la discusión no radica en quién era el responsable de la adquisición del predio, como equivocadamente lo entendió la Sala en primera instancia, pues se tiene conocimiento de que eso le correspondía al municipio; el problema es que la gobernación comprometió importantes recursos públicos, sin haber cumplido una mínima labor encaminada a conocer la titularidad del inmueble en que debía ejecutarse la obra contratada.