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Ejecución. Obligación de hacer. Perjuicios en la obligación de hacer.
By: System Administrator on martes, marzo 2

Se DECLARÓ PROBADA la excepción denominada “cumplimiento de la obligación de hacer” así como “inexistencia de la obligación de reconocer y pagar a cargo de la entidad demandada suma alguna por concepto de indemnización por ejecución materiales a título de lucro cesante”. Se declaró terminado el proceso de la referencia.

 

 

Temas:

El municipio demandado centró su recurso de apelación en dos aspectos esenciales, “el primero, referente a la petición de declarar la prosperidad de la excepción de “cumplimiento de la obligación de hacer”, pues, para el momento de su proposición, ya había ejecutado la orden de suscribir la escritura pública, en los términos del proveído del 10 de abril de 2008 y, el segundo, sobre la improcedencia de continuar con la ejecución por el pago de los perjuicios moratorios, por cuanto, adujo, no hubo incumplimiento o demora de su parte en la suscripción de la escritura pública, toda vez que desde 2005 la puso a disposición de la ejecutante para su firma, pero ésta, sin justificación alguna, se abstuvo de hacerlo, lo que impide desatar perjuicio alguno”.

Luego de revisar el expediente, la Sala concluyó que con la suscripción de la escritura pública quedó plenamente acreditado el cumplimiento por parte del municipio, no obstante lo anterior, la Sala indicó que “la sola verificación del cumplimiento de la obligación antes descrita no es suficiente, en sí misma, para impedir que se siga adelante con la ejecución, pues, como se vio en los antecedentes del sub lite, el proceso continuó en atención a la orden de mandamiento ejecutivo adicionada en marzo de 2011, que determinó procedente el pago de los perjuicios…”.

Frente a lo anterior, la Sala advirtió que, “transcurrido dos meses desde la firma del primer otorgante, sin que la unión temporal hubiese comparecido a la suscripción de la misma, la notaría, en aplicación del artículo 10 del Decreto 2148 de 1983, señaló en el texto de la citada escritura que ésta no se autorizaba”.

Frente a lo anterior y otros hechos analizados en la demanda, la Sala indicó que no compartía ninguno de los reproches esbozados por la unión temporal actora, como fundamento de la omisión en la firma de la escritura pública.

En este punto, indicó la Sala que “suscrita el acta de liquidación del contrato, las partes convinieron llevar a cabo el proceso de escrituración del lote, es decir, de cumplir la solemnidad que, según el artículo 1857 del Código Civil, debe revestir el título traslaticio de dominio de los bienes inmuebles. Conformado el título en legal forma, la tradición se concretaría mediante la inscripción de la respectiva escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar de ubicación del inmueble conforme dispone el artículo 756 del Código Civil[1]. De manera que, la concurrencia entre el título y el modo, habría conducido a materializar la transferencia del derecho de dominio sobre el respectivo inmueble.   

La anterior precisión adquiere significación, en tanto y cuanto la entrega material del bien no corresponde a una exigencia para transferir el derecho de dominio de un bien raíz. De hecho, “[e]n el régimen civil, la obligación de entregar materialmente el inmueble es una obligación autónoma e independiente. Por ello, una vez realizada la tradición mediante el registro del título, el comprador recibe en su patrimonio el derecho real y, en el mismo instante, el vendedor se desprende del mismo (aunque conserve materialmente el inmueble en su poder y se niegue a entregarlo)[2].

Bajo esta distinción de orden legal, no se haya justificada la objeción referente a la ocupación del terreno por parte de terceros, por cuanto la misma no impedía efectuar la transferencia del bien inmueble mencionado, en la medida que, para lograrla, los integrantes de la Unión Temporal xxxx sólo debían concurrir a la suscripción de la escritura pública y, seguidamente, proceder a su inscripción en la respectiva oficina de instrumentos públicos.

Una vez transferido el dominio, en el campo de lo hipotético, los miembros de la unión temporal, tenían a su disposición las acciones de saneamiento e indemnizatorias dispuestas en el ordenamiento jurídico ante tales eventos, según las notas particulares del caso y si a ello hubiese lugar; sin que la decisión de negarse a la firma de la escritura se constituyera en una posición admisible, cuando lo que en todo caso se reclamó bajo este proceso fue la obligación de hacer, consistente en la firma de dicha escritura”.

Posibilidad de pedir perjuicios en la ejecución por obligación de hacer.

