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La entidad contratante puede actuar como cualquier beneficiario de un seguro de daños.
By: System Administrator on mircoles, abril 7

Como cualquier particular beneficiario de un seguro de daños, el IDU podía basar su decisión de exigir el pago del siniestro apoyado en las cláusulas del contrato de seguro.

La Aseguradora no desconoció la existencia y validez de las anteriores condiciones generales, en las cuales definió el procedimiento convencional para hacer efectiva la garantía. No obstante, adujo que el IDU no era competente para hacerlo a través de un acto administrativo, pues la ley no le atribuyó esta facultad. La Sala no considera atendible este planteamiento, porque le niega efecto útil a las condiciones generales y lleva a una conclusión inadmisible, a saber: la entidad no podía hacer efectiva la garantía si no expedía un acto administrativo, porque el contrato de seguro se lo exigía, pero tampoco podía expedir ese acto administrativo, pues la ley no le dio esa atribución[12].

La interpretación que mejor cuadra con la naturaleza del seguro y con los principios de efecto útil y de buena fe en la ejecución de los contratos es diferente: al margen de la calificación jurídica (acto administrativo) que la Aseguradora incluyó en las condiciones generales, ésta se comprometió a pagar al IDU el valor de la multa derivada del incumplimiento imputable a la Unión Temporal si, luego de controvertir su declaración inicial sobre la ocurrencia del riesgo y el monto de la pérdida, la entidad persistía en su reclamación. Este procedimiento convencional para hacer efectiva la garantía difiere del que se deduce de la lectura conjunta de los de los artículos 1077, 1080 y 1053 del Código de Comercio[13]; sin embargo, no vulnera el orden público, pues, según el artículo 1162 del mismo código, ninguna de esas normas es inmodificable.

Como se indicó antes, ante el incumplimiento imputable al tomador del seguro, que está probado en el expediente, el IDU impuso la multa[14], le notificó a la Aseguradora la ocurrencia del siniestro y estableció el valor por el que se haría efectivo el amparo. Esta decisión no es contraria a la ley ni al contrato, porque, como se acabó de explicar, en virtud de las condiciones generales de la póliza, la Aseguradora le concedió a la entidad la facultad de exigir el pago de esta manera.  

Finalmente, la Aseguradora adujo que la Resolución 2181 de 2000 es nula porque el IDU no la citó antes de imponer “la multa a su cargo”, reparo que tampoco tiene vocación de prosperar por las razones que se explican enseguida. En primer lugar, el IDU no impuso una multa o sanción a cargo de la Aseguradora, sino que ejerció el derecho contractual de hacer efectiva la garantía constituida por la Unión Temporal. Esta distinción es fundamental, pues el debido proceso se analiza a la luz de la potestad que ejerce la entidad contratante[15]. Tratándose del ejercicio de un derecho contractual y no de una potestad sancionatoria, la intervención previa de la Aseguradora no podía condicionar el derecho del IDU a reclamar o hacer valer la póliza de seguro, máxime cuando no se contempló en el procedimiento convencional pactado para ese fin. En este sentido, como ha dicho la Corporación, el derecho de defensa de la Aseguradora se garantizaba con la motivación y notificación del acto que declaró la ocurrencia del siniestro, lo cual le permitía a la Aseguradora controvertir la decisión ante la entidad y, posteriormente, en instancias judiciales[16]”.
Consejo de Estado. Contrato de obra a precios unitarios. AIU. Multas. Caducidad. Facultades exorbitantes.

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