"... las garantías desarrolladas en el Decreto 1082 de 2015 tienen como destinatarios principales a las entidades estatales sometidas a la Ley 80 de 1993, lo que excluye a las exceptuadas como las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Estas últimas podrán pactarlas en las condiciones que defina su régimen especial".
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