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Tutelas

Aquí encontrará una recopilación de pronunciamientos de Tutela proferidas por la Corte Constitucional sobre temas relacionados con la Contratación Estatal y de interés jurídico.  Adicionalmente, encontrará los pronunciamientos más importantes sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

 

Contrato de concesión de televisión satelital. Concesionarios del servicio público de televisión. El proceso de adjudicación de la frecuencia de un canal de televisión comercial, pero de naturaleza pública, debe respetar en todo caso el principio de pluralismo informativo y contemplar criterios que aseguraran una determinada calidad en la programación. Concesiones para la prestación del servicio público de televisión. SERVICIO PUBLICO DE TELEVISION. OBLIGACIONES DE OFERTA Y TRANSPORTE DE LA SEÑAL DE TELEVISION ABIERTA. La accionante es nativa del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se autoreconoce como raizal y tiene su residencia permanente en la Isla de San Andrés, a pesar de que en la actualidad estudia y vive en Bogotá. Considera que los operadores de televisión por suscripción demandados vulneran sus derechos fundamentales, al no transmitir en la capital de la República la señal de todos los canales de televisión regional, en especial, el canal Teleislas. También cree que la ANTV trasgrede sus derechos, al no tomar las medidas de control, regulación y vigilancia necesarias para que dicho canal pueda ser recibido por los sistemas de televisión por suscripción. Se aborda temática relacionada con: 1º. La identidad cultural y el derecho a participar en la vida cultural. 2º. El alcance general de las libertades de expresión e información. 3º. El derecho a fundar medios masivos de comunicación, sus alcances, límites y deberes de regulación estatal y, 4º. El fundamento constitucional del servicio público de televisión y las obligaciones de oferta y transporte de la señal de televisión abierta. Para la Corte, la ANTV vulneró los derechos fundamentales a la libre expresión, información, a la participación en la vida cultural y a la identidad cultural de la actora al tener una conducta omisiva en su papel de regulador y contradecir las obligaciones que le impuso el legislador, al dejar al arbitrio de los operadores de televisión por suscripción la inclusión de los canales regionales de televisión abierta, de acuerdo con sus intereses y preferencias comerciales, desconociendo el interés público que condujo al Congreso de la República a ordenar su difusión. Se PROTEGEN los derechos invocados y se imparten varias órdenes de protección a los mismos.

Descargue el documento completo. T-599-16

“El ICBF vulneró los derechos fundamentales de las comunidades negras y afro descendientes de los municipios de Polonuevo y Repelón a la consulta previa, concertación, autonomía, participación, libre desarrollo e identidad cultural, al no realizarse la concertación y consulta previa con dichas comunidades para la selección de los operadores de los programas de primera infancia del ICBF”.

La sentencia analizó:

(i) las reglas jurisprudenciales sobre el derecho a la participación, concertación y consulta previa de las comunidades afrocolombianas.

“…la escogencia de determinado operador de dichos programas no tiene la virtualidad de configurar una afectación directa en la identidad cultural de las comunidades representadas por los accionantes, pues las tradiciones alimentarias y el enfoque etnoeducativo de estas comunidades pueden ser garantizadas incluso por un operador que no pertenezca a las mismas. Lo anterior, en la medida en que un operador, independientemente de su pertenencia a una comunidad afro descendiente, puede asegurar que el consumo de alimentos esté acorde con las costumbres de aquella comunidad, y que se incluyan contenidos educativos que respeten y protejan la identidad cultural de la misma. Por esa razón, no se ve acá cómo la selección del operador de dichos programas afecte de manera directa la identidad de la comunidad afro descendiente y, por ende, no se encuentra demostrado el elemento esencial que conllevaría a la necesidad de realizar una consulta previa para dicha contratación”.

“…la concertación o la consulta previa no puede ser usada como un mecanismo para burlar, morigerar o menguar los requisitos que la ley impone para la contratación, por tal razón si una comunidad o consejo comunitario desea presentarse como candidato a operador de los programas de primera infancia del ICBF, dicha comunidad o consejo debe cumplir estrictamente los requisitos que las leyes de contratación y los pliegos de condiciones impongan para el proceso, sin que sea un factor decisivo su origen étnico, por lo cual, el ICBF o la autoridad del Estado competente, debe ser quien proceda a escoger el operador o prestador del servicio más calificado, de forma tal que se pueda realizar una verdadera vigilancia y control por parte de dichas autoridades en la ejecución contractual.

