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Régimen privado. La determinación de los derechos del Contratista demandante a partir de la interpretación de las obligaciones pactadas en el contrato y de los perjuicios derivados de su ejecución.
By: System Administrator on martes, abril 6

El hecho de que en los contratos regidos por el derecho privado no se encuentre prevista la obligación de restablecimiento de la ecuación financiera del contrato no quiere decir que el Contratista no pueda reclamar perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones de la Contratante, incluyendo su obligación legal de obrar de buena fe en la ejecución del contrato, punto en el cual debe tenerse en cuenta que las obligaciones pactadas deben ser interpretadas por el juez del Contrato verificando cuál fue su voluntad al celebrarlo.

En lugar de acudir a la reparación automática por una circunstancia que de acuerdo con la demandante afectó la ecuación financiera de un contrato sometido al derecho privado, el juez debe determinar, a partir de la interpretación de sus estipulaciones, si tal circunstancia estaba prevista en el contrato, si se trataba de un riesgo previsto y asignado a una de las partes, y si el perjuicio reclamado por una parte puede imputarse al incumplimiento de la obligación de asumirlo por la otra.

Solo cuando encuentre que se trata en realidad de una circunstancia no prevista en el contrato y en la distribución de la obligaciones y riesgos que establecieron la partes, debe considerar si es procedente dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 868, si las pretensiones de la demanda se refieren a las opciones allí consignadas.

En esta tarea de interpretar la voluntad contractual el juez tiene mayor libertad que la que tiene cuanto interpreta un texto legal, puesto que las normas le indican que debe estarse a esa voluntad más que a lo literal de las palabras; por tal razón, el juez debe tener en cuenta, entre otras cosas, lo ocurrido en la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato: si la voluntad de las partes es lo que obliga, esa voluntad debe estar adecuadamente determinada.

Después de que el artículo 1602 del Código Civil asimila la voluntad de las partes en el contrato a la ley, también dispone que:

-       <<Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella>> (art. 1603). 

-       <<Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras>> (art. 1.618). 

-       <<El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato.>> (art. 1621).

-       <<Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte>> (art. 1622). 

-       <<Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda>> (art. 1623). 

-      <<No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor.  Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella.>> (art.1624)

A partir de las normas anteriores, la jurisprudencia ha señalado que en la interpretación de los contratos prevalece el criterio subjetivo sobre el criterio objetivo[1]. Y en los contratos sometidos al derecho privado, en los cuales rige la regla de la consensualidad que también se deriva de la autonomía de la voluntad, en el sentido de que ella es suficiente para obligar, la interpretación del querer de las partes debe prevalecer incluso sobre lo estipulado, y puede deducirse de la forma como se ejecuta el contrato, pues su modificación no requiere las formalidades del contrato estatal.

Las reglas legales de interpretación judicial del contrato le permiten al juez establecer el alcance de sus obligaciones a partir de los motivos determinantes de su celebración. La consideración de la causa del contrato como elemento determinador de su contenido obligacional es lo que hizo que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de Casación Civil, desde el, 7 de octubre de 1938[2], advirtiera, citando a Josserand, que  <<en todos los casos la determinación de la intención es esencial, puesto que ella influye y dirige a la naturaleza misma de la operación celebrada entre las partes; viene a ser ella la que le otorga un verdadero carácter a la relación jurídica; a imprimirle el matiz que sirve para  calificar la voluntad de los contratantes>>, para concluir que <<en el campo del derecho civil, la intención se nos presenta como una medida para precisar el querer de las partes en orden a la determinación del fin inmediato vinculado  a la voluntad contractual>>,   y que <<hay que aceptar en el derecho moderno la noción jurídica de la causa ha dejado de ser abstracta e inoperante para actuar más bien en forma de instrumento que impone la equivalencia en las transacciones, como expresión de la justicia conmutativa.>>

Por último, en la determinación de la existencia de perjuicios a partir del incumplimiento de las obligaciones de las partes, el juez también debe considerar el deber constitucional de todas las personas de <<respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios>>[3]. Debe tener en cuenta que conforme con el artículo 871 del Código de Comercio <<Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural>>, y conforme con el artículo 830 del mismo ordenamiento <<El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause>>.

“Si el Contratista estimaba que sufrió un daño por tener que pagar mayores costos de los previstos por el pago del transporte de los materiales de relleno, era legítimo reclamarlos fundándose en el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato y de las legales que se integran al mismo: (i) por considerar que, de acuerdo con lo pactado,  la falta de respuesta de la Contratante en relación con el precio del relleno implicaba la aceptación de un nuevo precio y por ende la modificación del contrato, punto al que se refieren las pretensiones principales de la demanda que fueron negadas en la primera instancia; (ii) por considerar que el precio que se pactó entre las partes por el valor de los materiales relleno  <<en préstamo>> estaba condicionado a que el mismo se encontrara <<en la región>> y, al no haberse determinado el alcance de esta noción, ella debía interpretarse en la forma como la entendió el Contratista y (iii) por considerar que la Contratante violó su obligación de obrar de buena fe en la celebración y ejecución del contrato y lo indujo a proponer menores precios por este ítem.