“Sobre la posibilidad de pedir perjuicios en la ejecución por obligación de hacer, el artículo 493 del C. de P.C. faculta al acreedor para pedir conjuntamente la realización de la prestación debida y los perjuicios ocasionados con la demora en la ejecución de la misma. Para el efecto, no consagra el cobro de intereses moratorios, sino que regula su determinación a través de juramento estimatorio, por su valor mensual, así:

 

“Artículo 493. Si la obligación es de dar una especie mueble, o bienes de género distinto de dinero, el demandante podrá pedir, conjuntamente con la entrega, que la ejecución se extienda a los perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe, para lo cual estimará bajo juramento su valor mensual, si no figura en el título ejecutivo.

“De la misma manera se procederá si demanda una obligación de hacer y pide perjuicios por la demora en la ejecución del hecho”.

El juramento estimatorio al que se hace referencia en la norma acabada de transcribir, es el previsto en el artículo 211 de esa misma codificación, por cuya virtud la ley le otorga al acreedor la potestad de “estimar en dinero el derecho demandado”, en los casos que así se autorice, el cual constituye prueba del valor tasado, siempre que su cuantía no sea objetada por la parte contraria. En todo caso, si el juez advierte que la estimación presentada no es conforme a la realidad por ser injusta o por advertir colusión en su evaluación, puede de oficio ordenar su regulación, asunto que no escapa a la competencia del juez de segunda instancia cuando el proceso llega a su conocimiento.

Por otra parte, el artículo 495 del C. de P.C. permite la reclamación de pago de perjuicios por la ejecución o inejecución de un hecho, especificándolos también bajo juramento, en una cantidad principal y otra como interés mensual, para que se continúe la ejecución por suma líquida de dinero.

En este orden de ideas, es evidente que, si bien los artículos 493 y 495 del C. de P.C. permiten la estimación juramentada de perjuicios, lo cierto es que la primera de las normas permite la tasación de la indemnización moratoria, es decir, los perjuicios ocasionados por el retardo culpable del deudor, de forma complementaria a la obligación principal, mientras que la segunda de las normas indicadas se refiere a una indemnización compensatoria, toda vez que faculta al acreedor a reemplazar la prestación que el deudor ha dejado de satisfacer o ha cumplido imperfectamente, mediante el pago de una suma de dinero que equivale a la obligación que no se ha ejecutado.

Por tanto, si el acreedor hace uso de la prerrogativa que le otorga el artículo 495 del C. de P.C., no puede exigir, de igual manera, el cumplimiento de la obligación principal o equivalente, porque ello se traduciría en pretender el doble pago de una misma prestación.

La Corte Constitucional se refirió en el mismo sentido, al estudiar la constitucionalidad del artículo 495 del C. de P.C., oportunidad en la cual manifestó que la reclamación de perjuicios compensatorios por juramento estimatorio está prevista en dicha norma, así:

 

Cuando se promueva ejecución por obligación de dar, hacer o no hacer, la pretensión  del  acreedor  debe  ser  formulada de conformidad con las previsiones de

 

los arts. 493 y 495 del C.P.C.

 

“Mediante la primera disposición se autoriza al acreedor para solicitar, al tiempo con la entrega de un bien mueble o especie de género distinto de dinero, el reconocimiento de los perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe, "para lo cual estimará bajo juramento su valor mensual, si no figuran en el título ejecutivo". De la misma manera se procede cuando se trata de una obligación de hacer.

 

“En los términos del artículo 495, también se permite al acreedor reclamar el pago de perjuicios compensatorios ‘por la no entrega de una especie mueble o de bienes de género distinto de dinero, o por la ejecución o no ejecución de un hecho, estimándolos y especificándolos bajo juramento si no figuran en el título ejecutivo en una cantidad como principal y otra como tasa de interés mensual’. En este evento, obviamente no se demanda la entrega del respectivo bien ni la realización del hecho, sino su equivalente o compensación en dinero, de manera que el cobro coactivo se asimila o convierte en una ejecución por suma de dinero[3] (se subraya)”.
Consejo de Estado. Ejecución. Obligación de hacer. Perjuicios en la ejecución por obligación de hacer.



[1] “ARTÍCULO 756. TRADICIÓN DE BIENES INMUEBLES. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos”.

[2] TERNERA BARRIOS, Francisco: “La realidad de los derechos reales”, Editorial Universidad del Rosario, primera edición, Bogotá, 2007, pág. 294.

[3] Sentencia C-472 de 1995 de la Corte Constitucional.

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