Correo Electrónico Contraseña
Registrarse |  ¿Olvidó su contraseña?




 

Salvedades al momento de pactar suspensiones o prórrogas contractuales. La transmisión del riesgo en estos asuntos no puede ser ilimitado.
By: System Administrator on mircoles, mayo 26

En Salvamento de voto el Magistrado Martín Bermúdez Muñóz manifestó no estar de acuerdo con una sentencia Consejo de Estado. Prórroga y suspensión del contrato estatal por causas inherentes al contratista. en relación con decisiones relativas a las suspensiones que obran en las actas. Consejo de Estado. Prórroga y suspensión del contrato estatal por causas inherentes al contratista.

El Magistrado indica que no está de acuerdo en que el contratista deba dejar salvedades al momento de pactar suspensiones o prórrogas contractuales, como lo establece la sentencia. En otras oportunidades, la Sala ha indicado los motivos por los cuales ello no es exigible al contratista:

<<13.5.- Si en el acta se deja constancia de la causa de la suspensión y se establece expresamente que ella es imputable a la entidad contratante, no puede entenderse, de ninguna manera, que el contratista haya renunciado tácitamente a su derecho a reclamar perjuicios, por las siguientes razones:

13.5.1.- De un lado, para que el acuerdo sobre la renuncia de derechos tenga validez, este debe provenir de la manifestación expresa de las partes. Presumirlo implicaría desconocer el principio de la autonomía de la voluntad, del cual se deduce que las partes solo se obligan a aquello que quieren y que manifiestan expresamente. 

13.5.2.- De otro lado, implicaría dar al silencio del contratista un efecto que la ley no contempla y que el juez no puede presumir. No es razonable presumir que el contratista renuncia a reclamar los posibles perjuicios, cuando suscribe la suspensión de un contrato y no realiza ninguna manifestación al respecto. 

Los artículos 2469 y 2375 del Código Civil no permiten considerar como transacción un acuerdo en el que una de las partes renuncie a un derecho futuro que <<no se disputa>> o que <<no existe>>. Bajo la misma lógica, tampoco puede presumirse la existencia de renunciar al reclamo de perjuicios cuando el contratista no la ha expresado al suscribir la suspensión del contrato.

(…)

13.5.3- Un acuerdo en el que se sujete la suscripción de la modificación del contrato a la renuncia de derechos del contratista violaría el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual las autoridades no pueden condicionar la <<adición o modificación de contratos (…) a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste>>.

(…)

13.5.4.- Ahora bien, la situación planteada anteriormente difiere de los casos en que el silencio se equipara a una manifestación tácita de la voluntad de las partes, y por lo tanto, las obliga. En efecto, el silencio puede llegar a ser vinculante en aplicación del principio de buena fe, en aquellos casos en que el comportamiento ordinario o habitual de uno de los contratantes puede generar en el otro la expectativa de que continuará comportándose de la misma manera en un futuro. El carácter vinculante de este tipo de silencio tiene como finalidad proteger a la otra parte contratante de cambios inesperados en la relación contractual, lo cual evidenciaría mala fe. (…)

 13.5.5.- Sin embargo, el caso analizado en esta sentencia no se adecúa a aquellos en los que el silencio se equipara a un consentimiento tácito. Así, el hecho de que el contratista se haya abstenido de anticipar reclamaciones por los perjuicios ocasionados por razón de la suspensión del contrato no implica una renuncia a sus derechos. De un lado, la ley no otorgó dicha consecuencia jurídica a la referida situación. De otro lado, el silencio del contratista en la firma del acta de suspensión no es una actividad habitual que genere en la entidad la expectativa de la renuncia del derecho, es decir, no es una manifestación del principio de buena fe contractual.[1]>>

Tampoco comparto las consideraciones frente a las suspensiones que obran en las actas 3 a 6. La sentencia considera que no debe accederse a las pretensiones porque las suspensiones versaban sobre obligaciones que estaban en cabeza del contratista.

En mi opinión, que en las actas se manifestara que faltaban aprobaciones de las empresas de servicios públicos o del plan de manejo de tráfico IDU, no implica que el retraso sea atribuible al contratista. Si bien este se obligó a realizar las mencionadas gestiones, ello no quiere decir que la demora sea imputable a él. En ese sentido, habría que analizar si las suspensiones se debieron a incumplimientos del contratista o a situaciones ingobernables para éste.

La sentencia no analizó si el contratista demostró que las suspensiones tuvieron como causa actuaciones únicamente atribuibles a terceros. En ese sentido, no estudió si, por ejemplo, se acreditó que los retrasos en materia de servicios públicos eran atribuibles a las empresas prestadoras de servicios públicos o si la demora en el plan de manejo de tráfico fue causada por el IDU.

Tampoco se estudió el impacto que las mencionadas suspensiones pudieron tener sobre el equilibrio del contrato, con lo cual podríamos estar en presencia de obligaciones de extensión ilimitada. Si bien el contratista se obligó a realizar las actuaciones en materia de gestión de tráfico o de servicios públicos, la transmisión del riesgo en estos asuntos no puede ser ilimitado.

[1]Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, exp. No. 42962, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
 
Go Back