Para determinar lo anterior, resultaba esencial determinar –primero y antes de estudiar el problema a la luz de la teoría de la imprevisióncuál era el contenido de las obligaciones de las partes, pues ello era lo que permitía establecer si el sobrecosto (o perjuicio patrimonial) que reclama el Contratista se produjo por el incumplimiento de una obligación a cargo de la Contratante. Era necesario establecer si, de acuerdo con el contrato, lo que produjo el perjuicio (o sobrecosto asumido) fue una circunstancia prevista en el contrato y si en el mismo estaba establecido quién debía asumirlo, pues la distribución de los riesgos en el contrato no es nada distinto que la previsión contractual de cuál de las partes tiene la obligación de asumir el pago de determinados costos si se presentan ciertas circunstancias previstas al momento de la celebración del contrato.

En síntesis, debía determinarse:

-       Si, a partir de lo estipulado en los documentos contractuales, puede deducirse que la voluntad de las partes consistió en establecer que la Contratante debía pagarle a la Contratista los sobrecostos que este tuviese que asumir, si se veía obligada a traer materiales de relleno de fuentes de abasto lejanos de la obra que, por razón de los costos del transporte, determinara que este ítem tenía un valor superior al pactado en el contrato a partir de la oferta del Contratista. 

-       Si cuando la Contratante hizo referencia a <<la región>> en el pliego de condiciones dio a entender que el precio que debían ofrecer los proponentes era el de los materiales que se encontraran en un área cercana a la obra e indujo al Contratista a cotizar este ítem por un precio inferior al que tuvo que pagar, y si a partir de lo anterior, debía inferirse que tales precios serían reajustados si los materiales debían ser adquiridos en un sitio por fuera del que el proponente considerara como <<la región>>. Y al negar luego su reconocimiento debía deducirse que la Contratante incumplió su obligación legal de obrar de buena fe en la celebración y ejecución del contrato”.  

“En contra de lo concluido por el tribunal, a partir de lo estipulado en el contrato y de las pruebas obrantes en el expediente la Sala deduce que las partes previeron de manera expresa que los precios de los materiales podían incrementarse por la fuente donde debieran ser conseguidos, luego esta no era una circunstancia imprevista que pudiera manejarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 868 del Código de Comercio o del artículo 2060 del Código Civil, antes citados. 

Conforme con lo previsto en el pliego de condiciones, con lo pactado en el contrato, con la interpretación de sus estipulaciones, y con lo que puede deducirse de la forma en que lo ejecutaron, para la Sala es claro que el Contratista asumió el riesgo de pagar los costos por el transporte de los materiales de relleno y que la Contratante no contrajo la obligación de incrementar tales precios por ningún motivo.

No puede inferirse que el precio pactado por tales materiales estaba sujeto o condicionado a que los mismos pudieran obtenerse de sitios cercanos al lugar de la obra; lo que sabía el contratista era que tales materiales debían reunir los requisitos establecidos en los documentos contractuales y que dichos requisitos serían controlados por los asesores de la Contratante y por ende estaban sujetos a su aprobación.  El suministro de dichos materiales, que era una obligación a su cargo, implicaba calcular su valor, incluyendo el riesgo de su incremento por tener que conseguirlos en lugares no cercanos al sitio de la obra.  

La mención en los documentos contractuales relativa a materiales de la región no permite inferir que el precio pactado por ellos estuviera condicionado a que los materiales pudieran conseguirse en un área determinada por la cercanía al sitio de las obras:  la mención de trabajar con rellenos de la región se introdujo simplemente para establecer que, cuando no se pudieran utilizar los materiales de relleno de los excavados en la propia obra, debían ser adquiridos por el Contratista fuera de ella, y se indicó entonces que debían ser adquiridos <<en la región>>”.

Ahora, quedó probado en el proceso que el contratista no solicitó ninguna aclaración a los pliegos, “por lo que no resulta razonable que luego alegue que supuso que el precio de los materiales de relleno estaba sujeto a que pudiera adquirirlos dentro del área cercana a la obra que él consideraba como <<de la región>>;  ofreció realizar la obra por un precio muy inferior al ofrecido por los demás proponentes, con lo cual asumió el riesgo de ejecutarla por ese valor;  y cuando comenzó a retrasarse en la ejecución del contrato y advirtió que la Contratante no le iba a pagar el mayor valor reclamado por el transporte de los materiales de lleno, comenzó a referirse a la incidencia de término <<región>> en los precios ofrecidos”.

“Si los proponentes tenían dudas sobre el alcance de esta obligación tenían la posibilidad de solicitar aclaraciones a la entidad contratante sobre las circunstancias que pudieran afectar la ejecución del Contrato, sus costos y plazos[4], y no está probado que hubiesen solicitado precisiones en este punto”.

“De las comunicaciones contractuales no se deduce que la Contratante hubiese aceptado modificar las condiciones del contrato y asumir los sobrecostos reclamados por el Contratista por el transporte de los materiales desde el municipio de XXXX. Es evidente que no existió discusión entre las partes en relación con que ese material era el adecuado y no el que presentó el Contratista al inicio de la obra. Pero es claro que la Contratante se sujetó a lo dispuesto en el pliego y en el contrato, sin que tal conducta pueda calificarse de mala fe, abusiva o violadora del principio de confianza legítima, puesto que nunca dio a entender que asumiría este costo”.

[1] << La doctrina (local y foránea) y la jurisprudencia nacional reconocen que existe jerarquía entre los criterios de interpretación del contrato y, en esa medida, han señalado que el subjetivo prevalece sobre el objetivo, a partir de la idea de que el principio de la búsqueda de la real voluntad de los contratantes es fundamental dentro de la labor hermenéutica y que los demás principios y reglas son subsidiarios. >> (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de junio de 2018, expediente 40353).
Consejo de Estado. El tratamiento normativo de la imprevisión a partir del interés en el contrato y del papel de las partes en el mismo.
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