¿En qué casos específicos puede una entidad pública exigir la tarjeta profesional de abogado como requisito indispensable para la firma de un contrato de prestación de servicios, y cómo se determina la necesidad de este requisito según las funciones del contrato? ¿Es legalmente válido permitir que un abogado preste servicios jurídicos sin presentar el examen de idoneidad, si este no ha podido obtener su tarjeta profesional debido a la limitación de fechas para presentar el examen, y qué mecanismos podrían implementarse para validar temporalmente sus competencias?
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