La Sala concluyó que “… desde el momento mismo en que ocurrió el atentado terrorista la Rama Judicial empezó a adelantar las actuaciones y procesos contractuales requeridos a fin de lograr tanto la reubicación inmediata de los despachos judiciales  segurando así la continuidad en la prestación del servicio como la reconstrucción y adecuación del Palacio de Justicia”.

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