Consejo de Estado. BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL. Criterio de necesidad para contratar bajo reserva. Juicio de necesidad. Concepto de reserva legal. la exigencia de reserva está vinculada al juicio de necesidad ex ante en cabeza del legislador. Directrices impartidas en la Constitución. En el artículo 3 se excedió la competencia reglamentaria al predefinir listados de entidades, bienes y servicios. Reiteración de lo expuesto por el pleno de la Sección Tercera frente a normas del Decreto 2474 de 2008 que reglamentaba las mismas disposiciones de la Ley 1150 de 2007. ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA LAS CATEGORÍAS QUE REQUIEREN RESERVA. La exención del requisito no significó exoneración de la exigencia de los estudios previos. PLURALIDAD DE OFERTAS. Legalidad de la disposición que exime de la “recepción” de varias ofertas en la contratación directa. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES. La circunstancia de que en ciertas causales de la contratación directa se exima del deber de publicidad a los estudios y documentos previos, en manera alguna elimina la obligación que tiene la entidad estatal contratante de justificar en ellos los fundamentos jurídicos que soportan dicha modalidad (2018)
“Es importante comenzar por indicar que la determinación de los bienes y servicios que necesiten de “reserva legal” para su adquisición supone, desde la óptica del derecho fundamental de acceso a la información pública – consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política –, la existencia de eventos definidos únicamente por el legislador como reservados, los cuales, según lo ha reconocido la Sección Tercera en Sala Plena, no comprenden solo temas relativos a la defensa y seguridad nacional, sino, además, otros asuntos que aquel estime que gocen de dicha reserva”. “Dentro de ese contexto, la exigencia de reserva está vinculada al juicio de necesidad ex ante en cabeza del legislador, a quien constitucionalmente le corresponde la determinación de los casos que se exceptúan o que limitan el derecho fundamental de acceso a la información pública, lo cual se justifica en que solo a través de aquel se puede garantizar el principio básico de la legitimidad democrática y asegurase la previsibilidad de la actuación de los poderes públicos ante la restricción de un derecho fundamental. Así, el ejercicio de la referida competencia constitucional del legislador se somete a las directrices impartidas por la Corte Constitucional sobre ese respecto, principalmente:”
