Consejo de Estado. RECTIFICA JURISPRUDENCIA sobre la declaratoria de caducidad y sus efectos frente a la sociedad y sus socios. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. Responsabilidad de sus miembros. La responsabilidad de los miembros de los consorcios, así como la que adquieren quienes conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal,  es solidaria por expreso mandato de la ley. DECLARATORIA DE CADUCIDAD. Responsabilidad del consorcio. Genera inhabilidad frente a sociedad cualquiera sea su clase. SOCIEDAD DE PERSONAS. Declaratoria de caducidad afecta a sociedad y socios. INHABILIDAD DE SOCIEDAD. Declaratoria de caducidad. INHABILIDAD DE  SOCIO. Declaratoria de caducidad. Hay que deslindar la responsabilidad solidaria de carácter patrimonial de las inhabilidades, por cuanto cada institución tiene su régimen propio; de la misma manera que se deslinda la responsabilidad civil de la penal, o ésta de la disciplinaria. INHABILIDAD SOBREVINIENTE DE CONTRATISTA. Cesión del contrato. CESIÓN DE CONTRATO. Requisitos que debe tener en cuenta la entidad para autorizarla. DECLARATORIA DE CADUCIDAD. Cesión de contrato de concesión. CONTRATO DE CONCESIÓN. Improcedencia de cesión a favor de sociedad anónima. LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO. Consagración legal. Poder de decisión de socio. Voluntad sometida a sociedad matriz o controlante de la cedente. Cesión improcedente porque no se considera un tercero (2001)

“La Sala considera pertinente rectificar la tesis expresada en concepto de 2000, en el sentido de que cuando a una sociedad se le declara la caducidad de un contrato estatal, recae sobre ella la inhabilidad establecida en el literal c) del numeral 1º del artículo 8º de la ley 80 de 1993, cualquiera que sea la clase de sociedad; y en cuanto a los socios, la inhabilidad recae sobre los socios de las sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad,  no sobre los socios de las sociedades de capital, de acuerdo con lo dispuesto por el literal i) del mismo numeral del citado artículo, el cual, por referirse a inhabilidades e incompatibilidades para contratar, tiene carácter taxativo”. “El artículo 7º de la ley 80 no establece inhabilidades, éstas se rigen por lo dispuesto en los artículos 8º y 58 de la misma ley.  Por consiguiente, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, en el que sea contratista un consorcio o sociedad, sólo afectarán con inhabilidad a quienes queden comprendidos en una de las causales taxativamente señaladas en la ley, para que ella se configure.  Dicho de otra manera, hay que deslindar la responsabilidad solidaria de carácter patrimonial de las inhabilidades, por cuanto cada institución tiene su régimen propio; de la misma manera que se deslinda la responsabilidad civil de la penal, o ésta de la disciplinaria. Este deslinde se sustenta en lo dispuesto en los artículos 50 a 58 de la ley 80 y en el último inciso del artículo 18, que para el caso de la declaratoria de caducidad señala que el contratista se hará acreedor “a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley ”, esto es, que dichas normas separan los fenómenos y determinan que los efectos de cada uno son conforme a lo que para cada evento prescriba la ley.  Por tanto, si se declara la caducidad,  para determinar la inhabilidad es preciso analizar el caso concreto en relación con las causales previstas en la ley 80.  En consecuencia, los accionistas de una sociedad anónima a la cual se le declare la caducidad no quedan inhabilitados por disponerlo así la ley, que es la que determina taxativamente las causales de inhabilidad”.