Para lo anterior, se requiere que los contratos suscritos sean claros en el establecimiento de metas y tiempos de cumplimiento estrictos, que permitan a la vez a los organismos de control ejercer una vigilancia precisa y pronta, que evite que la corrupción entorpezca la provisión de los servicios que requieren los menores de edad…”.

(ii) la prevalencia de los derechos de los niños como sujetos de especial protección en el ordenamiento jurídico colombiano. “…hay que tener en cuenta que los niños, como se ha sostenido en la presente sentencia, gozan de un estatus jurídico especial, por lo que han sido considerados sujetos de protección constitucional reforzada. Ese estatus jurídico especial implica, entre otras, que sus derechos prevalecen respecto de los derechos de los demás, incluyendo el derecho fundamental a la consulta previa que le asiste a las comunidades afrodescendientes”. “La obligatoriedad del interés superior del niño no encuentra excepciones de ninguna clase, ni siquiera tratándose de minorías, como lo son las comunidades afro descendientes o pueblos indígenas”.

“…el derecho fundamental a la consulta previa puede ser limitado cuando las autoridades del Estado tengan la certeza de que existe una situación de vulneración de los derechos de los niños, y la intensidad de dicha limitación puede ser mayor dependiendo del grado de afectación de los niños y de la urgencia en su atención y protección. Por lo anterior, observa la Sala que con fundamento en lo anteriormente expuesto, la consulta previa podrá ser limitada cuando se presenten situaciones que planteen una amenaza real e inminente de vulneración de los derechos de los niños, para que de esta forma pueden las autoridades del Estado actuar de manera inmediata para la protección de dichos derechos, incluso sin la concertación con las comunidades, bien sea porque ésta se intentó y no pudo concretarse o bien porque la situación de apremio lo impide. En cualquiera de estas dos circunstancias (cuando la concertación se intenta pero no se logra o cuando no es posible intentar realizarla), las autoridades del Estado que intervengan para adoptar medidas de protección a favor de los niños deben actuar de manera razonable y proporcional, afectando en la menor medida posible el derecho a la diversidad étnica y cultural de las comunidades tribales”.

La Corte Constitucional estableció que el hecho de no haber realizado la consulta previa NO era una razón para dar por terminados los contratos del PAE celebrados por el ICBF. Sin embargo, se hizo un llamado para el ICBF observe e implemente los criterios que permitan asegurar un diálogo que respete el derecho fundamental a la consulta previa para los contratos que se lleguen a celebrar a futuro para la prestación de los servicios asociados a los programas de la primera infancia de las comunidades afrodescendientes, y de esta forma lograr que dichos programas reflejen un enfoque diferencial.

El término para adelantar la consulta previa NO puede ser indefinido.

“Conviene resaltar que, en el caso de intentar dichos mecanismos de concertación, los mismos no podrán durar indefinidamente, por cuanto el derecho fundamental de las comunidades a la consulta previa debe ceder en aquellas ocasiones en las que se verifique la afectación de los derechos fundamentales de sus miembros por causa del ejercicio de dicho derecho, y con mayor razón, cuando los afectados son los niños. En consecuencia, si vencido un término prudencial de un mes para realizar la concertación o consulta, no se logra un acuerdo, nuevamente siguiendo el principio de protección del interés superior de los niños, le corresponderá a las autoridades del Estado, en este caso, al ICBF adoptar las medidas que sean razonables y proporcionales, que permitan maximizar la eficacia y garanticen la protección de los derechos tanto de los menores de edad pertenecientes a las comunidades accionantes, así como de los niños que no se reconocen como miembros de las mismas”.

Descargue el documento completo T-475-16

 
Sentencia C-379 de 2016.
Corte Constitucional. La improcedencia de la acción de tutela para resolver controversias contractuales.

Temas:

- La capacidad jurídica de los consorcios para comparecer como parte en los procesos judiciales. Se ratifica la posición del Consejo de Estado sobre el tema.

- El principio de subsidiariedad de la acción de tutela.

- El derecho al debido proceso administrativo.

“El debido proceso es un derecho fundamental. Posee una estructura compleja, en tanto se compone por un plexo de garantías que deben ser observadas en todo procedimiento administrativo o judicial, escenarios en los que operan como mecanismo de protección a la autonomía y libertad del ciudadano y límites al ejercicio del poder público. Por ese motivo, el debido proceso es también un principio inherente al Estado de Derecho, cuyas características esenciales son el ejercicio de funciones bajo parámetros normativos previamente establecidos y la erradicación de la arbitrariedad. Así lo ha explicado la Corte:

“(…) el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos.[1](Subraya fuera del texto original).

