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En vigencia de un Estado de Excepción NO se pueden desconocer derechos adquiridos. El Estado NO puede suspender UNILATERALMENTE el pago de sentencias judiciales.
By: System Administrator on mircoles, junio 2

El Consejo de Estado INAPLICÓ el parágrafo 1º del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, que sirvió de fundamento a la expedición de unas Resoluciones del Instituto Nacional XXX, antes de la declaratoria de inexequibilidad con efectos hacia el futuro, dispuesta en la sentencia C-242-20 de la Corte Constitucional.  Las Resoluciones fueron declaradas nulas y se aclara que la nulidad de los actos administrativos tendrá efectos ex tunc, esto es, desde siempre[1].

La suspensión de los términos del trámite administrativo de pago de sentencias judiciales.

Informó la Sala que los actos controlados dispusieron la suspensión del pago de condenas contenidas en sentencias judiciales y que por la naturaleza de la medida, esta ameritaba un análisis frente a normas superiores cuya obligatoriedad es imperativa, incluso en vigencia de un estado de excepción (art. 4 LEEE).

 

“El artículo 58 CN prevé la garantía de la propiedad privada y de los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, que no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Estos derechos de carácter constitucional constituyen el fundamento y el límite al poder político (preámbulo, arts. 1, 2 y 3 CN). Por ello, la Constitución dispone que el Estado reconoce sin discriminación alguna los derechos inalienables de la persona (art. 5 CN), pues estos configuran elementos fundantes del ordenamiento[2].

 

La garantía del artículo 58 CN implica que una ley nueva no puede afectar ni desconocer derechos adquiridos, esto es, prohíbe la retroactividad de la ley frente a situaciones jurídicas consolidadas, conforme a lo reconocido y amparado por normas anteriores. A su vez, las meras expectativas no constituyen un derecho contra la ley nueva que las anule o cercene (art. 17 Ley 153 de 1887).

 

13. Las sentencias en los procesos declarativos reconocen derechos. El artículo 278 CGP prescribe que los fallos deciden sobre las pretensiones, las excepciones y la liquidación de perjuicios en una controversia judicial. Como, en principio, las órdenes judiciales son de ineludible cumplimiento, pues constituyen actos de soberanía que expresan la organización propia de un Estado de derecho, solo pueden ser desatendidas por razones constitucionales y legales[3].

 

Las sentencias judiciales, al estar revestidas del atributo de la cosa juzgada por mandato legal, constituyen una fuente de obligaciones (arts. 1494 CC y 302 CGP). En consecuencia, la parte obligada a su cumplimiento debe satisfacer lo debido con apego a los términos de la resolución judicial (art. 1627 CC). Si una sentencia condena al pago de una suma de dinero, la obligación se satisface con el pago del capital, los intereses y las indemnizaciones que se deban (art. 1649 CC). El artículo 192 CPACA prevé el plazo. El artículo 192 CPACA prevé el plazo en que se deben cumplir las condenas dinerarias impuestas por la jurisdicción en lo contencioso administrativo. De manera que las obligaciones que tienen por fuente las decisiones judiciales no pueden quedar supeditadas a la exclusiva voluntad del deudor, ni siquiera si este es el Estado.

 

Además, el artículo 201.1 CN impone a la autoridad administrativa el deber de prestar a los jueces los auxilios necesarios para el cumplimiento de sus providencias, con arreglo a las leyes. Ello supone que el Gobierno Nacional en cumplimiento de sus competencias, tanto en tiempos ordinarios como en períodos de excepción, está llamado -en principio- a acatar las decisiones de los jueces y a desplegar las acciones necesarias para cumplirlas. 

 

14. El artículo 4 CN establece la supremacía de la Constitución sobre las demás normas del ordenamiento interno[4]. La jerarquía superior de la Constitución se explica no solo porque define el sistema de fuentes y es expresión de la intención fundacional del Estado, sino también porque ella es la competencia de las competencias. De ahí que si el juez de la Administración, al ejercer el control de legalidad, advierte que una norma es contraria a la Constitución, deberá inaplicarla, pues de esta manera hace efectiva la supremacía constitucional[5].   

 

Al descender estas consideraciones al parágrafo 1 del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, se tiene que la medida de suspensión de pagos de condenas contenidas en sentencias judiciales -mientras estuvo vigente- trasgredió normas constitucionales y legales, pues no solo desconoció derechos adquiridos, sino que, sin fundamento sólido alguno, autorizó desobedecer los fallos judiciales, cuando el Gobierno debe -por el contrario- prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias (art. 201.1 CN).

 

Una decisión judicial ajustada al orden jurídico (convencional, constitucional o legal) no puede ser incumplida por el Gobierno Nacional -como legislador extraordinario-. La Administración -en el marco de un estado de excepción- no puede expedir normas para eludir el cumplimiento de sus obligaciones civiles. Por motivos diferentes a los expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020, la Sala advierte que el precepto legal de excepción es incompatible con la Constitución (art. 4 CN), porque repugna con los artículos 58 y 201.1 CN. De allí que las resoluciones controladas, además de ser abiertamente contrarias al marco legal que regula el cumplimiento de las obligaciones (arts. 1494, 1627 y 1649 CC y 192 CPACA), están sustentadas en un mandato legal extraordinario contrario a la Constitución.
Consejo de Estado. En vigencia de un Estado de Excepción NO se pueden desconocer derechos adquiridos. El Estado NO puede suspender UNILATERALMENTE el pago de sentencias judiciales.



[1] Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de mayo de 2017, Rad. IJ 11001-03-28-000-2016-00024-00(acumulado 00025) [fundamento jurídico 6]. 

[2] Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial Transitoria de Decisión 4B, sentencia del 27 de junio de 2006, Rad. S-969 [fundamento jurídico 2.1.3].

[3] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 1984, Rad. 3551 [fundamento jurídico F], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p.41, disponible en https://bit.ly/3qFJI0n .

[4] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. 63.541 [fundamento jurídico 7].

[5] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera-Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2011, Rad. 16763 [fundamento jurídico 5.5]. 

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