La interventora tenía un deber concreto de declarar el impedimento, conocía el interés directo de su esposo, podía cumplirlo y decidió ejercer la interventoría sin informar el conflicto de interés. La conducta configuró el delito de prevaricato por omisión y satisfizo los juicios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Las instancias aplicaron indebidamente el artículo 409 Cp y omitieron aplicar el artículo 414.