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Renuncia expresa a futuras reclamaciones por parte del contratista. NO puede alegar que no advirtió
By: System Administrator on mircoles, marzo 3

Liquidación unilateral del contrato estatal.

Ahora bien, cuando existe una liquidación unilateral del contrato, efectuada por la entidad contratante mediante acto administrativo, en tanto ella “(…) comprende la postura de la Administración –con la fuerza legal de esa decisión unilateral- acerca del valor de aquellos asuntos en los cuales existieron las diferencias que impidieron un acuerdo de liquidación bilateral[1], cualquier pretensión derivada de ese negocio jurídico y fundada en cuestionamientos directamente relacionados con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de las partes, así como los reconocimientos y pagos que, como resultado de la ejecución de las prestaciones, pudieran recaer a cargo de la contratante, tendrá que pasar por la impugnación del respectivo acto administrativo, pues la declaratoria de nulidad del mismo, que se presume veraz y legal, es un requisito indispensable para el análisis de esas pretensiones. Como lo ha sostenido la Sala, “(…) cuando el acto de liquidación unilateral del contrato no es objeto de demanda de nulidad, su contenido resulta amparado por la presunción de legalidad y, por ello, la decisión que allí consta no puede modificarse a través de un proceso judicial en el que el demandante haya omitido impugnarlo”[2].

“Ahora bien, como lo ha establecido la jurisprudencia, aún vencidos los dos meses legales para la liquidación unilateral, esto no significa que la entidad pierda la competencia para liquidar el contrato, pudiéndolo hacer válidamente con posterioridad, sin sobrepasar los dos años del término de caducidad de la acción[3].

Sin embargo, la administración sí pierde competencia para liquidar unilateralmente el contrato, una vez se presenta la demanda en la que se pide al juez que lo liquide[4], toda vez que, en este caso, la competencia se torna judicial, por lo cual, si la entidad procede en tal sentido, el acto administrativo en cuestión, quedará viciado de nulidad. Al respecto, la jurisprudencia ha manifestado de tiempo atrás:

 

(…) la Administración puede en el tiempo liquidar unilateralmente, aunque vencieron los plazos a que aludió la jurisprudencia para realizar la liquidación bilateral o unilateral, hasta antes de que se le notifique la admisión de la demanda, en la cual se pretende que el juez se pronuncie sobre la liquidación del contrato; hecho a partir del cual se le da certeza a la Administración de que el asunto se volvió judicial (principio de publicidad), siempre y cuando dicha notificación se haga dentro del término de prescripción o caducidad, según el caso[5].

Quiere decir lo anterior que, si al momento de presentarse la demanda no estaba liquidado el contrato, y se elevó la pretensión de que lo fuera judicialmente, la competencia para llevar a cabo dicha actuación quedó radicada en cabeza del juez, en este caso, del Tribunal Administrativo, situación que no cambia por el hecho de que, posteriormente y careciendo de competencia para ello, la entidad haya procedido a liquidar unilateralmente el contrato a través de un acto administrativo.

Dicho en otras palabras, la liquidación unilateral extemporánea no puede enervar la competencia del juez y, por lo tanto, una vez se le notifique el auto admisorio de la demanda, la administración quedará sujeta a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues a partir de ese momento, la controversia suscitada entre las partes con ocasión del contrato, y que fue planteada en las pretensiones de la demanda, quedó sujeta a la decisión judicial por parte de esta jurisdicción”.

Renuncia expresa a futuras reclamaciones.

Pero lo cierto es que, en el presente caso, sí se presentó una renuncia expresa por parte del contratista, a futuras reclamaciones provenientes de la mayor permanencia en obra, por causa de las suspensiones de que fue objeto el contrato.

Es decir que hubo una explícita manifestación de voluntad por parte del contratista, vinculante y obligatoria, mediante la cual aceptó conformarse con los posibles efectos económicos adversos derivados de las suspensiones del plazo contractual.

Con ello, dispuso sobre un derecho económico, eminentemente renunciable y, ante una situación determinada y concreta sucedida durante la ejecución del negocio jurídico, el contratista, libre y voluntariamente, declinó la posibilidad de demandar por las prestaciones que le podrían corresponder en razón de un eventual restablecimiento del equilibrio contractual.  