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial o administrativo.[2] Entre estas se cuentan el principio de legalidad, el derecho al acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los derechos humanos, el principio del juez natural, la garantía de los derechos de defensa y contradicción, el principio de doble instancia, el derecho de la persona a ser escuchada y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en esos procedimientos. (…)”.

- La improcedencia de la acción de tutela para resolver controversias contractuales.

Sentencia T-051 2016

Principio de publicidad en el procedimiento administrativo. 

Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos. Verificación de requisitos de subsidiaridad e inmediatez.

Debido proceso administrativo.

Derecho de defensa y contradicción en el proceso administrativo.

Principio de publicidad en el procedimiento administrativo.

Marco legal y jurisprudencial del procedimiento administrativo que debe adelantarse ante la comisión de infracciones de tránsito captadas a través de medios tecnológicos.

Sentencia C-035 2016.
Sentencia Corte Constitucional C-750 de 2015.
Salvamento de Voto. Sentencia C-750-2015.

Corte Constitucional. Sentencia  T-641 2015 El suministro de agua potable es obligatoria sin importar si el predio es ilegal.  Obligaciones de las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Temas estudiados: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela para la protección  del derecho al agua potable; (ii) contenido del derecho al agua potable; (iii) los requisitos para acceder al servicio público de acueducto.  A continuación algunos apartes importantes de la sentencia de la Corte Constitucional:

  • La acción de tutela procede para la protección del derecho al agua potable en el momento en el que este líquido se constituye en un derecho fundamental, esto es, cuando se demuestre que se requiere para el consumo humano.
  • La Corte Constitucional ha protegido en reiteradas oportunidades el derecho al acceso al agua potable y ha ordenado el suministro de este recurso.
  • Las empresas de servicios públicos no están obligadas a prestar el servicio de acueducto a las personas que no cumplan con los requisitos para acceder al mismo. Sin embargo, dicha compañías tienen el deber de suministrar el mínimo de agua potable, el cual, conforme con la Organización Mundial para la Salud (OMS) corresponde a 50 litros al día, por persona.
  • El deber de las empresas de servicios públicos de suministrar el mínimo de agua potable a la población colombiana, es una obligación que opera con independencia de la legalidad del predio.
  • Las empresas de servicios públicos deben garantizar y satisfacer a todas las personas el derecho al agua potable, en su dimensión al acceso al líquido. Para ello, tales personas jurídicas pueden hacer uso de cualquier medio idóneo, y no necesariamente a través de la conexión del servicio de acueducto, por ejemplo, carro tanques, pilas públicas entre otras.
  • El acceso al agua potable es esencial para el desarrollo del ser humano razón por la cual, deberá ser suministrada bajo los contenidos mínimos establecidos en la Observación N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, así como por la jurisprudencia de esta Corte, esto es, en la cantidad y con la calidad necesaria para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, atendiendo de igual manera, lo establecido por Organización Mundial de la Salud.
  • La Sala identifica que las reglas aplicadas en materia de prestación del servicio público de acueducto (agua potable), cuando se está ante un inmueble ilegal son: (i) las empresas de servicios públicos, no están obligadas a conectar el servicio de acueducto y alcantarillado, si los usuarios no cumplen con los requisitos previstos para acceder al mismo; (ii) las empresas de servicios públicos tienen el deber de abastecer a los usuarios, por lo menos, un mínimo de agua potable, que les permita satisfacer sus necesidades básicas; y (iii) todas las personas tienen derecho a gozar del suministro mínimo de agua potable.

Consulte la sentencia completa aquí.

Sentencia Corte Constitucional. T-238 2015.

¿Vulnera la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP XXXX, los derechos fundamentales “a la familia, a la vida del menor que está por nacer, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada” de XXXX, al no renovar el contrato de prestación de servicios profesionales Nº XXXX, con el cual se vinculó a esa entidad, argumentando la inexistencia de la necesidad del servicio y el cumplimiento total del objeto contractual, a pesar de que la trabajadora se encontraba en estado de embarazo y sin que mediara autorización previa del Ministerio del Trabajo?

