“… los contratos que el oferente se encuentre ejecutando deben ser reportados en el formato respectivo dentro del componente “saldos de contratos en ejecución”, toda vez que los mismos obligan al proponente al momento de la presentación de su oferta y, por lo tanto, impactan su capacidad residual en el marco del proceso de selección y el futuro desarrollo de un contrato de obra pública, incluso con pliegos tipo. Sin embargo, como se observa, dicho documento no hace referencia alguna respecto del deber de relación del porcentaje de participación del proponente, en caso de que este sea una persona jurídica, pues esta información no se considera relevante para verificar su capacidad residual en el proceso de contratación.”
“… la inclusión de contratos de consultoría o interventoría en el formato de experiencia asociado al segmento 72 del Registro Único de Proponentes (RUP) no constituye, por sí sola, una causal de rechazo ni de no habilitación de la oferta en el marco del cálculo de la capacidad residual, conforme a lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el Concepto C-1809 del 21 de enero de 2026, en el que se precisó que la clasificación UNSPSC no determina por sí misma la naturaleza del contrato ni su incidencia automática en la capacidad residual. La clasificación UNSPSC es un insumo administrativo, pero no define la naturaleza jurídica del contrato ni determina automáticamente su incidencia en la capacidad residual. En este sentido, para efectos de capacidad residual, la normativa colombiana establece que únicamente los contratos de obra civiles, ya sea celebrados con entidades públicas o privadas. El segmento 72 aplica para servicios de construcción, entre los que no están incluidas la interventoría y la consultoría, pues estos corresponden a un código diferente.”
“… las causales de rechazo de ofertas contempladas en los documentos tipo son taxativas, descartándose que la entidad introduzca causales, salvo, que estén establecidas en otras disposiciones normativas. Igualmente, por la naturaleza de dichas causales, su aplicación es estricta, lo que –a juicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública– significa que su interpretación gramatical prevalece sobre una interpretación extensiva o de otra índole, mediante la cual se pretenda ampliar su alcance.”
El documento tipo de mínima cuantía de infraestructura de transporte establece varias de las reglas previamente señaladas para la acreditación del factor de experiencia (E): i) para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV; ii) así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación de la invitación del Proceso de Contratación; iii) de igual forma, el Proponente entregará los certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar la información diligenciada; iv) los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia.
“… la entidad estatal, como directora de los procesos de contratación que adelanta, debe señalar en el pliego de condiciones –o en la invitación– cuál es la información que se debe acreditar para el cálculo de la capacidad residual, así como los documentos que tendrá como válidos para tal fin y los roles que deberán suscribir cada uno de ellos. En consecuencia, el proponente deberá ceñirse a lo dispuesto por la entidad y allegar toda información ordenada, en los términos y la forma en que hayan sido señalados, con el fin de que la entidad pueda calcular la capacidad residual del proponente y verificar si cumple o no con lo requerido en el proceso de contratación que adelanta.”
“… si las Empresas Sociales del Estado determinan en sus manuales de contratación la exigencia de capacidad residual para los procesos que adelanten que tenga como objeto un contrato de obra, su contenido vincula a la entidad y no podrá desconocer dicha exigencia.”
En el caso de que el proponente presente la oferta con antelación a la fecha de cierre, informando los contratos que hasta entonces esté ejecutando, pero antes de la fecha de cierre comienza a ejecutar otro nuevo, está en la obligación de reportarlo a la entidad. De lo contrario estaría informando menos contratos, lo que además de afectar el cálculo de su capacidad residual o K de contratación, facultaría a la entidad para rechazar su oferta conforme a la causal X del numeral 1.15 del documento base o, eventualmente, por la causal del literal H ibídem.
no se puede subsanar cuando se incurre la causal de rechazo del literal X, evento en el cual el rechazo procede de forma automática, es decir, sin permitirle al proponente subsanar el número de contratos de obra que tenía el deber de reportar.
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contempla la participación de los proponentes plurales conservando en todo caso su individualidad jurídica, de modo que el proponente plural no constituye una persona en sí misma, sino que conserva la naturaleza de ser una agrupación de personas que ya existen. Como resultado de lo anterior, los requisitos habilitantes de los proponentes plurales deben ser evaluados respecto de cada miembro, sin que ello desconozca la finalidad de esta figura, que es unir esfuerzos. Así pues, la naturaleza jurídica de los consorcios supone que requisitos habilitantes como la capacidad jurídica deba ser evaluada con respecto a cada uno de sus integrantes.
“… a pesar de que la capacidad residual no es un requisito que de forma obligatoria deban exigir las Empresas Sociales del Estado, el mismo sí resulta recomendable en cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, para asegurar la adecuada ejecución de los contratos de obra por parte del contratista.”
