En conclusión, el Ministerio no tiene competencia para la revisión de la información contenida en el Simat y la consecuente clasificación de beneficiarios del PAE, y tampoco para definir mecanismos presupuestales o administrativos encaminados a la ampliación de cobertura en una institución educativa determinada. En consecuencia, no debe ser vinculado como destinatario del exhorto y, en tal sentido, se modificará la providencia recurrida”.
“…. la administración puede rectificar la calificación de las ofertas cuando encuentre fundadas las observaciones de los interesados. Sin embargo, para atribuir a lo ocurrido durante esa diligencia el efecto de modificar una evaluación previamente consignada, que es el sustento del recurso de alzada, esa rectificación debe resultar acreditada de manera clara e inequívoca de las actuaciones que documentan la audiencia y la decisión posterior, sin que resulte suficiente inferirla de silencios, anotaciones aisladas o lecturas fragmentarias de los cuadros consolidados. Lo relevante, por tanto, es establecer si las piezas que dan cuenta del proceso de selección permiten concluir que la entidad revisó la evaluación precedente y sustituyó explícitamente la conclusión inicialmente adoptada sobre el aspecto controvertido.”
“…. s necesario precisar que la procedencia de suscribir los convenios interadministrativos o acuerdos formales para la conformación de bolsas comunes entre Entidades Territoriales Certificadas (ETC), como los departamentos, y Entidades Territoriales No Certificadas (ETnoC), como los municipios, en el marco del cumplimiento de los objetivos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), debe analizarse a la luz de las restricciones previstas en la Ley de Garantías Electorales, con el fin de determinar su viabilidad y alcance durante los periodos de aplicación de dicha normativa.”
El RUP no es el único mecanismo establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para dar publicidad a los incumplimientos, ni el único ante el que se debe reportar tal información por parte de las entidades estatales. Esto dado que el SECOP también es un mecanismo que permite dar publicidad a los incumplimientos que se presenten en los Procesos de Contratación.
“… si bien en la primera parte del artículo 3 de la Ley 2167 de 2021 se hace alusión solamente a las asociaciones de padres de familia, se advierte que, a renglón seguido, el parágrafo 1° del mismo artículo expresamente se refiere a la posibilidad de que tanto las asociaciones de padres de familia como las juntas de acción comunal sean operadoras del servicio de alimentación escolar. A partir de lo anterior, en esta etapa procesal el Despacho no advierte prima facie que en este aspecto el Decreto 846 de 2023 hubiese contrariado la referida ley.”
“En materia de financiación, el PAE descansa en un esquema de cofinanciación que articula recursos del Presupuesto General de la Nación —asignados y distribuidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA)— con aportes de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC). El cumplimiento de la Ley 2167 de 2021 exige planear y contratar con antelación suficiente para garantizar la prestación del servicio durante todo el calendario académico, evitando rupturas en la atención, lo que supone la necesaria sincronización entre los tiempos de programación y ejecución de las ETC y el ciclo de asignaciones nacionales. De manera complementaria, el Decreto 846 de 2023 reforzó la obligación de iniciar la atención desde el primer día del calendario escolar, así como la anticipación de los procesos logísticos y contractuales, incorporando consideraciones de infraestructura y pertinencia alimentaria. Este esquema financiero y operativo, regido por los principios de planeación y sostenibilidad fiscal, impide concebir la cobertura como un universo instantáneo y exige una expansión progresiva del programa, determinada por la focalización técnica, la capacidad operativa y la planeación coordinada entre los distintos niveles de la administración”.
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) – Su arquitectura legal obedece al principio de descentralización administrativa, distinguiendo las funciones de política general (MEN), de reglamentación y cofinanciación (UApA), y las de ejecución y focalización operativa, como la revisión del SIMAT, que son competencia exclusiva de la Entidad Territorial Certificada.
