por el legislador ni por el reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde a cada entidad estatal, en el caso concreto y bajo su responsabilidad, definir lo relativo a la experiencia exigida y su acreditación, sin que sea atribución de esta Agencia validar tales decisiones. Así, cada Entidad Estatal establecerá la forma de adelantar su gestión contractual y determinará, bajo su propia responsabilidad los aspectos objeto de consulta (…)”
“…. corresponde a las cámaras de comercio verificar la información que presenten los interesados para la inscripción de su experiencia en el RUP, en cumplimiento de la función que les atribuyen la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la cual consiste en adelantar una verificación formal, objetiva y previa de los documentos aportados —como certificados de contratos ejecutados o sus copias— con el fin de constatar la consistencia y suficiencia de la información relativa a los requisitos habilitantes; verificación que, una vez surtida, se refleja en el certificado del RUP, otorgándole el carácter de plena prueba frente a las entidades estatales.”
Conforme a la línea reiterada de esta Subdirección, la experiencia se deriva de los contratos que el proponente ha celebrado y ejecutado con diferentes contratantes, sin importar la naturaleza de estos, de modo que puede provenir de contratos suscritos con personas públicas o privadas y de cualquier tipología contractual, incluidos los negocios jurídicos atípicos o los celebrados bajo regímenes especiales. Lo determinante no es la denominación del contrato que se aporta, sino que su ejecución dé cuenta de actividades iguales o similares a las previstas en el objeto a contratar y que la experiencia invocada sea personal, esto es, que haya sido adquirida directamente por el proponente.
No existe en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública una norma que prohíba que una misma persona participe en procesos de contratación distintos, unas veces en calidad de persona natural y otras como socio, accionista, miembro o representante legal de una persona jurídica proponente. Las inhabilidades e incompatibilidades solo pueden tipificarse en la Constitución o en la ley y su interpretación es restrictiva, de manera que no cabe deducirlas de la mera concurrencia de calidades.
