“… a los funcionarios de las contralorías, y sus sujetos de vigilancia y control, que deben abstenerse de participar en el debate electoral y las controversias políticas, y que deben adoptar las medidas necesarias para evitar que en una irregular gestión de sus recursos públicos se favorezcan campañas electorales. Esta recomendación debe dirigirse especialmente a los gobernadores y alcaldes en el ámbito territorial“.