“el Decreto 092 de 2017 no remite a las modalidades de selección del EGCAP. Establece un mecanismo propio de escogencia: el proceso competitivo regulado en su artículo 4. El reglamento dio a las Entidades Estatales un alto grado de discrecionalidad para diseñar ese proceso, con sujeción a los principios de libre concurrencia, pluralidad de interesados y comparación objetiva de las propuestas. Que no exista una regulación detallada no significa que haya un vacío normativo que deba llenarse automáticamente con las reglas del EGCAP. Significa que el reglamento quiso que cada Entidad estructurara el proceso.
Para resolver la consulta hay que considerar la naturaleza de los negocios jurídicos que regula el Decreto 092 de 2017. Los contratos de colaboración del artículo 355 de la Constitución buscan impulsar programas y actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo. No generan una contraprestación directa para la Entidad ni una relación conmutativa con la ESAL. Los convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 buscan desarrollar de forma conjunta actividades relacionadas con las funciones de la Entidad.”
Por consiguiente, la entidad estatal no puede excluir una oferta únicamente porque su menor precio se sustente en un tratamiento tributario favorable previsto por el ordenamiento jurídico, ya que ello implicaría desconocer una condición legalmente reconocida al proponente y establecer una restricción no prevista en la ley.
Permitir que cada entidad introduzca ajustes a los documentos tipo para dar aplicación inmediata al Decreto 287 de 2026 implicaría desconocer la competencia exclusiva atribuida por el legislador a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente mediante la expedición de la Ley 2022 de 2020, así como la regla de inalterabilidad que rige estos documentos.
“…la obligación de la entidad contratante en la etapa de ejecución del proceso de contratación es verificar, a través del supervisor o interventor, que el proponente mantenga en su planta de personal las personas con discapacidad que dieron lugar al puntaje, esto es, a manera de ejemplo, si el proponente tiene un tamaño de planta de personal entre 1 y 30 personas, que tenga vinculada una (1) persona con discapacidad con todas las garantías legalmente establecidas, por lo que si el proponente cuenta con más personas con discapacidad, en la medida en que ese personal adicional no es el que da lugar al puntaje, en su autonomía podrá disponer de su planta de personal, salvo la persona con discapacidad que dio lugar al puntaje.””
“… la entidad estatal debe aplicar los criterios de desempate de manera sucesiva y excluyente, únicamente cuando persista el empate una vez agotados los requisitos habilitantes y los factores de evaluación establecidos en los pliegos de condiciones, verificando de forma rigurosa, objetiva y documentada el cumplimiento de los supuestos normativos exigidos para cada caso. Cualquier aplicación parcial, anticipada o basada en valoraciones subjetivas desconoce la naturaleza jurídica de estos criterios y vulnera los principios que rigen la contratación estatal.”
“…. el seguimiento durante la ejecución del contrato se enfocará en los trabajadores que dan lugar al puntaje de acuerdo con la tabla del artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, que señala el número total de trabajadores de la planta de personal del proponente y la cantidad de personas que debe vincular en su planta de personal, de acuerdo con el tamaño de esta.”
En criterio de la Sala, una postura como la sugerida por la parte accionante, que apunta al rechazo de las propuestas que no pudieron ser subsanadas por un error de la Administración, implicaría el desconocimiento injustificado del principio de debido proceso, que, en el ámbito de la contratación estatal, encuentra una de sus principales manifestaciones en el deber a cargo de las entidades de escoger al contratista con pleno respeto de las etapas propias de cada procedimiento de selección. De conformidad con lo prescrito en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal se erige como uno de los instrumentos por medio de los cuales el Estado cumple sus fines esenciales. Para lograr la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, el Estado requiere de bienes y servicios que obtiene a partir de la colaboración de los particulares, quienes deben ser contratados a través de los procedimientos de selección regulados en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública.
Conviene destacar que teniendo en cuenta i) que el reglamento define los documentos que demuestran las circunstancias reguladas para la obtención de los beneficios de puntuación adicional en favor tanto de personas con discapacidad como de los emprendimientos y empresas de mujeres, ii) que las entidades estatales deben presumir la buena fe, como lo ordena el artículo 83 de la Constitución Política, y que iii) los numerales 1 y 2 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 prohíben implementar trámites o requisitos que las normas no incluyen, como garantía del principio de economía, las entidades deben abstenerse de solicitar documentos adicionales a los señalados por el legislador.
