Consejo de Estado. ACCEDE. DEBIDO PROCESO EN MATERIA SANCIONATORIA. La medida sancionatoria NO puede resultar sorpresiva o intempestiva para el contratista. Desarrollado a partir del artículo 29 de la Constitución Política y, luego, incorporado al ordenamiento jurídico en el artículo 17 de Ley 1150 de 2007, como el derecho del contratista a ser escuchado en un procedimiento mínimo antes de la adopción de una sanción, con el que se garantice su derecho de contradicción y defensa respecto de los elementos de incumplimiento que se le endilgan. Se impuso al consorcio demandante una sanción de plano, de aquellas que violan el debido proceso en la etapa de formación de la voluntad de la administración. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA. Consiste en verificar y controlar la ejecución de la obra sin que ello signifique sustituir o reemplazar a la entidad contratante en la toma de decisiones, como lo es iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. INFORMES DE INTERVENTORÍA. INTERVENTOR. Su contenido no releva o exime a la entidad contratante —titular del ius puniendi— de iniciar y adelantar personalmente el procedimiento sancionatorio contractual (2025)
“En criterio de este juzgador, no tiene asidero el argumento de la entidad recurrente al afirmar que, mediante tales documentos —que serán analizados individualmente en párrafos posteriores— se le garantizó al contratista el debido proceso en materia sancionatoria contractual, pues si bien estos, al ser emitidos por la interventoría, se constituyen como medios e instrumentos idóneos para poner en conocimiento de la administración la inconformidad frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, lo cierto es que su contenido no releva o exime a la entidad contratante —titular del ius puniendi— de iniciar y adelantar personalmente el procedimiento sancionatorio contractual dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, garantía mínima que debía respetarse pero que fue desconocida en absoluto”.
