Consejo de Estado. LA APLICACIÓN DE LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA DEMANDADA Y SU INCIDENCIA EN LA VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO. Aunque es cierto que las autoridades públicas están obligadas constitucionalmente a presumir la buena fe en las actuaciones que adelanten los particulares ante ellas, dicho mandato, en definitiva, no puede ser invocado como un pretexto válido para “purgar” la ilegalidad en la que esté inmersa un acto administrativo. LA INSUFICIENCIA PROBATORIA PARA ACREDITAR LOS PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES RECLAMADOS. Los elementos de convicción recaudados a lo largo del proceso no dan cuenta de la efectiva causación de los rubros indemnizatorios reclamados (2024)