“… el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 obliga a quien quiere celebrar, renovar o liquidar contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, incluidos los contratos de suministro, de obra pública y/o de prestación de servicios, cumplir con el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje”.