“Por lo que la entidad no solo a través de los requisitos habilitantes, sino de los criterios de puntaje, o de evaluación, debe buscar que se garanticen de forma armónica los fines de la contratación estatal, así como lo dispuesto en el artículo 333 de la C.N, cuando establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la libre competencia económica, permitiendo que los particulares que deseen participar y contratar con el Estado lo hagan en condiciones de igualdad, libre concurrencia”.

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