Consejo de Estado. Régimen privado. CONTRATO A PRECIO GLOBAL. Excluye la posibilidad de reclamar mayores cantidades de obra o actividades adicionales. Excepciones. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. MATRIZ DE RIESGOS. En principio no es procedente que el contratista alegue un incumplimiento contractual por la entrega defectuosa o incompleta de los estudios y diseños de la estructura y la arquitectura del proyecto, ni por la falta de entrega de diseños sobre aspectos técnicos exigidos por la normativa, que el contratista, como profesional experto, debía tener en cuenta al presentar su oferta. EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. Mayores costos por la pandemia COVID-19. Retención de contribución especial. Estampilla pro universidad nacional. NO accede porque no se cumplen los presupuestos del artículo 868 del Código de Comercio para la revisión del contrato por hechos imprevistos. ACUERDOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS POR LAS PARTES. Conforme a los acuerdos celebrados durante la primera etapa del contrato, las partes afrontaron y superaron de mutuo acuerdo los problemas relativos a la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, en especial las falencias sustanciales de aquellos relativos a la estructura y arquitectura de la obra. SILENCIO O AUSENCIA DE SALVEDADES. El silencio o la ausencia de salvedades del contratista en los acuerdos modificatorios, adiciones o prórrogas no puede ser interpretado por el juez del contrato como una declaración dispositiva de intereses, con la capacidad de enervar automáticamente las posteriores reclamaciones relativas al reequilibrio de la ecuación económica del contrato o la indemnización plena de perjuicios. deberá estudiarse, en cada caso, si esas pretensiones judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y según lo que resulte probado. EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVENIDA. No resulta procedente analizar el reajuste de las prestaciones pactadas a favor del contratista por hechos imprevisible sobrevenidos durante la ejecución del contrato con fundamento en el principio de buena fe. PATRIMONIO AUTÓNOMO. Las entidades no responden directamente por las obligaciones contractuales asumidas por el patrimonio autónomo, salvo que exista una causal específica de responsabilidad propia y autónoma (2026)