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Vicios del consentimiento. Dolo como causal de nulidad relativa del contrato.
By: System Administrator on jueves, marzo 18

Diferencia entre dejar sin efectos un acto y anularlo.

“La nulidad del contrato persigue dos finalidades: la primera, sancionatoria de las conductas negociales de las partes que desconocen los requisitos que la ley impone para su validez y, la segunda, de restablecimiento del ordenamiento jurídico y de los derechos subjetivos de las partes. Ambos objetivos sólo se logran invalidando y retirando efectivamente el negocio jurídico del orden jurídico, para lo cual es imperativo que exista una declaratoria del juez en ese sentido. Por el contrario, dejar sin efectos un acto jurídico es restringirle sus consecuencias y su oponibilidad. Consejo de Estado. Vicios del consentimiento. Dolo como causal de nulidad relativa del contrato.

En otras palabras, dejar sin efectos un acto y anularlo son asuntos distintos. En el primer caso el acto continúa existiendo, con independencia de que no produzca efectos; en el segundo, el acto nunca ha existido y, por consiguiente, es necesario retrotraer los efectos del mismo”.

Conciliación extrajudicial institucional.

Control de legalidad procede por la vía de la acción de controversias contractuales–Fundamento transaccional de la conciliación no sometida a homologación.

“Cabría preguntarse si la diferencia entre la transacción y la conciliación es que la primera sí podía someterse a un juicio de nulidad o rescisión, mientras la segunda no sería controlable judicialmente por la vía contractual. En criterio de la Sala, si la conciliación no era objeto de homologación judicial, se insiste, resultaba viable su enjuiciamiento en los mismos términos de cualquier convención o negocio jurídico.  

De allí que dada la naturaleza eminentemente autocompositiva del acuerdo conciliatorio institucional -es decir el no sometido a homologación- resulta evidente la posibilidad de solicitar su nulidad o rescisión, por las mismas causas de la transacción, es decir, por vicios del consentimiento, como dolo, violencia, error en el objeto, entre otras, de conformidad con el contenido de los artículos 2476 y 2480 del Código Civil[1].

Lo anterior no significa que la Sala esté asimilando las instituciones de la conciliación y la transacción; por el contrario, reconoce que son acuerdos de voluntades que tienen contenidos y alcances disímiles. Sin embargo, se insiste, si la conciliación no es sometida a homologación judicial queda abierta la posibilidad de enjuiciar su existencia, validez y oponibilidad a través de la acción de controversias contractuales, pues resulta indiscutible que se trata de acuerdo bilateral de voluntades que puede verse afectado, al igual que cualquier contrato, por vicios del consentimiento o por supuestos de objeto o causa ilícita, por lo que el juez debe garantizar su efectivo control. 

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado[2]: “De la misma manera que la transacción, la conciliación es un negocio jurídico en el que las partes terminan extrajudicial o judicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. // La validez y eficacia de ese negocio jurídico en asuntos administrativos, está condicionada a la homologación por parte del juez quien debe ejercer un control previo de la conciliación con miras a verificar que se hayan presentado las pruebas que justifiquen la misma, que no sea violatoria de la ley o que no resulte lesiva para el patrimonio público[3]. 

Como se aprecia, la jurisprudencia de la Corporación ha catalogado el acuerdo conciliatorio como un negocio jurídico, cuya validez y eficacia está condicionada a la homologación por parte de del juez. Entonces, la conciliación que ha surtido el proceso de homologación claramente no puede ser enjuiciada a través de la acción de controversias contractuales, por cuanto ha sido sometida a una aprobación jurisdiccional y, finalmente, lo que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada es el auto que aprueba el acuerdo:

 

La conciliación lograda entre las partes y aprobada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (…)  constituye una decisión jurisdiccional con efectos como se desprende de los artículos 82 y 83 del Código Contencioso Administrativo, tal decisión no es revisable por esta jurisdicción. Debe insistirse en que a diferencia de la transacción, la conciliación no constituye un contrato de la administración sino tan solo una forma de terminación anticipada de una controversia, creada por el legislador para descongestionar los despachos judiciales[4].