Temas analizados:

"(i) la procedencia de la acción de tutela para reclamar el derecho a la protección laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia; (ii) marco normativo y jurisprudencial respecto del alcance del derecho a la protección laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia; (iii) reglas respecto de la aplicación del derecho a la protección laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia; y (iv) reglas acerca de la adopción de medidas protectoras que materializan el amparo laboral reforzado de la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia, vinculada mediante contrato de prestación de servicios. Con estas bases, será analizado y decidido el caso concreto".

Sentencia Corte Constitucional. SU-533 2015.

Regla constitucional de la carrera administrativa en la provisión de cargos de la Rama Judicial.

A la luz de los precedentes decantados, es claro que la provisión de los cargos de la Rama Judicial se debe hacer a través de las reglas del concurso público y abierto contenido en la Ley 270 de 1996 y, teniendo en cuenta la lista de elegibles vigente. En todo caso, la vocación transitoria del cargo no podrá entenderse como impedimento, para que, en la selección del funcionario que lo vaya ocupar, se aplique el régimen de carrera judicial. Dicho régimen protege los derechos y garantías constitucionales de aspirantes y servidores públicos, al mismo tiempo que, cumple los fines estatales de transparencia y eficacia, comprometidos en los mecanismos de ingreso al servicio público”.

Reglas de decisión. (i) Tratándose de un cargo judicial de carrera, la autoridad nominadora debe aplicar las normas constitucionales, estatutarias y demás normas legales o reglamentarias jurídicas que disponen su creación y naturaleza. (ii) La omisión injustificada de designar en propiedad en un cargo de carrera judicial, de carácter permanente, a una persona, que aprobó el respectivo concurso de méritos y que fue incluida en la lista de elegibles, la hace incursa en un defecto material o sustantivo que vulnera el derecho fundamental al debido proceso administrativo.

“A partir de lo anterior, en el tema de la provisión de los cargos mencionados se concluye, por un lado, que existe claridad normativa, en tanto existe norma aplicable y, por el otro, que se encuentra superada la disparidad de interpretaciones que dieron lugar a un inicial nombramiento en provisionalidad. Por esta razón, la Corte estima que debió darse aplicación a las normas -Acuerdo y Circular- que resolvieron la incertidumbre sobre la naturaleza y la forma de proveer dichos cargos. Vale la pena resaltar que estos actos administrativos fueron expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de la potestad constitucional que le asiste para reglamentar la carrera judicial, por ende, se presume su legalidad y surten plenos efectos hasta tanto no sea declarada su nulidad en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Resta por indicar que la presente consideración adquiere mayor connotación en razón a que, como quedó demostrado, tales actos administrativos o normas son fieles y armónicas con la interpretación sistemática que ha hecho la Corte Constitucional de la Constitución, de la ley de Víctimas y Restitución de tierras y de la misma ley Estatutaria de Administración de Justicia”.

Sentencia Corte Constitucional. T-388 2015.

ACCESO A LA SEGUNDA INSTANCIA. ARTICULO 27 DE LA LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Se presenta la acción de tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación, para solicitar que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y la garantía a la doble instancia los cuales se consideran vulnerados por la entidad, en cuanto dispuso no conceder el recurso de apelación formulado contra la decisión que calificó el mérito de la investigación adelantada en contra del actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer, en su calidad de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Se recuerdan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y se verifica el cumplimiento de los mismos en el caso concreto. Igualmente, se analiza el tema del estatus jurídico de la segunda instancia, sus limitaciones y la regulación del acceso contemplada en el artículo 27 de la ley estatutaria de la administración de justicia. Por último, se hace una referencia sucinta sobre la potestad del delegado. Se confirma la decisión de instancia que DENEGÓ el amparo solicitado, por considerar que el proceso penal seguido en contra del accionante no había concluido y que se encontraba en etapa de instrucción. Así mismo, porque el mecanismo de tutela no fue creado para revisar de forma paralela o anticipada las decisiones judiciales, por lo que se deben agotar los instrumentos de defensa establecidos.

Sentencia Corte Constitucional. T-535 2015.

1º. El fundamento ético de la existencia del Estado Social de Derecho. 2º. El marco normativo sobre las ejecuciones extrajudiciales. 3º. La responsabilidad del Estado frente a graves violaciones de los derechos humanos y, 4º. El defecto fáctico en cuanto a la valoración de las pruebas. Se AMPARA el derecho fundamental al debido proceso y se deja sin valor y efecto la sentencia impugnada.

Sentencia Corte Constitucional. Estattus jurídico de la segunda instancia.

