“… ni la autonomía universitaria ni la protección del patrimonio institucional constituyen argumentos válidos para justificar una política que desincentive el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia”.
“… ni la autonomía universitaria ni la protección del patrimonio institucional constituyen argumentos válidos para justificar una política que desincentive el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia”.