No obstante, se insiste, la conciliación que no surte el trámite jurisdiccional de homologación sigue siendo un negocio jurídico, cuyo sustrato o fundamento, en últimas, es una transacción y, por tanto, puede solicitarse su nulidad o rescisión, por cualquiera de los vicios del consentimiento. 

La Corte Constitucional, al declarar inexequible el artículo 12 y algunos segmentos normativos del artículo 23 de la Ley 640 de 2001 –sentencia C-893 de 2001-, advirtió que, para ese momento, las cámaras de comercio no tenían “una suerte de permanencia en el ejercicio de dicha función”, sino que derivaban su competencia de la solicitud de las partes. Se destaca que el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, definió la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos, “con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”, la cual permite corroborar que la colaboración que efectuaba el centro de conciliación, no mutaba la naturaleza contractual de la conciliación institucional.

De modo que resulta perfectamente posible que una conciliación, como acto o negocio jurídico bilateral, pueda adolecer de vicios del consentimiento, o pueda ser celebrada con objeto o causa ilícitos”.

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO- Dolo como causal de nulidad relativa del contrato.

El artículo 1508 del Código Civil prevé que los vicios que pueden afectar el consentimiento son el dolo, la fuerza (violencia) y el error.  Además, el inciso final del artículo 63 ibidem define el dolo civil como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o [a la] propiedad de otro”.

El artículo 1515 de la misma normativa determina que, por regla general, el dolo no vicia el consentimiento, salvo que provenga de una de las partes y cuando aparezca claramente demostrado que sin esa circunstancia el otro sujeto de la relación no hubiera contratado. Por su parte, el artículo 1516 regula la imposibilidad de presumir el dolo, con excepción de los casos en que la ley expresamente lo permita (v.gr. artículo 1025 C.C. y artículo 5 Ley 678 de 2001).

En el caso concreto, tratándose de vicios de la voluntad negocial, a la parte actora le corresponde acreditar la prueba de la configuración del error, el dolo o la fuerza ejercida por el otro extremo del contrato”.

“Por su parte, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define los conceptos de dolo y error, así: “Acción u omisión realizada con conciencia y voluntad de producir un resultado antijurídico que impedirá el cumplimiento de una obligación. // Vicio de nulidad de los contratos cuando recae sobre una condición esencial”.

El error, es decir, un equivocado o falso juicio o representación puede ser de derecho -en cuyo caso no vicia el consentimiento- o de hecho, es decir, sobre la percepción de la realidad. En este último caso, el error puede recaer sobre la naturaleza del acto o del objeto del negocio jurídico; sobre la calidad del objeto contractual o sobre la persona con la que se contrata”.

“…los vicios del consentimiento como el dolo constituyen causales de nulidad relativa, en concordancia con lo previsto por los artículos 1741 y 1743 del Código Civil, aplicables en virtud de la disposición de integración normativa contenida en el inciso primero del artículo 13 de la Ley 80 de 1993.

De allí que acertó el tribunal de primera instancia al declarar la nulidad relativa de la conciliación suscrita entre las partes, ya que el dolo como vicio del consentimiento afecta el negocio jurídico con nulidad relativa.

En el sub examine, la petición de nulidad fue solicitada por una de las partes contratantes y, por tanto, resulta perfectamente posible su declaratoria, amén de la constatación de los supuestos de hecho y de derecho que dan lugar a la misma, en los términos fijados por el artículo 177 del C.P.C”. 



[1]Artículo 2476. Es nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados, y en general por dolo o violencia”.

Artículo 2480. El error acerca de la identidad del objeto sobre que se quiere transigir, anula la transacción”.

[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 1º de julio de 1999, exp. 15.721, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Esta posición que reconoce la naturaleza de negocio jurídico de la conciliación institucional fue reiterada en auto del 18 de julio de 2007, exp. 31.838, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

[3] Cita del original. Los artículos 60 y 65 de la Ley 23 de 1991 señalaban que el juez al revisar el acuerdo conciliatorio debía verificar que esta no fuera lesiva para los intereses patrimoniales del Estado o que no se hallara viciada de nulidad absoluta.

[4] Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 26 de junio de 1997, exp. 1997-13215-01, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

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