Consejo de Estado. CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS. La delimitación del objeto contractual no releva al contratista del cumplimiento de las especificaciones técnicas ni de la calidad de las obras efectivamente ejecutadas. El contratista debía determinar técnicamente las intervenciones que proponía y garantizar que las actividades ejecutadas, los materiales y los procedimientos constructivos cumplieran las especificaciones técnicas y las condiciones de calidad y estabilidad exigibles. CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS. La remuneración dependía de las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas conforme a los precios pactados, y con un monto agotable que delimitaba los recursos disponibles para su ejecución. CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS. ÍTEMS ADICIONALES. Debía probarse que se siguió el procedimiento contractual para su reconocimiento, que las actividades reclamadas constituían prestaciones distintas de aquellas remuneradas mediante los precios pactados, las cantidades y valores que sustentarían el reconocimiento pretendido. Las pruebas aportadas no permitieron establecer que las variaciones alegadas hubieran ocasionado costos extraordinarios no cubiertos por los precios unitarios pactados ni demostraron su incidencia económica neta. La sola presentación de nuevos análisis de precios no subsanaba esa insuficiencia probatoria, no transformaba las mayores cantidades ejecutadas en ítems no previstos ni demostraba una obligación de pago. Para obtener la condena, el Consorcio debía acreditar cuáles actividades adicionales ejecutó efectivamente, sus cantidades, el recibo por parte de la entidad, el precio aplicable y el vínculo entre esos valores y la suma reclamada. FALSA MOTIVACIÓN. Para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos que declararon el incumplimiento debía acreditarse que las patologías y no conformidades que los sustentaron no eran imputables al contratista. INTERVENTORÍA. Su participación en la definición y seguimiento de las actividades no exonera al contratista de los defectos derivados de la ejecución de las actividades a su cargo. INTERVENTORÍA. EL CONTARTISTA NO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PEDIR QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO. El contratista no es parte en el contrato entre la entidad pública y la interventoría. EQUILIBRIO ECONÓMICO. No se acreditó una alteración extraordinaria de la ecuación económica que justifique el restablecimiento solicitado. La variación de las cantidades de obra exige acreditar su incidencia económica efectiva y una alteración extraordinaria de la ecuación contractual. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Procedencia del término de 10 días para presentar alegaciones (2026)