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Actividad precontractual – responsabilidad precontractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios – caducidad de la acción.
By: System Administrator on jueves, marzo 18

: La parte demandante solicita que se declare que un Consorcio del cual formaba parte presentó la mejor oferta en un concurso público adelantado por una empresa de servicios públicos domiciliarios con el fin de celebrar un contrato de interventoría, que se declare la nulidad del “acto administrativo” mediante el cual la entidad demandada adjudicó el concurso público y del contrato de interventoría celebrado con ocasión del mismo, y que se le reconozca la correspondiente indemnización de perjuicios”. Consejo de Estado. Actividad precontractual – responsabilidad precontractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios – caducidad de la acción.

Temas:

 

 

Actividad precontractual – responsabilidad precontractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios – caducidad de la acción.

La Sala se referirá primero a la Sentencia de unificación de esta Sección acerca de la competencia de esta jurisdicción para conocer de las controversias de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, la naturaleza jurídica de sus actos precontractuales y la acción procedente para demandar su responsabilidad precontractual…”.

 

 

Al no existir un acto administrativo de adjudicación propiamente dicho, se tiene que la escogencia del contratista se materializó el 11 de octubre de 1996, cuando ISA informó a los participantes del concurso público No. 2 de 1996 que “efectuado el análisis y la evaluación de propuestas, Interconexión Eléctrica S.A. ‘E.S.P.’, adjudicó la primera opción del contrato correspondiente al concurso público XXX al Consorcio XXXX”[1]. En ese sentido, la fecha límite con que contaba la parte demandante para interponer la acción era el 12 de octubre de 1998. Comoquiera que la respectiva demanda apenas fue presentada el 4 de diciembre de 1998, la Sala concluye que la acción fue incoada por fuera del término legalmente establecido”.

 

Reiteración de la Sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020[2]

“La responsabilidad precontractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios debe reclamarse mediante la acción de reparación directa”.

 

En la mencionada providencia, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó su jurisprudencia en los siguientes términos (se trascribe):

 

“- Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias en las que haga parte un prestador de servicios públicos domiciliarios, deberá acudirse a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA) para resolver el vacío normativo; si, con base en ello, no se desprende el conocimiento de esta jurisdicción, corresponderá a la jurisdicción ordinaria.

 

- Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como, de resultar aplicables, por los principios que orientan la función administrativa.

 

- Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, las controversias relativas a actos precontractuales de prestadores de servicios públicos domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción, que no correspondan a actos administrativos, deberán tramitarse a través de la acción (medio de control en el CPACA) de reparación directa.

 

- Como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el juzgador de conocimiento de este tipo de controversias, en relación con las demandas presentadas antes de la notificación de esta providencia, resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya empleado la acción (medio de control) que corresponda, en el marco del régimen jurídico aplicable a este tipo de actos”.



[1] En el presente proceso, esta fecha se toma como punto de partida para efectuar el conteo de la caducidad, sin perjuicio de que, en otros asuntos, pueda ocurrir que el demandante únicamente se haya enterado de la decisión de la entidad de escoger a un proponente distinto desde la celebración del contrato. En este supuesto de hecho, el término de caducidad sí empezaría a correr a partir del día siguiente a la fecha de celebración del contrato.

[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de 3 de septiembre de 2020, exp. 42.003.

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