Ahora bien, como ya se dijo, el demandante, en su recurso de apelación, adujo que la referida nota del contrato adicional No. 2, constituyó “un asalto a la buena fe del contratista”, pues fue incluida de manera inconsulta y que éste no la advirtió, afirmación que se traduce claramente en un desconocimiento expreso de la actuación previa del contratista, que en su momento concurrió a suscribir el contrato adicional sin dejar salvedad alguna en relación con la nota en cuestión.

Al respecto, considera la Sala que una afirmación como la efectuada por el recurrente resulta inadmisible, en tanto en virtud de lo dispuesto por el artículo 1602 del Código Civil, todo contrato celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, mandato que parte del reconocimiento del poder vinculante de las manifestaciones de voluntad efectuadas por las partes del negocio jurídico, a tal punto que sólo mediante la alegación y comprobación de un vicio del consentimiento podría desvirtuarse su validez. Recuérdese que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1502 del mismo Código, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1º) que sea legalmente capaz; 2º) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3º) que recaiga sobre un objeto lícito y 4º) que tenga una causa lícita. 

Así mismo, la manifestación del apelante desconoce el deber de ejecutar los contratos de buena fe -art- 1603, C.C.-, lo cual corresponde a la lealtad en el tratar y el proceder honrado, que suponen guardar la palabra dada y no defraudar la confianza ni abusar de ella. Es así como no resulta de recibo la afirmación conforme a la cual el contratista fue asaltado en su buena fe al momento de suscribir el segundo contrato adicional, por cuanto no se percató de que se había incluido en el mismo la manifestación de renuncia expresa del contratista a cualquier reclamación posterior, fundada en la mayor permanencia en la obra por las suspensiones del término del contrato. Y no es de recibo, toda vez que la diligencia mínima que se exige de cualquier persona en el tráfico jurídico y, con mayor razón, de un contratista en el ámbito de la relación contractual específica, implica la lectura cuidadosa de los documentos que se suscriban, en especial si se trata de negocios jurídicos que pueden afectar sus derechos e intereses o comprometer su responsabilidad.

Y en este punto cabe hacer alusión al principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, que se traduce, precisamente, en la imposibilidad de alegar los propios errores, negligencias o ligerezas como sustento de una pretensión jurídica que, en el sub-lite, se contrae a dejar sin valor una previa manifestación de voluntad, con la inexcusable justificación de que, en realidad, el contratista no leyó lo que estaba firmando.

De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuenta que las afectaciones económicas alegadas por el demandante tienen su origen en la mayor permanencia en obra que, a su juicio, se tradujo en el rompimiento del equilibrio económico del contrato, para la Sala tales pretensiones resultan improcedentes, en la medida en que hubo una expresa renuncia del contratista a elevar posteriores reclamaciones por la referida causa”. Consejo de Estado. Renuncia expresa a futuras reclamaciones por parte del contratista. NO puede alegar que no advirtió 



[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2018, expediente 55671, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

[2] Ibídem.

[3] Como lo ha reconocido la Sala: “Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre la misma, ésta podrá ser realizada por la entidad contratante (liquidación unilateral), dentro de los dos meses siguientes al cumplimiento del plazo establecido para la realización de la liquidación bilateral o, en todo caso, si vencido el anterior plazo –dos  meses– la entidad no la hace, podrá intentarla hasta antes de que transcurra el término de 2 años más para que opere la caducidad de la acción de controversias contractuales”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2016, expediente 39691, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

[4] “(…) la Ley 80 en su art. 60 señala un término para la liquidación de cuatro meses, a menos que en los pliegos se haya indicado uno diferente. // Así, entonces, los dos años para accionar empezarán a correr, en la segunda hipótesis, al vencimiento de los plazos señalados en el mencionado art. 60. // Se precisa también que puede darse una tercera hipótesis, cuando la administración, pese a haber dejado vencer el término para liquidar el contrato, lo liquida puesto que en tal evento la persona afectada podrá impugnar ese acto dentro de los dos años siguientes a aquél en que quedó en firme. // Se entiende esto porque la administración no pierde la competencia para liquidar con el vencimiento del término que tiene para hacerlo, a menos que el contratista, con anterioridad, haya instaurado la acción judicial correspondiente”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de mayo de 1996, expediente 11759, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

[5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2000, expediente 12723, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

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