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Procedencia de reconocer los costos soportados por la mayor permanencia originada en una prórroga en la que se pactó que el valor del contrato no se modificaría.
By: System Administrator on martes, junio 8

La jurisprudencia de la Sala ha sido consistente en indicar que, por regla general, son improcedentes las pretensiones en las que se reclaman los costos soportados por la prórroga del plazo de ejecución, si el contratista, a ciencia y paciencia de que el valor del contrato no será modificado y de que habrá una mayor permanencia, manifiesta su consentimiento al efecto. La Sala también ha aclarado que no “acepta incorporar una tarifa interpretativa acerca del requisito formal de la salvedad, sino que en cada caso se parte del análisis del contenido del respectivo acuerdo y de sus antecedentes, para determinar el alcance de los otrosíes correspondientes” (CE. 64701) Esta postura fue resumida en la sentencia (CE. 64701), en la que se registraron varios pronunciamientos, como el de 8 de noviembre de 2016:

“Así las cosas, la Sala encuentra que no proceden los argumentos que expuso el consorcio demandante en la apelación, toda vez que si bien se alegaron las causas de la mayor permanencia en obra en su oportunidad, a la hora de firmar las prórrogas, el contratista aceptó, en conocimiento de la existencia de tales circunstancias, que se ampliara el plazo sin adición de valor. En similar forma, en la prórroga 2, se acordó una adición que fue delimitada en su valor. La Sala advierte que las prórrogas se constituyeron en una ley para las partes, de acuerdo con la fuerza legal del contrato, que aplica también a sus modificaciones (…) Como consecuencia del análisis de las pruebas, se afirma la fuerza vinculante de las prórrogas del contrato, con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil, la cual lleva a establecer que el contratista no podía alegar hechos imprevisibles en relación con aquellos eventos que conoció y pudo valorar antes de firmar las prórrogas del contrato” CE 47336.

En el caso bajo análisis, el carácter mercantil del contrato de Interventoría no hace inaplicable la regla de decisión establecida para esta misma clase de controversias con entidades estatales. La naturaleza jurídica del contrato (estatal o comercial) no es una diferencia jurídicamente relevante para la aplicación de la regla. Lo relevante son las semejanzas que hay entre ellos, a saber: la obligación de las partes de actuar con arreglo a los principios de buena fe, normatividad de los contratos y respeto por los propios actos. Esto explica por qué la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha tenido el mismo acercamiento a problemas como el que ahora ocupa a la Sala: 

“Pese a las disímiles posiciones asumidas por las partes, conforme el recuento anterior, es lo cierto que ellas, el 13 de febrero de 1984, suscribieron la ORDEN DE CAMBIO No. 005, en la que estipularon: De acuerdo con la CLAUSULA SEPTIMA de EL ACUERDO, MODIFICACIONES, del SUBCONTRATO 5-CO-002, se modifica la CLAUSULA SEXTA, PLAZO, de ese ACUERDO, en la siguiente forma: EL SUBCONTRATISTA se obliga a terminar la ejecución total de la OBRA el día primero (1º) de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). El valor de la OBRA ejecutada seguirá reajustándose mediante la aplicación de la fórmula estipulada en la CLAUSULA CE-11, REAJUSTE DE PRECIOS, y mediante el uso de los índices correspondientes a tres (3) meses antes del mes en el cual se ejecutó la OBRA…La fecha de terminación, el precio y todos los términos, convenios y condiciones del CONTRATO arriba mencionado, permanecerán vigentes, excepto aquellos expresamente modificados por ésta y otras previas ORDENES DE CAMBIO, si hubiera.

Siendo esos los términos en que las partes convinieron la prórroga del subcontrato, es lo propio deducir que ni las actoras aceptaron el 'plan de incentivos' que les fue propuesto por la subcontratante, ni Morrison Knudsen accedió a las solicitudes del consorcio, y que al estipularse el nuevo plazo, una y otra se abstuvieron de fijar parámetros económicos diferentes para el contrato, indicando, por el contrario, que 'el precio y todos los términos, convenios y condiciones del CONTRATO arriba mencionado, permanecerán vigentes, excepto aquellos expresamente modificados por ésta y otras previas ORDENES DE CAMBIO, si hubieran'.

Efecto de lo anterior es que el incumplimiento denunciado por las demandantes y ahora analizado por la Corte pierda toda fuerza, pues en verdad no resulta entendible que frente al convenio expresado en la comentada orden de cambio, atinente a dejar vigentes el precio y las demás condiciones del subcontrato, se sostenga en el escrito iniciador de esta controversia que MKI estaba obligada a partir de su celebración a reconocer un precio diferente, o una forma de pago distinta a la convenida, o a dar cumplimiento a la cláusula CE-6.1, reguladora de una situación diferente”[1].

La Sala advirtió que, según las pruebas aportadas, los miembros del Consorcio prorrogaron el plazo del contrato sin pactar una modificación de su valor. Consejo de Estado. Costos por la prórroga del contrato. Diferencia entre exigibilidad y mora.

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