Al analizar las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, se observa que el literal f) del numeral 1 establece que los servidores públicos están inhabilitados para celebrar contratos con entidades estatales.
“… lo que resulta relevante al momento de determinar si a la entidad le asiste o no el deber de hacer el cierre del expediente contractual, es validar si se exigieron o no garantías de calidad, estabilidad o mantenimiento, o bien se establecieron condiciones de disposición final o recuperación de la obras o bienes objetos del contrato; y de no cumplirse ninguno de los eventos descritos anteriormente no es obligatorio realizar un cierre del expediente contractual”.
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“… la circunstancia de que, consciente y libremente, el demandante haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en el contrato de prestación de servicios resulta indiferente en una situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor», tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.”
Cuando se verifica que el contratista ha cumplido el objeto contractual, y la entidad incurre en mora en el pago sin causa legal, se configura un incumplimiento del contrato imputable a la administración, el cual puede dar lugar a diversas consecuencias jurídicas, incluidas sanciones, intereses y acciones judiciales.
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 330 de 1996, las contralorías departamentales tienen expresamente prohibido contratar la prestación de servicios personales para el cumplimiento de funciones asignadas a los empleos de su planta de personal”.
“… la suspensión es una sanción disciplinaria que corresponde a la prohibición para ejercer la profesión de abogado por el término señalado en el fallo y en tal sentido, es importante precisar que el artículo 29, numeral 4° de la Ley 1123 de 2007 que regula las incompatibilidades para ejercer la abogacía, dispone que no pueden ejercer la profesión de abogado cuando sean suspendidos o excluidos, esto es, que la sanción haya sido la suspensión o la exclusión, contemplados en los artículos 43 y 44 respectivamente de la precitada Ley.”
“… es importante precisar que la autonomía de la voluntad privada, como potestad de las personas para autorregular sus propios intereses y determinar el contenido de los negocios jurídicos celebrados, implican también la posibilidad de que estos modifiquen su alcance introduciendo modificaciones al mismo. Esto significa que, así como las partes tienen la potestad de acordar el plazo del contrato, también tienen la potestad de modificarlo o darlo por terminado, en caso de que alguna de las partes no pueda seguir ejecutando el contrato.
Otro mecanismo al que suelen acudir las Entidades Estatales en casos en los que el contratista manifiesta no poder continuar la ejecución del contrato, es la cesión. La cesión de contrato es la figura jurídica que permite el traspaso de los derechos y obligaciones que emanan de un contrato.”
“se encuentra válido que en la estructuración de un proceso de contratación se puedan combinar objetos, siempre que estén debidamente justificados y que las prestaciones a fusionar estén directamente relacionadas entre sí. Esto permitirá tratarlas como una única unidad funcional enfocada en satisfacer las necesidades de la entidad. Por lo tanto, no sería adecuado incluir en un solo contrato prestaciones que, aunque distintas, mantengan su autonomía y no estén directamente conectadas con las demás.”
“Dado que las partes contratantes gozan de libertad para pactar las cláusulas contractuales conforme a sus intereses y necesidades, si en el marco de la ejecución del objeto contractual el contratista requiere el reconocimiento de gastos asociados a transporte, alojamiento o manutención, dicha situación debe estar contemplada expresamente en el clausulado del contrato.”
