Consejo de Estado. CONTRATO DE CONCESIÓN. Las adecuaciones de la infraestructura requeridas para garantizar dicha prestación entre ellas, la construcción del nuevo horno crematorio—, así como las demás actividades necesarias para cumplir las obligaciones asumidas, debían ejecutarse por cuenta y riesgo del Concesionario, conforme a la definición legal del contrato. La responsabilidad de obtener las autorizaciones y permisos necesarios para la construcción de dicha obra —incluida la licencia ambiental— también recaía sobre el Concesionario. CONTRATO DE CONCESIÓN. Naturaleza financiera. La retribución del contratista no proviene del pago de un precio por parte de la entidad contratante, sino del retorno esperado sobre la inversión efectuada. El perjuicio material alegado por el demandante. Estructura económica del contrato de concesión. LA OBLIGACIÓN DE OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL. Al no haberse contemplado inicialmente como parte del objeto contractual la construcción del nuevo horno crematorio, no podía exigirse a la UESP que obtuviera con antelación al proceso de selección la correspondiente licencia ambiental. PRUEBA DE LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. Las pruebas obrantes en el expediente no acreditan que las variaciones en las sumas pagadas por concepto del servicio de recolección de residuos hayan producido una alteración del equilibrio económico del contrato de concesión que justifique su restablecimiento a punto de no pérdida. Ni el dictamen pericial ni las demás pruebas del expediente acreditan que, en el balance global del contrato, se haya producido un resultado contable neto negativo o —desde la perspectiva financiera propia de las concesiones. Ello habría requerido, por ejemplo, un flujo de caja consolidado del proyecto y la verificación de que su valor presente neto (VPN), descontado a la tasa interna de retorno prevista en la oferta —o un WACC razonable para el proyecto—, resultara negativo. ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES. El riesgo tiene una doble dimensión: su materialización puede generar tanto efectos desfavorables —v. gr., un incremento de costos— como efectos favorables —la disminución de estos. La oferta económica debe reflejar la asunción de riesgos (2025)
“… aun si los efectos de un riesgo asignado —debido a su carácter extraordinario o inusitado— desbordan los umbrales implícitos o explícitos bajo los cuales fue asumido por el contratista, ello no implica, ipso facto, que la entidad estatal deba compensarlo. En tales eventos, el análisis sobre la procedencia de la compensación debe efectuarse conforme al criterio de alteración del equilibrio económico del contrato causada por circunstancias imprevisibles. Desde este punto de vista, la ocurrencia de esta clase de circunstancias constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para justificar una compensación”.
