Consejo de Estado. ACCIÓN POPULAR. La acción popular no puede sustituir la acción de controversias contractuales, ni procede contra los actos administrativos cuando estos no violan derechos colectivos y las medidas que se piden en la demanda no tienen como propósito su protección. Cuando se acude a la acción popular para proteger derechos colectivos vulnerados por un acto administrativo contractual, deben establecerse las razones por las cuales dicha vulneración se produce y, además, determinarse las medidas necesarias para garantizar ese derecho. La acción popular no puede limitarse a plantear exactamente la misma controversia que puede plantear el contratista mediante una acción contractual en la que exclusivamente se persigue dejar sin efectos el acto y lograr el restablecimiento de derechos particulares afectados con el mismo. Desconocer la anterior limitación implicaría permitir que se adelanten acciones paralelas exactamente con el mismo propósito, invadiendo la competencia del juez natural del contrato, y desconociendo las disposiciones procesales imperativas sobre la caducidad, el juez competente, la legitimación en la causa, las cargas del actor y los derechos de la entidad demandada; implicaría igualmente, admitir la posibilidad de que se profieran diferentes decisiones judiciales que versen sobre un mismo punto (2024)
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