¿Erró el Tribunal al considerar que la procedencia y efectividad de la cláusula penal pecuniaria no requería la acreditación de un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales? En caso de respuesta negativa, ¿esa interpretación condujo al desconocimiento del principio de proporcionalidad, desnaturalizó la función resarcitoria de la cláusula penal pecuniaria y comportó una objetivación de la responsabilidad del contratista? Como lo concluyó la primera instancia ¿la determinación del porcentaje de incumplimiento y del monto de la sanción observó los principios de proporcionalidad, razonabilidad y suficiencia probatoria? ¿Le asiste razón al Tribunal al considerar que el incremento del valor de la cláusula penal al resolver el recurso de reposición no vulneró el debido proceso cuya transgresión se afirmó en la demanda?

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