"se analiza el tema del estatus jurídico de la segunda instancia, sus limitaciones y la regulación del acceso contemplada en el artículo 27 de la ley estatutaria de la administración de justicia. Por último, se hace una referencia sucinta sobre la potestad del delegado".

Sentencia Corte Constitucional. El defecto fáctico en cuanto a la valoración de las pruebas.

Se aborda temática relacionada con: 1º. El fundamento ético de la existencia del Estado Social de Derecho. 2º. El marco normativo sobre las ejecuciones extrajudiciales. 3º. La responsabilidad del Estado frente a graves violaciones de los derechos humanos y, 4º. El defecto fáctico en cuanto a la valoración de las pruebas. Se AMPARA el derecho fundamental al debido proceso y se deja sin valor y efecto la sentencia impugnada.

Corte Constitucional. Procedencia excepcional de la acción de tutela en casos de reclamación de prestaciones económicas derivadas de contratos de seguros.

Temas:

Procedencia excepcional de la acción de tutela en casos de reclamación de prestaciones económicas derivadas de contratos de seguros.

La reticencia y el principio de la buena fe.

Sentencia Corte Constitucional. T-014 2015

1º. La procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de un derecho pensional. 2º. Las circunstancias especiales de las partes que habilitan al juez constitucional a invertir la carga de demandar que tiene el demandante, cuando se concede el amparo en forma transitoria. La fórmula adoptada en la sentencia T-893/08. 3º. La procedibilidad de la acción de tutela contra particulares. 4º. El principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades. 5º. La obligación del empleador de realizar aportes pensionales o en su defecto, de reconocer la pensión sanción y, 6º. El reconocimiento de la precitada prestación como derecho que pueden reclamar todos los trabajadores, inclusive quienes desempeñan la labor de servicio doméstico. Se CONCEDE la tutela como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. Se debe invertir la carga de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que se defina sobre el reconocimiento de la prestación pensional a la demandada, y en caso de que aquella no cumpla con esta obligación, esta decisión alcanzará el carácter definitivo.

Sentencia Consejo de Estado. Sentencia de Unificacion. Accion de tutela contra providencias judiciales.
Sentencia Consejo de Estado. Procedencia de la tutela por desconocer precedente judicial.
Sentencia Consejo de Estado. Procedencia de la tutela por desconocer precedente judicial. Tasación de perjuicios.

Violación del debido proceso y el derecho a la igualdad por desconocer precedente jurisprudencial sobre deber de fundamentar la fijación del monto de la indemnización por perjuicios morales.

Sentencia Consejo de Estado Procedencia de la tutela por omitir decidir de fondo hechos de la demanda. Carga de la prueba por responsabilidad en servicios de salud
Sentencia Consejo de Estado. Procedencia de la tutela por defecto sustantivo. Legitimacion en la causa. Indebida representacion.
Sentencia Consejo de Estado. Improcedencia de la tutela contra providencia proferidas por el Consejo de Estado en segunda instancia. Organo de cierre.
Sentencia Corte Suprema de Justicia. Improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La Corte Suprema de Justicia reitera que el Juez de Tutela no puede inmiscuirse en la labor de análisis probatorio que debe realizar el juez natural del proceso, ni convertirse en una instancia adicional del procedimiento ordinario.

Sentencia Corte Suprema de Justicia. Improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con requisito de inmediatez.
"Si bien no existe un término límite para el ejercicio de la acción, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protección y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta Política".
Senteencia Corte Suprema de Justicia. Improcedencia de la acción de tuteela por no cumplir requisito de subsidiariedad.

"El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que sólo procede ante la ausencia de un instrumento jurídico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violación o amenaza, y por lo tanto, no puede considerársele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneración, pues su finalidad no consiste en reemplazar los trámites establecidos por el legislador para la protección de los derechos de los ciudadanos".

Sentencia Consejo de Estado. Reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela. Improcedencia cuando no viola derechos fundamentales.

"Este mecanismo no es procedente para dirimir derechos litigiosos que provengan de la interpretación de la ley, tampoco para resolver conflictos judiciales cuyas competencias se encuentren claramente señaladas en el ordenamiento jurídico colombiano, pues con ello se llegaría a la errada conclusión de que el juez constitucional puede sustituir al juez ordinario, con excepción de los casos en los cuales se configura una violación de los derechos fundamentales y sea inminente la existencia de un perjuicio irremediable".