Tal y como lo expuso el Tribunal a quo, en este caso lo que se evidencia es el cambio de postura de la misma entidad, que adoptó una nueva decisión de forma posterior, sin que tal evento se pueda considerar como un supuesto de pérdida de fuerza ejecutoria, ya que, como se explicó, esta figura aplica frente a situaciones de hecho o de derecho que incidan en la ejecutividad del acto, circunstancias que, en todo caso, no pueden ser provocadas por la misma administración.