“… las entidades estatales tienen la obligación de verificar la idoneidad del futuro contratista de prestación de servicios, conforme lo indica el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. Esto con la finalidad de determinar si el f cumple con los requisitos de ley y las competencias necesarias para el servicio específico que se va a prestar.”
“… frente a la posibilidad de asumir por parte de la Entidad Contratante el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de sus contratistas, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 21 de la Ley 2381 de 2024 y 2.2.4.18.7 del Decreto 514 de 2025, no es un elemento que configure la subordinación para la configuración de contratos realidad.”
“… si el contrato inicial no contempla de manera clara las condiciones relacionadas con la forma de pago y genera vacíos que pueden poner en riesgo la ejecución del contrato, la entidad bajo los principios de función pública debe evaluar la procedencia de una modificación contractual, y en caso de que se determine su conveniencia, realizarla en virtud de la autorización consagrada en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que, en la práctica, suele denominarse “otrosí” —término usual en el derecho privado que en contratación estatal corresponde a los acuerdos modificatorios permitidos por la ley—.”
El pago de los honorarios está supeditado a la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, conforme a lo establecido en el contrato y documentos contractuales. Esta certificación debe reflejar que la entidad recibió a satisfacción el servicio correspondiente al periodo”.
“… la Corte Constitucional ha expuesto dos (2) posiciones frente a los cuales opera la protección del denominado fuero de maternidad de mujeres vinculadas por medio de un contrato de prestación de servicios: i) cuando el juez prueba la configuración de un contrato realidad en el contrato de prestación de servicios, porque concurren los siguientes elementos: a) el salario, b) la continua subordinación o dependencia y c) la prestación personal del servicio; y además, ii) cuando a pesar de no probarse la configuración de un contrato realidad, la terminación del contrato de prestación de servicios se fundamenta en criterios discriminatorios, y no en motivos objetivos.”
“… resulta preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, corresponde a las Entidades Estatales, al momento de adelantar contrataciones bajo la modalidad de contratación directa de prestación de servicios, el deber de verificar la idoneidad o experiencia requerida por los contratistas para la debida satisfacción del objeto del contrato.”
“… tratándose del procedimiento sancionatorio aplicable en los contratos de prestación de servicios suscritos con entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), el artículo 20 de la Ley 2365 de 2024 estableció un trámite de naturaleza especial cuya aplicación se encuentra sujeta a que el gobierno nacional reglamente las materias allí señaladas, entre las cuales se incluye el “Establecimiento de un procedimiento para la queja, investigación y atención de los casos de acoso sexual”.
“… “En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el estatuto de contratación estatal…”
“… frente a la consulta planteada acerca de la suspensión del contrato de prestación de servicios cuando la contratista está en estado de embarazo o durante la licencia de maternidad debe señalarse que, no existe disposición normativa que consagre de forma expresa las causales de suspensión del contrato, mucho menos en virtud del estado de embarazo o de la licencia de maternidad.”
“… pese a que para el Alto Tribunal Administrativo, la regulación de los conflictos de interés en las relaciones contractuales entre Estado y particulares se realiza en el pliego de condiciones respectivo, estima esta Agencia que las Entidades Estatales, como se indicó previamente, podrían definirlo desde sus manuales internos de contratación.”
