Actualmente las restricciones del artículo 33 y del parágrafo del artículo 38 de la Ley están en curso, de tal manera que los gobernadores, secretarios, gerentes y directores de las entidades del orden municipal, departamental o distrital no podrán no solo celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos sino también tiene prohibido celebrar cualquier contratación directa. Al suscribir cualquier tipo de contrato o convenio bajo la modalidad de contratación directa en el periodo de la restricción definida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, los servidores públicos pueden estar incursos en investigaciones de tipo penal, responsabilidad disciplinaria y responsabilidad fiscal.
“… cuando del proceso auditor que culmina con no fenecimiento se desprendan hallazgos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria o penal, estos deberán ser trasladados a la autoridad competente o dar lugar a la actuación correspondiente, siempre que se acrediten los presupuestos legales de cada tipo de responsabilidad y con plena garantía del debido proceso.”
“… dentro del patrimonio público también se encuentran los bienes inmateriales y los derechos e intereses no susceptibles de propiedad por parte del Estado como el territorio nacional, el mar territorial, la plataforma continental, el espacio aéreo, etc.”
A lo largo del tiempo, los Procesos Fiscales de Cobro coactivo han tenido varias normas aplicables que establecían su procedimiento, incluso, en su evolución normativa, con la expedición del Decreto Ley 403 de 2020 y hasta la expedición de las sentencias de inexequibilidad de varios de sus artículos, dicho procedimiento contó con un cuerpo normativo aplicable durante la ese periodo de tiempo y que, debido a las sentencias de inexequibilidad, operó el fenómeno de la reviviscencia dejando como marco actual para regular su procedimiento los artículos 90 al 98 de la Ley 42 de 1993, el artículo 108 del Decreto Ley 403 de 2020, artículos 12 y 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 103 de la Ley 1474 de 2011 y el trámite consagrado para el proceso ejecutivo, dispuesto en la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso.
““La asignación de funciones adicionales debe respetar lo establecido en el Manual Específico de Funciones y no contradecir la Constitución ni la ley. Asimismo, dichas funciones deben guardar relación directa con la naturaleza y nivel del cargo, evitando desbordar sus competencias. Aunque los jefes pueden asignar tareas adicionales según las necesidades del servicio, estas deben mantenerse dentro del marco funcional del empleo.”
“… la no formalización de la amortización del anticipo otorgado, por sí sola no constituye daño al patrimonio público .en este caso representado en el valor dado como anticipo., sino que el órgano de control fiscal debe establecer de manera inequívoca que ello causó un daño por su no aplicación a la ejecución del objeto contractual dándosele aplicación diferente a la establecida por la normatividad y jurisprudencia al respecto. Esta omisión en la formalización de la amortización puede generar otro tipo de responsabilidad como puede ser la disciplinaria por el no acatamiento de las normas contractuales.”
“… “Para dar respuesta al problema jurídico, es importante indicar, que los reportes negativos en el Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR) y en los distintos certificados de antecedentes exigidos por la ley no constituyen, en todos los casos, una inhabilidad o impedimento legal automático para la celebración de contratos con entidades estatales. No obstante, la inclusión en el SIBOR como consecuencia de un fallo en firme y ejecutoriado, que implique responsabilidad fiscal, sí configura una inhabilidad legal para contratar con el Estado, en los términos previstos en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el cual se mantiene vigente mientras subsista el reporte y no se haya acreditado el pago de la obligación o bien la exclusión de dicho boletín.
Por otro lado, en cuanto a los antecedentes disciplinarios y judiciales, es necesario precisar que estos…”
Responsabilidad fiscal.
“La caducidad del contrato se dará en aplicación estricta de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 610 de 2000 una vez exista fallo con responsabilidad fiscal en firme evento en el cual las contralorías deberán notificar a la entidad contratante con el fin de que declare la caducidad del contrato siempre y cuando se encuentre en ejecución no haya expirado y no se haya dado cumplimiento a la orden de resarcimiento.”
“Las figuras de la calamidad pública y la urgencia manifiesta se encuentran relacionadas entre sí, en la medida en que la declaratoria de calamidad pública constituye el contexto fáctico y jurídico que puede dar lugar, previa valoración de la autoridad competente, a la declaratoria de la urgencia manifiesta. Dicho esto, primero se declara la calamidad pública para posteriormente declarar la urgencia manifiesta y así poder adelantar la contratación.”
