“A este respecto vale la pena agregar que los razonamientos presupuestales a partir de los cuales el Tribunal edificó la tesis de la inaplicabilidad del precitado artículo no son de recibo para la Subsección. En este particular no debe perderse de vista que la aplicación analógica del artículo 1653 del Código Civil al cumplimiento de los créditos judiciales parte de una premisa fundamental, que no es otra distinta a brindar un mismo tratamiento ante una misma situación jurídica como lo es la mora del deudor de una obligación.”
Las entidades públicas no pueden liberarse de su obligación de pago —ni congelar la causación de intereses moratorios— consignando el dinero en una cuenta de depósitos judiciales a órdenes del tribunal, a menos que exista una autorización legal previa o que se haya demostrado e iniciado un proceso formal por la renuencia injustificada del acreedor a recibir el pago. El pago debe ser directo al ciudadano; la consignación unilateral en el Banco Agrario es calificada por la jurisprudencia como un mecanismo ineficaz que no interrumpe los perjuicios por la mora del Estado.
“El artículo 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto ―Dcto. 111 de 199616― dispone que en el caso de los créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales y conciliaciones los intereses dejan de causarse cuando se cumplen dos condiciones: (i) que se haya realizado la notificación del acto administrativo que ordena el pago y (ii) que el dinero se encuentre a disposición del beneficiario o su apoderado, según el caso.
El Instituto acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la providencia proferida por el Tribunal Administrativo en cuanto confirmó la decisión de no librar mandamiento de pago al considerar que se trataba de la ejecución de un título complejo el cual no fue aportado en debida forma, ante la ausencia del respectivo contrato de mutuo.
La Sala considera que, conforme a la lectura sistemática de los artículos 45 y 47 de la Ley 1551 de 2012 y de los artículos 161 y 233 del CPACA, las medidas cautelares patrimoniales son improcedentes en los procesos ejecutivos contra los municipios únicamente cuando recaen sobre cuentas o rentas que la ley declara inembargables. En consecuencia, si la solicitud no recae sobre dichos bienes, opera la excepción legal según la cual el requisito de conciliación prejudicial no es exigible.
Los títulos ejecutivos deben reunir unos requisitos de forma y otros de fondo. Los primeros, consisten en que los documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean auténticos y provengan del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por una autoridad competente conforme a la ley, por ejemplo, un juez o un árbitro, de un acto administrativo ejecutoriado o de cualquier otra providencia judicial con fuerza ejecutiva. Por su parte, los segundos se traducen en que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado obligaciones claras, expresas y exigibles.
“Como primer aspecto, es importante reiterar que el régimen aplicable al presente asunto, contrario a lo afirmado por el recurrente, es el CCA y el CPC, en virtud de la integración normativa prevista por el artículo 267 del primero de los estatutos mencionados, así como las demás normas aplicables, en atención a que la demanda fue radicada el 9 de febrero de 2012. En consecuencia, los argumentos del recurso de apelación encaminados a que se aplique el CGP y el CPACA pasan por alto el régimen de transición y vigencia normativa contemplado en el artículo 308 de este último estatuto, aspecto que ya había sido abordado por la Subsección en una oportunidad anterior dentro de este mismo proceso”.
La entidad pública promovió proceso ejecutivo contra contratista con fundamento en las Resoluciones mediante las cuales declaró la ocurrencia de los siniestros de incumplimiento y mal manejo del anticipo en el Contrato. “La Sala modifica la sentencia de primera instancia, declara probada la excepción de compensación alegada por el extremo ejecutado, y ordena seguir adelante la ejecución por los valores que resulten una vez descontadas las sumas parcialmente pagadas y compensadas”.
“En el presente caso, debe entenderse que los pagos realizados por la entidad ejecutada se imputaron primero al capital y luego a los intereses, no por la inaplicación del artículo 1653 del Código Civil, como consideró el tribunal de primera instancia, sino porque, en aplicación de dicha norma, se acreditó que la parte ejecutante consintió expresamente que el pago efectuado por la Secretaría el 27 de mayo de 2016 se imputara al capital.”
“… las disposiciones y estipulaciones del contrato respecto de la forma de pago no son exigibles frente a una obligación contenida en otro documento, el cual no dispuso el cumplimiento de ningún requisito o trámite para efectos de que se realizara el pago de la obligación.”
