La tesis de que la desaparición del negocio causal arrastra consigo al título ejecutivo solo aplica cuando el documento que se cobra deriva su fuerza de la relación negocial que le dio origen. No ocurre así en este caso. El título ejecutado es un laudo arbitral, es decir, una decisión que profirió un Tribunal de Arbitramento en ejercicio de la función jurisdiccional que el artículo 116 de la Constitución permite atribuir de manera transitoria a los particulares, y en la que se condenó al municipio de Melgar a pagar unas sumas de dinero.