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Mayor permanencia generada por la modificación unilateral del contrato, derivada de la falta de planeación por parte de la entidad contratante. Actas. Salvedades.
By: System Administrator on jueves, junio 3

Mayor permanencia. Suscripción de actas de suspensión y sus prórrogas sin salvedades.

En lo relativo a la mayor permanencia alegada por el demandante por razón de las suspensiones del contrato, es claro que estas dieron lugar a la prolongación del término contractual y a que la ejecución de las obras que sí se adelantaron comenzara más de un año después de la firma del acta de inicio.

Para la Sala, la mayor permanencia en obra devino por el incumplimiento de la entidad demandante y por esta razón es responsable frente al contratista por los perjuicios derivados de tal fenómeno.

Cierto es que el hoy demandante suscribió las actas de suspensión y sus prórrogas aceptando de esa manera la ampliación del término pactado, pero ello obedeció a su voluntad de ejecutar el contrato y a la posibilidad que se mantenía abierta, de salvar la totalidad del objeto contractual y de realizar obras en los colegios involucrados, pese a estar pendientes nuevos estudios sobre trabajos de infraestructura. Ninguna conducta distinta le era exigible en ese momento al contratista, quien si bien no expresó salvedades en las actas de suspensión, solicitó posteriormente el reconocimiento de costos por la prolongación del contrato, una vez se determinó que la ejecución de las obras, condicionada en tales actas a la obtención de los informes de consultoría, finalmente no se llevaría a cabo.

Esta Subsección ha recalcado que, en principio, la suscripción de acuerdos modificatorios o de prórroga de los contratos con silencio del contratista sobre los efectos económicos de tales medidas puede conllevar a que, en sede de juicio, resulte improcedente el reconocimiento de las pretensiones económicas derivadas de tales acuerdos, cuando la conducta del demandante se oponga a principios como el de la buena fe y el no desconocimiento de los actos propios.

 

También se ha advertido que las salvedades a esos acuerdos no se pueden erigir como una exigencia formal general ni un requisito ad substantiam actus para el reconocimiento de pretensiones de la demanda judicial, puesto que, en todo caso, debe examinarse cada controversia en concreto y verificarse el alcance real de los acuerdos celebrados durante el desarrollo del contrato.

Al respecto, se ha señalado C.E. 45190:

Es importante observar que la improcedencia de las reclamaciones que se presentan en contravía de los acuerdos contractuales también ha sido invocada por la Subsección A de la Sección Tercera esta Corporación, pero en la jurisprudencia de esta Sala no se acepta incorporar una tarifa interpretativa acerca del requisito formal de la salvedad, sino que en cada caso se parte del análisis del contenido del respectivo acuerdo y de sus antecedentes, para determinar el alcance de los otrosíes correspondientes.

Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que cuando las causas de suspensión o prórroga del contrato no le son imputables al contratista, se le deben reconocer los costos derivados de tal extensión del contrato en el tiempo, más cuando, adicionalmente, aparece expreso en las actas que tales motivos le son imputables a la entidad contratante. Ver sentencia 42962.

Así las cosas, al evidenciarse en el presente caso que las suspensiones del contrato surgieron por el incumplimiento de la entidad demandada al deber de planeación, al amparo de los indicados criterios jurisprudenciales y de la doctrina anteriormente citada, se impondrá indemnización a favor del contratista, tanto por la modificación del contrato como por la mayor permanencia, de acuerdo a lo que, lógicamente, resulte demostrado en el sub examine. Lo anterior por cuanto, además, las suspensiones acordadas se limitaron a poner en suspenso la ejecución del contrato, sin que se conviniera nada que repercutiera en su estructura económica que permitiera inferir que las partes estaban regulando los efectos económicos de la suspensión.

Frente a la ruptura del equilibrio económico del contrato

Frente a este aspecto la Sala reiteró que tratándose de un incumplimiento (CE. 37910)  se generan afectaciones a los derechos de la parte cumplida y debe manejarse “con mayor propiedad bajo la óptica de la responsabilidad contractual, por cuanto se trata de dos “...instituciones distintas en su configuración y en sus efectos” CE. 28616: así, la responsabilidad contractual se origina en el daño antijurídico que es ocasionado por la parte incumplida del contrato, lo que hace surgir a su cargo el deber de indemnizar los perjuicios ocasionados en forma plena, es decir, que para el afectado surge el derecho a obtener una indemnización integral, lo que no sucede en todos los eventos de rompimiento del equilibrio económico del contrato[1]”.

Indemnización por la reducción de las cantidades de obra. Pretensiones en relación con el AIU

Indicó la Sala que la prueba pericial no demostró los gastos en que realmente incurrió el contratista durante el tiempo que excedió al plazo inicial del contrato, sino que se efectuó la simple operación matemática de multiplicar el valor de los componentes del AIU por el número de meses adicionales, “lo que la jurisprudencia de esta Corporación ha rechazado, por no acreditar la relación de causalidad entre la mayor permanencia y los perjuicios alegados, es decir, el daño concreto sufrido por el contratista con ocasión de la prolongación del contrato[2]”.

“Lo anterior guarda concordancia con lo que la doctrina ha indicado respecto a la indemnización que debe recibir el contratista por reducción de las cantidades de obra[3]:

 

Teniendo en cuenta que la modificación se impone en interés público (…), el contratista afectado con la medida no puede sufrir las consecuencias, motivo por el cual siempre (…) se indemnizarán los perjuicios causados por la disminución del alcance del objeto. Así por ejemplo, cuando se trate de reducir cantidades de obra, habrá que cancelarle no solo el valor de los bienes y materiales que hubiere adquirido sino también la utilidad que el contrato le produciría, incluyendo en ella las que correspondan al porcentaje de las obras eliminadas.

Ahora, se debe precisar, en este punto, que por ser el negocio en litigio un contrato de obra, las utilidades derivadas del mismo no son pasibles de estimarse ni calcularse sobre la base del paso del tiempo –como lo solicitó el demandante-, sino con fundamento en el valor del objeto mismo del contrato: la obra que se debía ejecutar. Por ello, el cálculo de este rubro se realizará con base en la oferta económica del contratista, acogida íntegramente en el contrato celebrado”.

Finalmente, en lo atinente a los perjuicios morales reclamados en la demanda, encuentra la Sala que no fueron demostrados en el juicio, por lo que no hay lugar a su reconocimiento. Consejo de Estado. Modificación del contrato estatal. Eiliminación de obras. Principio de planeación.

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