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Causales de rechazo. Facultad de las entidades para incorporarlas. Capacidad residual y capacidad jurídica. Reglas de subsanabilidad.
By: System Administrator on martes, mayo 25

FACULTAD DE LAS ENTIDADES PARA INCORPORAR CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS– posibilidad de subsanar requisitos que no afecta la asignación de las ofertas.

VERIFICACIÓN DEL REQUISITO DE LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN Y DEL REQUISITO HABILITANTE DE LA CAPACIDAD JURÍDICA – Reglas de subsanabilidad en ambos casos de cara a la obligación legal de actualización del RUP.

 

Lo que se alega en la demanda.

Para el demandante, la entidad demandada no le permitió subsanar los puntos de la oferta relacionadas con 1. Capacidad residual. El demandante indicó que no era un requisito susceptible de puntaje y por tanto podía subsanarse. Adicionalmente, se indicó que después de las aclaraciones, el tema había sido aclarado.  2. Requisito habilitante de la capacidad jurídica. El demandante indicó que se subsanó en el procedimiento de selección al aportar el certificado de existencia y representación de la sociedad Colcivil S.A. en el que se demostraba que antes de la fecha del cierre de la licitación había extendido su vigencia, pese a lo cual la entidad no tuvo en consideración esa situación y la declaró no admisible.

Para la entidad contratante la oferta estaba incursa en la causal de rechazo por haber omitido información relevante para el cálculo de la K. Debió reportar el contrato adjudicado en Brasil, un contrato celebrado con el INVIAS, contrato celebrado con ISAGEN en el que se presentaron errores con el plazo pendiente de ejecución. Para la Sala, el proponente incurrió en una “causal de rechazo consistente en haber consignado información no coincidente con la realidad”.  Por todo lo anterior la oferta no se encontraba habilitada, por cuanto carecía de capacidad jurídica y adicionalmente la entidad concluyó que el proponente no reunía los requisitos relacionados con la capacidad residual de contratación.

Revocatoria del acto de adjudicación.

Revisado el proceso, quedó probado que posteriormente a la adjudicación del contrato se procedió a revocar de manera directa la Resolución del acto de adjudicación. La entidad demandada argumentó que después de adjudicar el contrato, varios proponentes indicaron que la oferta del grupo ganador presentaba el mismo error por el que se descalificaron varias firmas, lo que llevaba a reconsiderar su decisión. Se declaró desierta la Licitación pública con fundamento en que todos los proponentes incurrieron en error de diligenciamiento de formulario para calcular su capacidad residual de contratación.

Autonomía de la entidad contratante en la elaboración del pliego de condiciones.

“La jurisprudencia del Consejo de Estado, de tiempo atrás, ha sostenido que la entidad estatal contratante, en razón a su condición de directora del procedimiento de selección, se encuentra revestida de cierto margen de autonomía en la elaboración del pliego de condiciones, y en desarrollo de esa actividad ostenta la facultad para introducir las exigencias y los requisitos que deben observar y reunir los oferentes.

En la misma línea, se ha encargado de destacar que la potestad configuradora, lejos de comportar un poder ilimitado, encuentra su lindero en el apego y sujeción a las reglas y principios de orden constitucional y legal que orientan la contratación estatal, premisa que se concreta en la definición de requisitos y exigencias que resulten pertinentes y necesarios para la consecución del fin público que se pretende satisfacer a través de la celebración del respectivo contrato.

Por oposición, su facultad no puede emplearse para la fijación de requisitos inanes, superfluos, caprichosos o arbitrarios que en nada contribuyan al logro de los fines de la contratación y, por el contrario, obstaculicen la selección objetiva de la propuesta más favorable para la entidad.

Las reflexiones que se plasman hallan su respaldo normativo en el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el cual prevé que las propuestas deben acatar las exigencias contempladas en el pliego de condiciones, sin perjuicio de lo cual dicha disposición necesariamente debe acompasarse con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007[1], que establece que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo.

En esos mismos términos ha sido entendido por la jurisprudencia de esta Subsección, al manifestar que para rechazar o descalificar una propuesta, la entidad pública debe actuar de conformidad con reglas concebidas para que las causales que determinen esa consecuencia se hallen previamente establecidas en la ley o la desarrollen”[2].

 

Fundamento jurídico de las causales de rechazo

De ahí que la incorporación de una causal de rechazo que justifique la exclusión de alguna propuesta del procedimiento de selección debe encontrar apoyo normativo que la dote de sustento jurídico, al tiempo que debe referirse a la ausencia de requisitos o documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y, a la luz de la Ley 1150 de 2007, debe aludir a aspectos que afecten la asignación de puntaje.

 

Se precisa igualmente que, además de aquellas causales de rechazo que con apego a estos dictados inserte la entidad pública en el texto precontractual, también se entenderán agregadas las que se desprendan directamente de la normativa constitucional y legal, en cuanto resulten aplicables al procedimiento de selección que corresponda, al margen de que no se hubieren vertido expresamente en el catálogo negocial.

 

Con base en lo expuesto, la Sala estima que una causal dirigida a sancionar con el rechazo a una propuesta que suministre información que no concuerde con la realidad resultará válida en la medida en que comporta un desarrollo del principio constitucional de buena fe que impone a las partes el deber de actuar con rectitud, lealtad y honestidad en su gestión negocial.

También entraña una expresión del principio de selección objetiva, puesto que solo será posible la escogencia de la oferta más favorable a partir de la verificación de datos verdaderos, confiables y fidedignos que reflejen la real sujeción de la propuesta al interés que se pretende satisfacer con la celebración del contrato que se aspira a adjudicar.

¿Qué pasa si la información errada, suministrada en la oferta NO otorga puntaje?

No obstante lo anterior, en caso de que la información reportada que, en principio, no concuerda con la realidad recaiga sobre un aspecto que no otorga puntaje, la Sala considera que, en atención al mandato impuesto en el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, aquella no podrá aplicarse de plano sin brindar un espacio a los oferentes para que rindan las aclaraciones del caso, evento en el cual la entidad, una vez escuchados, decidirá si las explicaciones se ajustan al catálogo constitucional, legal y reglamentario que sirve de base para el procedimiento de selección.


[1] “Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación”.

[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 21 de noviembre de 2013, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Consejo de Estado. Rechazo de la oferta. Causales. Verificación de la capacidad residual y capacidad del oferente.

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